Ley de pesca: intereses y posiciones

En una reciente columna de opinión, Eduardo Engel, hace un correcto análisis sobre el tema del financiamiento de la política y los efectos que ella tiene sobre las decisiones que toman los representantes de la sociedad en el Congreso y en el Gobierno.

No puedo sino compartir con él la necesidad de que se incremente y haga permanente, y ojala exclusivo, el financiamiento público de la actividad política.

Los países más desarrollados en lo cultural, lo cívico, la democracia, y en general también los de más alto nivel del PIB per cápita tienen sistemas transparentes de financiamiento y límites al gasto que, en algunos casos, hacen perder los escaños y los votos a los candidatos y partidos que sobrepasan el nivel de gasto.

Hoy en día Chile cuenta con un sistema de financiamiento que por dos vías distorsiona la decisión de los ciudadanos. Por una parte, porque el financiamiento público es solo para las campañas y se entrega con posterioridad a las elecciones, y por otra porque pueden hacer aportes las empresas, que ciertamente no tienen derecho a voto. Esto debiera modificarse.

También debiera prohibirse a los candidatos prometer pagos de dinero en el caso de resultar electos, ya que eso es una forma mercantil de hacer campaña.

Coincido con Engel, también, en que los aportes de las empresas no son desinteresados.

Pero en su columna, Engel, cae en un error al ejemplificar con información que distorsiona lo bueno de su iniciativa.

He sostenido y sigo sosteniendo, como economista, que el sistema de cobro de patentes pesqueras por la asignación de cuotas es tan eficiente como el de la licitación para efectos de recaudación y financiamiento de las políticas públicas, y que ninguno de ellos es medular en el financiamiento de las mismas, como si lo sería un incremento del impuesto a las utilidades. Sostengo por lo tanto que el tema no es la recaudación de recursos por el Estado, sino son otros dos.

El primero es el de ¿por qué se han reducido las pesquerías más importantes? Como no hay acuerdo sobre las causas de ello, creo que no es conveniente legislar ahora, para largos plazos, sin antes tener claridad al respecto.

El segundo, que es el que me hace mirar con mayor recelo las licitaciones abiertas como las que plantea el Gobierno, es que las licitaciones pueden generar mayor concentración y no mayor competencia.

Es lo que ocurre en cualquier mercado cuando la concentración del ingreso es muy elevada, como lo es en Chile, y cuando hay unos pocos actores con rentas muy elevadas, como es el caso chileno. En ese caso la licitación no es una solución.

Si la actividad pesquera se concentra, como ocurre ya en la Zona Norte, el resultado no solo será de un alto impacto económico, sino también de un alto impacto social, ya que la concentración económica trae también una concentración espacial de la actividad económica, como lo sabe la mayoría de los chilenos.

Creo que es legítima, pero en mi modesta opinión equivocada, la postura de resolver los problemas del sector pesquero por una licitación sin reconocer las características económicas y geográficas del sector. Ello no nos lleva a señalar que las cuotas son derechos históricos inamovibles.

Hay quienes creemos en la economía de mercado, con carácter social, y que podemos aceptar trabajar por una solución de un problema porque creemos en esa solución, aunque para otros estemos equivocados, y no porque estemos defendiendo un interés, así como puede haber personas que sostengan lo contrario y que tampoco lo hagan por defender un interés.

Debo decir en este punto que trabajo entregando una asesoría a SONAPESCA con motivo de la próxima discusión de la Ley de Pesca. A todas las personas con las que he conversado el tema les he informado de ello. Lo hago porque legislé antes en un sentido que creo que no estuvo equivocado, aunque piense que haya habido problemas de implementación, y en el trabajo que desarrollo he podido sostener mis posiciones y recibir respaldo a ellas.

Por cierto esto me pone en una situación en que comparto parcialmente los fundamentos de Eduardo Engel sobre la Ley de Pesca, pero parcialmente también los discuto.

Por ello me parece sesgada su evaluación de las motivaciones a sostener una u otra posición. Con motivo de las conversaciones y reuniones que he sostenido me he enterado de personas que también trabajan remuneradamente para contravenir mis argumentos.

Ambas posiciones me parecen legítimas.