Nueva constitución y elecciones en EEUU, territorios y participación

Fabián Pressacco

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Llevamos semanas pendientes del proceso electoral de Estados Unidos y de un resultado que, dado el poder y la posición de dicho país, tendrá impacto a nivel global. Es claro que, además, esta elección es muy especial por el clima de polarización en la que se desarrolla y por el papel que ha jugado el presidente Trump en la agudización de ese escenario; especialmente, por su postura frente a los hechos de violencia racial y el papel de la policía. En otro ámbito, la gestión de la crisis derivada del coronavirus ha sido un foco permanente de controversias, así como la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París y la suspensión de las contribuciones a la Organización Mundial de la Salud.

El foco, como es comprensible, está puesto en la elección presidencial y, en un lugar no menos relevante, en el resultado de la elección legislativa en la que se renueva una parte del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, mayorías que son relevantes al momento de poder desplegar las iniciativas del futuro ocupante de la Casa Blanca.

Sabemos que, en las elecciones presidenciales, rige un sistema indirecto y mayoritario en el que la ciudadanía elige electores de presidente y vicepresidente y que la totalidad de los miembros de ese colegio los obtiene el partido que tenga la mayoría de los votos (la excepción a ello lo aportan los Estados de Maine y Nebraska en donde la competencia se hace por distritos estaduales).

Esto permite, en algunos casos, que un candidato pueda obtener más votos ciudadanos, pero no tener la cantidad de electores para alzarse como triunfador. Fue el caso de la elección del 2016 en la que Hillary Clinton ganó el voto ciudadano, pero Trump alcanzó 304 votos electorales.

Lo que queda en un segundo plano en esta mirada global es que, simultáneamente a estas elecciones, en los Estados y el Distrito de Columbia, se llevan a cabo un conjunto de referéndums en los que la ciudadanía es convocada a manifestar sus preferencias sobre un conjunto muy diversos de asuntos.

Estados Unidos es un régimen federal que tiene 52 Estados más el distrito de Columbia, donde está la capital del país. De ese total, en 34 de esos territorios se han llevado adelante estos procesos de democracia participativa con mecanismos de democracia directa en el que se convoca a la ciudadanía para que se manifieste.

Son 71 referéndum que abordan muy diversas materias. Una revisión de los asuntos puestos en debate da cuenta de esa diversidad: la reestructuración del sistema judicial (Alabama), y el incremento del impuesto a la producción de petróleo en Alaska; en muchos casos, la consulta apunta de la modificación de los distritos (Idaho, Misuri, por ejemplo), o a autorizar el consumo de marihuana para uso recreativo y/o medicinal (Arizona, Dakota del Sur), drogas duras (Oregon); o como en Michigan, en donde se convoca a manifestarse sobre la protección de los datos electrónicos, o sobre restringir el derecho al aborto (Luisiana), o el matrimonio igualitario (Nevada), o iniciativas en el ámbito tributario (por ejemplo, exenciones tributarias para los veteranos en el Estado de Nueva Jersey). En Rhode Island se plantea la posibilidad de cambiar el nombre del Estado.

No se trata de un listado exhaustivo, tampoco se plantea como un camino a seguir. Pero nos llama la atención sobre dos ámbitos en los que la democracia chilena está en déficit.

Por un lado, el poder que tienen los territorios en el marco de un régimen federal. Chile, el país más centralizado de la OCDE y uno de los pocos que todavía no elige democráticamente al ejecutivo regional (las primeras elecciones de gobernadores regionales se realizarán en abril del 2021; está en proceso una ley de rentas regionales) necesita “apurar el tranco” y fortalecer la descentralización y la autonomía de las regiones.

Además, uno de los pendientes de nuestro sistema político es la inclusión de mecanismos de democracia directa que le permitan a las distintas sociedades territoriales decidir en asuntos que se consideren relevantes. En nuestra legislación se contempla la posibilidad de realizar plebiscitos comunales pero el balance es muy pobre y solo se han realizado cinco plebiscitos, la mayoría de ellos en comunas de altos ingresos y con foco en temas de ordenamiento territorial.

El proceso constitucional en curso nos abre una oportunidad para modernizar una institucionalidad que ha quedado obsoleta en contraste con una sociedad cada vez más compleja. Y en ese marco, tener a la vista la experiencia comparada es muy relevante.