Pos 18-O: Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición

Adriana Muñoz

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Sin duda el tema de mayor gravedad durante las manifestaciones que tuvieron lugar en el país, a partir del 18 de octubre, fueron las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, acreditadas por diversos informes de organismos nacionales e internacionales.

Ello tiene especial gravedad al haberse desarrollado en democracia, sistema político que tiene como uno de sus objetivos y baluartes principales su defensa y promoción. Su ocurrencia, por tanto, significa un duro revés y retroceso que debe preocuparnos a todos quienes tenemos responsabilidades públicas.

Quienes vivimos la dictadura y vimos con esperanza su término y el retorno a la democracia, tuvimos, como uno de los principales objetivos y anhelos no volver a vivir hechos de este tipo.

Desde la mesa del Senado hemos creído importante dar dos pasos decididos. En primer término, junto a la Comisión de Derechos Humanos, hemos decidido convocar a una mesa de trabajo, destinada a recoger toda la información existente sobre la materia.

Es necesario documentar y testimoniar lo ocurrido y reconocer a las víctimas, recogiendo el abundante material existente, con el objeto de ponerlo al servicio de avanzar en la exigencia de verdad, justicia y reparación, como asimismo, en la garantía de no repetición, que resulta esencial.

Asimismo, estamos convencidos en que se requieren acciones concretas para ir en apoyo de los hombres y mujeres violentados. Por ello, hemos propuesto, dentro de la discusión presupuestaria, que exista un programa público, que se haga cargo de la atención médica y psicológica de estas chilenas y chilenos.

Además, nos parece necesario que cuando corresponda, por haberse afectado gravemente sus aptitudes, ello se extienda al otorgamiento de pensiones tanto a las víctimas, como a sus familiares en caso de fallecimiento. Por supuesto, todo esto, sin perjuicio de los resultados de las causas que se siguen ante la justicia.

Ha pasado ya más de un año y parece inconcebible que el Gobierno no haya impulsado, por su propia iniciativa, medidas de esta naturaleza. Se trata de un mínimo exigible, cuando han existido casos de la gravedad que vimos y que han alcanzado un grado de condena nacional e internacional tan amplio, como el que hemos visto.

En esta materia, la omisión es una revictimización para quienes fueron afectados, que exige ser reparada.

En algunos casos, los municipios y la sociedad civil ha comenzado acciones propias, de carácter simbólico, como la iniciativa que junto a amigos y vecinos impulsamos para rebautizar como Romario Veloz, el lugar en que fue asesinado este joven, en La Serena; pero, sin duda, ello no puede quedar en este carácter y el Estado debe buscar reparar el daño causado.