La salida de Rozas y el futuro de Carabineros

Adriana Muñoz

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El incidente en que dos jóvenes de la residencia Carlos Macera, del SENAME en Talcahuano, resultaron heridos de bala, durante una intervención de Carabineros, terminó significando la destitución del General Director, Mario Rozas.

Si bien se trata de una decisión esperada, llegó tarde. La situación vivida durante el estallido social, caracterizada por diversos informes de organismos especializados como una violación masiva y sistemática de los derechos humanos, particularmente en el marco de la represión de la protesta social, era motivo suficiente para adoptar esta medida mucho antes.

Es lo que hubiera ocurrido en cualquier democracia. El Presidente Piñera optó, en cambio, por respaldar al jefe policial, mientras el asunto costaba la aprobación de una acusación constitucional contra su ministro del Interior, Andrés Chadwick. Probablemente, la necesidad de cerrar filas en el control del orden público llevó a La Moneda a ponderar los hechos con otra mirada.

Rozas resistió no sólo el estallido social. Con posterioridad a esos sucesos hubo también otros, que han involucrado a la institución. Algunos de los cuales, como la inactividad ante el paro de camioneros o el lanzamiento de un joven al lecho del Mapocho, desde el Puente Pío Nono, costaron también la renuncia del ministro del Interior, Víctor Pérez Varela.

En este punto, es importante recordar la génesis de la llegada del General Rozas a la cabeza de la policía uniformada. Ella se gestó tras un profundo y complejo proceso de renovación del alto mando. Su meteórico ascenso supuso el retiro de una enorme generación de superiores, en una apuesta extremadamente audaz.

Su salida es una señal en el sentido correcto, pero está muy lejos de ser la solución. La gravedad del problema no admite soluciones cosméticas ni pasa sustantivamente por los nombres. Se requiere un cambio de timón, precisamente para acometer una transformación profunda, pero es solo el comienzo.

Lo que viene en adelante debe ser un proceso que conjugue medidas de corto y mediano plazo, que devuelva la confianza en la institución, donde resulta fundamental un irrestricto apego a los protocolos y la tolerancia cero con las violaciones a los derechos humanos, con una reorganización institucional de largo aliento, que ajuste la formación, la gestión administrativa y los procedimientos operativos a los estándares democráticos, que debe ser iniciada con urgencia.