Un nuevo sistema de pensiones para Chile

Jaime Llambías Wolff

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Ad portas de la elección presidencial, que marcará también los destinos del sistema de pensiones para el futuro, nos encontramos desgraciadamente con propuestas a imagen y semejanza de las opciones electorales. Es decir, propuestas que reflejan la polarización política de la sociedad chilena y que responden más a dogmas entre un voluntarismo económico sin sustento ético y social y un voluntarismo político, sin sustento económico y de gestión.

Las pensiones no pueden ser un negocio, como tampoco lo pueden ser la salud o la educación, pero deben financiarse y responder a las necesidades de los jubilados. Esta máxima la entienden la casi totalidad de las sociedades desarrolladas, pero en Chile seguimos la doctrina binaria del blanco o negro.

Una propuesta de pensiones para el nuevo gobierno podría ser tener un sistema multifuncional de diferentes regímenes simultáneos, que en su conjunto respondan a las necesidades de la población, que se financie y que cumpla con los objetivos de entregar pensiones satisfactorias. Propuesta por cuatro regímenes concurrentes.

1. Pensión obligatoria y solidaria del Estado de Chile: se financia con los impuestos y es administrada por el Estado. Toda la población, independiente de su historia laboral, tiene derecho a partir de la edad de jubilación. Su monto es calculado en forma decreciente según tramos de ingreso familiar o personal.

2. Pensión pública: según las cotizaciones previsionales por los años trabajados en el sector público o privado y administrada por el Estado. No se pueden retirar fondos antes de la jubilación, pues garantiza el futuro ingreso de las personas jubiladas.

3. Pensión privada: según negociaciones o acuerdo entre los empleados y empleadores, administrada por las AFP, mutuales, cajas de seguridad, etc. Contribuyen los asalariados y el empleador y se pueden traspasar al cambiar de empleador. Sólo se puede retirar a la edad de jubilación.

4. Pensión privada de las personas: según cotizaciones voluntarias de los aportantes. Administradas por las AFP o instituciones financieras y con posibilidad de retiro total o parcial. Estimula el ahorro y goza de un beneficio tributario, con techo anual, que se pierde en la misma proporción a cada retiro previo a la edad de jubilación.

No toda la población podrá necesariamente beneficiarse de los cuatro regímenes. De la misma manera como la pensión solidaria no será viable para los altos ingresos, es muy probable que le pensión privada voluntaria no será factible para los bajos ingresos. Lo importante es que el abanico de los cuatro regímenes mencionados sea viable, flexible y administrado según las necesidades de la población. Además, no son excluyentes.

Es hora de creer que, en las decisiones sobre las pensiones, como en tantas otras materias socio-económicas, debe primar la cordura, la ética y el realismo.

No es factible, ni aceptable, que se puedan hacer negocios con las necesidades la población, como tampoco lo es imaginar que habrá sólo una forma que deba administrar. Lo determinante son los principios y los objetivos, es decir pensiones satisfactorias y luego la gestión de estas.