Un país roto

En la Universidad de Chile se realizó un homenaje y entrega de títulos póstumos a esa generación de estudiantes que por su participación política fue detenida y desaparecida o ejecutada durante la dictadura. También, la prensa informa que el gobierno está estudiando presentar un proyecto que permita a los enfermos terminales de avanzada edad reemplazar el cumplimiento de sus penas en una unidad penal por la reclusión total en sus domicilios.

Frente a ello y con razón, las organizaciones de derechos humanos presentes en el acto denunciaron un intento de impunidad respecto del eventual accionar del gobierno con su nuevo proyecto.

Ha pasado tiempo desde la comisión de las graves violaciones a los derechos humanos de que fueron objeto miles de personas. Alrededor de 150 de sus autores y cómplices cumplen condena en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad. Sólo uno ha reconocido su participación y los demás alegan su inocencia y a lo más se escudan en el cumplimiento de un deber patriótico.

A la mayoría se les aplicaron, durante sus respectivos juicios, atenuantes de irreprochable conducta anterior, aun cuando estaban siendo procesados en otras causas, y la atenuante de la media prescripción, lo que terminó en varios casos en penas inferiores a las de un delincuente común.

Por ello, algunos hoy se encuentran fuera de la cárcel y paseándose por las calles de Santiago y otras regiones del país. En efecto, pueden, al igual que otros delincuentes, acceder a beneficios como si fueran iguales a otros delincuentes. Ahora, se anuncia que podrán sustituir sus penas por la reclusión total domiciliaria.

En primer lugar no se puede negar que hay deudas pendientes y que avanzar en algún aspecto y no de manera integral puede generar impunidad, lo que el derecho de los derechos humanos busca evitar.

Así, se requiere por una parte terminar definitivamente, y no por desuso, con la aplicación de la media prescripción para los crímenes de lesa humanidad.

Por otra parte, corresponde, y así lo hizo el gobierno de la Presidenta Bachelet, regular el acceso de dichos criminales a los beneficios penitenciarios, a los que sin duda, como todo ser humano, tienen derecho.

Sin embargo, por la naturaleza e impacto de los crímenes, se debe incorporar requisitos que en este caso son colaborar con la justicia entregando información que ayude a esclarecer otros crímenes y arrepentirse por los hechos cometidos que les atribuye la sentencia condenatoria, por el contexto de los mismos y por el mal causado a las víctimas y sus familiares.

No se trata de un capricho sino que de cuestiones avaladas por el marco internacional de los derechos humanos y que tienen por finalidad situar la gravedad de los hechos como de los más graves, allegar información que contribuya a esclarecer y conocer el paradero de quienes fueron detenidos y desaparecidos, y dar la oportunidad de que muestren alguna posibilidad, en caso de obtener dichos beneficios, de reinsertarse en la sociedad contribuyendo a “Nunca Más”.

En segundo lugar, el proyecto que se ingresó en el mes de diciembre, busca objetivar lo que se entiende por enfermo terminal e incluso por “demencia” imponiéndole tal carga al SML y no a particulares que pueden tener intereses creados.

Si no, recordemos el caso Pinochet. La edad debe ser desechada de plano como factor distintivo para exculpar, perdonar o sustituir el cumplimiento de una pena, lo que desde el punto de vista de los derechos humanos es perfectamente compatible con medidas especiales de protección y cuidado dentro de la cárcel.

Y por último, no cabe bajo ninguna circunstancia el indulto para criminales de lesa humanidad. El gobierno pretende confundir mezclando todos estos factores y diluyendo, como lo ha dicho más de una vez el Ministro Larraín, la diferencia entre una persona que ha delinquido y una persona que por convicción, con plata de todos los chilenos y como agente de Estado ha cometido de manera reiterada crímenes de lesa humanidad contra hombres y mujeres.

Obviamente que a todos los que promovemos y defendemos los derechos humanos nos debe preocupar la situación de las personas condenadas que sufren y se enfrentan a una muerte inminente por enfermedad, pero no contribuye ni a la verdad, ni a la justicia, ni a la reparación abordar un aspecto aislado del dolor.

En este caso,  y en todos por lo que estamos viendo en otras áreas, mientras el gobierno no dé señales de mayor coherencia y adhesión integral al marco de derechos humanos, la impunidad es un horizonte cierto.  

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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