Continúa el reality de la educación superior
La reforma de la Educación Superior (ES) ha constituido un proyecto sorprendente, ya que pocas veces se ha enfrentado una iniciativa con tan poca claridad de objetivos y metas, lo cual ha generado continuos cambios de dirección en su trayectoria, y una sorprendente variedad en las críticas que ha recibido. Lo más asombroso es que entre los especialistas existía consenso en la necesidad de realizar un cambio profundo en la ES.
En los últimos meses se han anunciado nuevas variaciones.
a) Se suprimiría el Crédito con Aval del Estado (CAE).
b) Se enviaría un proyecto especial sobre las universidades estatales.
c) Se concentraría la atención en los aspectos institucionales de la iniciativa, en especial la creación de la Superintendencia de Educación y el sistema de acreditación, además de excluir del proyecto numerosas normas que en vez de materias de ley deberían constituir meros decretos gubernamentales o disposiciones administrativas. Este último acápite respondería más bien el deseo oculto de trasladar la responsabilidad al próximo gobierno.
El anuncio de supresión del CAE respondió a la presión de los estudiantes terciarios y sus familias endeudadas, a los cuales les acompañó un sector de diputados que condicionó la aprobación general de la Reforma a que el Gobierno aceptara la petición: un triunfo del populismo.
La Reforma ha estado inspirada por el recuerdo de París 1968, “seamos realistas, pidamos lo imposible”, lo cual se traduce en varias irrealidades.
No existe escasez, los recursos son ilimitados; los cambios se pueden realizar en forma instantánea, las universidades son de igual calidad, especialmente las estatales; todas las universidades deben hacer lo mismo, ser complejas, incluso realizar investigación científica y no son aceptables las meramente docentes; el arancel debe ser único, independiente de la calidad de cada institución y todas deben crecer a la misma velocidad, máximo 2,7% anual.
La situación se hace más compleja cuando se observan las posiciones extremas que han adoptado la Derecha y la extrema Izquierda.
En la primera, autonomía de las instituciones, libertad total de enseñanza, libertad para fijar aranceles y requisitos de admisión, la competencia entre las entidades mejora su calidad y no debe haber temor al lucro.
La postura contraria tiene sus propios principios. La educación es un derecho social, por lo tanto, debe ser gratuita; la mercantilización de la ES, lleva a su baja calidad; el lucro es un estímulo perverso y el Gobierno de las instituciones debe ser triestamental.
Sin embargo, se quiere hacer olvidar que el crédito original fue un acuerdo voluntario entre ambas partes, en la mayoría de los casos con condiciones favorables desde la modificación legal que le dio el carácter de “contingente”, lo cual le quitó su carácter de abusivo. Además, el estudiante aumentará su ingreso con el tiempo transcurrido y todos los estudios realizados señalan que tener ES es muy rentable.
El Gobierno se comprometió a enviar a fines de 2018 un proyecto para establecer la fórmula para suprimir el CAE, a lo cual se deberían agregar otros componentes de los que se habla poco pero que también están actualmente en uso, como el Fondo Solidario. Hay que sumar lo más serios: los créditos vigentes de los dos primeros y las deudas CORFO.
Las cifras involucradas son gigantescas para los recursos que dispone el Fisco en la actualidad y en los próximos años y eso lo sabe mejor que nadie el Gobierno. El MINEDUC estimó en el equivalente a US$8.260 millones la sola condonación de los CAE, que recaería enteramente en el Fisco, 3,26 puntos del PIB, 13 veces lo que costó la gratuidad en 2016 o el rendimiento esperado de la Reforma Tributaria.
Además, está el tema de la solidaridad, que se presenta cuando los favorecidos estarían entre los segmentos menos postergados de la sociedad, ya que alcanzaron la ES, y los recursos podrían destinarse a los sectores más pobres como son la educación preescolar y básica, cuyas necesidades son conocidas y su satisfacción permitiría un gran avance futuro en reducir la desigualdad, que es el principal motivo de atraso del país.
Sin embargo, es la consecuencia de una promesa del actual Gobierno: la gratuidad universal, cuya imposibilidad solamente la ha reconocido cuando ya estaba instalada como un “derecho social” entre los estudiantes, en esta sociedad que cree que las necesidades no tienen límites y que no asocia los derechos con los deberes.
Entre las críticas al financiamiento a la ES se encuentra la participación de los bancos en el CAE, en que sus créditos se ven favorecidos por el aval del Estado en los casos de incumplimiento de los préstamos, de manera que ha constituido un negocio rentable para los acreedores y una fuente de altos desembolsos para el Fisco. La salida de las entidades financieras del CAE, es un hecho de la causa. Son ellos los que han provocado este gran consenso ciudadano.
“Suprimir el CAE” es una bonita intención, pero lo claro es que el país no está en condiciones de llevarlo a la práctica en la actualidad, por lo tanto, se debiera enfrentar dos temas importantes: qué característica pudiera tener el nuevo crédito y quién podría administrarlo.
Las actuales condiciones con que opera hoy son satisfactorias. Su servicio se inicia dos años después del término de los estudios y a lo más 15 años de duración; en UF con una tasa de interés del 2% anual; la amortización no puede superar el 10% del ingreso del estudiante egresado; interrupción del servicio en caso de cesantía; el saldo es de cargo del Estado.
Es decir, condiciones muy favorables para el estudiante gracias a los subsidios estatales. El problema que se debe enfrentar es que efectivamente se cobre este compromiso, pues en la actualidad se ha generado otra inequidad irritante, entre aquellos que no asumen sus obligaciones y otros que las cumplen a satisfacción. Aquí la responsabilidad gubernamental es decisiva, pues quien determina quienes pueden recibir los subsidios es la autoridad y no los eventuales beneficiarios. Los créditos son compromisos adquiridos voluntariamente entre dos partes, acreedor y deudor, y ambos deben cumplirlos.
Un tema que sigue pendiente es el de los deudores que no han renegociado sus deudas: CAE, Fondo Solidario y CORFO, a los que podría agregarse los compromisos directos con bancos.
En muchos casos han sido los propios comprometidos los que han optado por condonarse sus obligaciones, facilitados por una conducta pasiva del Gobierno, que esconde la cabeza, limitándose a aplicar al servicio de la deuda la devolución anual de impuestos de algunos que logra lacear.
La administración del crédito es otra incógnita, si se desea excluir a los bancos y asumir esta obligación ingrata. Solo se ha mencionado que sería una entidad autónoma y descentralizada.
La opción de crear una nueva institución no parece la más adecuada (¡otra más!), es preferible readecuar alguna ya existente, que tenga la capacidad para otorgar y especialmente cobrar los préstamos, en que deberían actuar en colaboración con Impuestos Internos. Dos opciones parecen tener ventajas: una filial del BancoEstado y la Comisión Ingresa relacionada con el Mineduc.
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