Hamlet en el país de Lucralia

Hace una semana llegó a mi casilla de correo un aviso de e-marketing que promocionaba un Magíster en Comunicación y Tecnología Educativa para el e-Learning. En el extremo inferior izquierdo del aviso figuraba el logo de la CNA (Comisión Nacional de Acreditación) y junto a el, en letras muy pequeñas, decía “universidad no acreditada”.

Dicho texto representaría un 15% del espacio respecto del logotipo de la CNA y un 1% respecto del aviso. Creo que ahí estaba, una vez más, el juego de la “letra chica” que en Lucralia se hizo normal.

No sé si legalmente se pueda hablar de publicidad engañosa, no es mi experticia.Tal vez la legalidad les permite jugar con esa forma de indicar su estado de acreditación. Lo que sí tengo claro es que dicha institución, no contenta con haber matado a su gallina de los huevos de oro, intenta señalar que está dentro de un marco regulatorio de calidad.

En Lucralia, todo negocio parecía ser legítimo. Desde el kiosko de la esquina, hasta la atención de salud, desde la tienda de ropas y complementos hasta la educación. Máximas como, “lo barato cuesta caro” y “lo gratis es de mala calidad”, sirvieron para legitimar -por años- que se cobrara indistintamente por todo bien, servicio o derecho.

Sin embargo, algo cambió un día en el país de Lucralia, un grupo de jóvenes cuestionó insistentemente el axioma del valor económico en el derecho a la educación y la gente comenzó a comprender que habían diferencias entre los bienes y los derechos.

En términos de cognición social se desplazaron los esquemas de comprensión de la realidad, tanto así que los políticos comenzaron a incluir en sus discursos que Lucralia tenía que cambiar y que algunos derechos debían garantizarse.

Ese cambio no ocurrió sólo porque unos jóvenes cuestionaran las cosas de un día para otro, sino porque cada ciudadano sintió en carne propia como el país les extorsionaba con cobros usureros y múltiples instrumentos que sirvieron para apoderarse de la capacidad de pago de sus habitantes: repactaciones unilaterales, cheque en garantía para la salud, colusiones farmaceúticas, entre otros.

El asesinato de la gallina de los huevos de oro

Se nos dijo a los habitantes de Lucralia que el acenso social estaba directamente relacionado con el desarrollo de las capacidades intelectuales de los ciudadanos y por tanto educarse podía ser no un derecho, sino un bien de consumo. “Bien caro”, por demás.

Los empresarios descubrieron y diseñaron variadas estrategias para hacerse de la capacidad de pago de todas las clases sociales.

Con el paso del tiempo se comprendió que esa ilusión de progreso social era, si acaso, una verdad a medias y que la movilidad social tenía más que ver con la capacidad de comprar muy tempranamente el círculo de relaciones sociales de tus hijos, acercándolos con los hijos de los más acomodados o en su defecto alejándolos lo más posible de los más infortunados.

El gallinero estaba perfecto, la producción aceitada y los beneficios económicos se recogían en forma de inmobiliarias que cobraban grandes arriendos por los gallineros en que la publicidad aseguraba que todos los pollos terminarían poniendo huevos de 24 kilates.

A un ministro se le ocurrió que el estado podía avalar préstamos en dinero a los pollos que no tuvieran recursos económicos directos, así estos podrían aspirar también a poner huevos de oro, eso sí los préstamos tendrían una tasa de interés del 6%.Con ese voucher de crédito y esos intereses, para los bancos resultaría una irresistible la operación.

Además del jugoso interés que podrían cobrar, el negocio sería redondo también porque si los pollos llegaban a no poder responder por los préstamos, el estado garantizaba el pago de los mismos.

Los empresarios avícolas corrieron a acreditar sus instituciones, cada año de acreditación significaba suculentas recogidas de voucher, tan abundantes que podía no importar caer en corrupción y descrédito, total -unos días de arresto domiciliario o quizás de pensión en Capuchinos- no eran un riesgo que asustara a nadie que tuviera los bolsillos bien llenitos.

Hoy, la Comisión Nacional de Acreditación lista 10 universidades desacreditadas: Universidad Bolivariana, UNIACC, Universidad de las Américas, Universidad del Mar, Universidad Gabriela Mistral, UNICYT, Universidad de La República, Universidad Pedro de Valdivia; Universidad SEK y UNCIF. A estas cabe agregar 18 Centros de Formación Técnica y 23 Institutos Profesionales.(Fuente: CNA y Educación 2020).

El Ministro Nicolás Eyzaguirre y su equipo se enfrentará en marzo próximo a la tarea de reformar un sistema que capotó hace rato, en el que algunos siguen intentando vender ilusiones y cobrar millones.

El sistema de voucher instaló en las universidades una competitividad salvaje, con herramientas de dudosa ética y los “sostenedores” universitarios inventaron de todo para burlar la condición de corporación privada “sin fines de lucro”.

Los nombramientos de las últimas semanas hacen pensar que más que una reforma integral se está pensando en una manito de gato.

Podemos estar algunos bastante equivocados y en realidad Eyzaguirre y su equipo están dispuestos al menos a terminar con los abusos que hoy permiten que “el zorro esté a cargo del gallinero” o tal vez jueguen a darles una última oportunidad de redención que sería inconcebible y la duda shakesperiana que todos esperamos ver despejada a la brevedad “Voucher, o no voucher, he ahí el dilema.”

Ojalá fueran sólo esas dos las ambigüeades que le corresponderá despejar al próximo ministro, pero por algún lado debiera comenzar.

Terminar con las estafas en educación superior y técnica debiera ser lo más fácil, para luego, atacar el problema de fondo: la segregación desde la cuna.