Edad de imputabilidad penal adolescente: trabajar o tirar la toalla

Claudia Espinoza Carramiñana

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Al igual que en otros periodos, el miedo a la delincuencia nubla la razón y algunos sectores proponen bajar la edad de imputabilidad para disminuir las cifras de delitos. En esta ocasión, ha sido la diputada por la Región de Valparaíso Camila Flores quien ha impulsado esta discusión, proponiendo que los niños de 12 años puedan ser juzgados penalmente. La propuesta fue presentada en una columna publicada en El Mercurio de Valparaíso, y aunque respondimos brevemente en ese espacio, creemos necesario profundizar en una conversación que requiere matices, evidencia y, sobre todo, una mirada que priorice el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes.

El debate sobre seguridad pública y cómo esta afecta a las trayectorias de vida de los niños, niñas y adolescentes es un debate que debe tomarse con seriedad y con una serie de capas y matices que requieren, entre otras cosas, una revisión cuidadosa de la evidencia y un compromiso por abordar los factores estructurales que dan origen a la participación de jóvenes en hechos delictivos. Las decisiones que tomemos en este ámbito impactan profundamente en la sociedad que estamos construyendo.

En primer lugar, es importante señalar que no existen estudios que relacionen la disminución de la edad de imputabilidad con una baja en los delitos cometidos por adolescentes. Al contrario, si comparamos experiencias de países de la región, según datos de Cepal, Chile es uno de los países con menor participación de niños y niñas en homicidios (1,2 por cada 100 mil), superado ampliamente por países como Brasil (11,6) o Colombia (11), donde la edad de imputabilidad es más baja.

Si bien es efectivo que la delincuencia juvenil en Chile ha ido en aumento en los últimos dos años (durante el 2023 alcanzamos los 36.468 casos de delitos cometidos por adolescentes), esto también tiene una correlación con las cifras pandémicas y prepandémicas. El encierro a propósito de la cuarentena generó una baja inédita de la tasa de delitos cometidos por menores de edad, alcanzando los 24.746 en 2020 e incluso los 20.194 en 2021. Ya en 2022, sin las restricciones por el Covid-19, subimos a los 27.644 y se normaliza con respecto a la situación que teníamos los años 2019 (34.378), 2018 (33.836) y 2017 (36.083). Esto no significa restar importancia al fenómeno, sino comprender que no se trata de un fenómeno nuevo, y que requiere intervenciones sostenidas, no solo punitivas.

Con todo ello, el boletín del Ministerio Público correspondiente al periodo enero-diciembre 2024 indica que solo 6,31% de los delitos con imputado conocido fue cometido por una persona menor de edad. La gran mayoría de los delitos sigue siendo responsabilidad de personas adultas.

Otro punto importante tiene que ver con cómo comprendemos a los niños y niñas que infringen la ley. La diputada afirma que un niño de 12 años "sabe distinguir perfectamente entre el bien y el mal", y al mismo tiempo señala que estos niños son utilizados por bandas criminales. Ambas afirmaciones no pueden sostenerse al mismo tiempo, dado que define cómo nos relacionaremos como sociedad y como Estado a los jóvenes infractores y esto, que puede parecer un mero componente simbólico, se retrata de manera muy clara.

Cuando decidimos que una persona de 12 años tiene plena consciencia de sus acciones, del impacto de estas y de las consecuencias de estas en el entorno, pasamos por alto que hay un proceso que debe ser socialmente acompañado. Desde la neurociencia sabemos que la corteza prefrontal del cerebro -clave en la toma de decisiones, el control de impulsos y la regulación emocional- continúa desarrollándose hasta la adultez joven. Este dato respalda la importancia de propiciar el desarrollo de la autonomía, en lugar de responder con sanciones que no consideran estos procesos formativos.

Además, cuando abordamos este tema solo desde la penalización, dejamos de lado la posibilidad de transformar los contextos que propician estas trayectorias. Según el estudio "Trayectorias de Jóvenes Infractores de Ley", realizado por el Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el 67% de los jóvenes que logran insertarse en ambientes no delictivos deja de cometer delitos. La evidencia sugiere que intervenir el entorno puede marcar una diferencia significativa.

Ese mismo estudio muestra que 21% de los jóvenes se define a sí mismo como delincuente, 48% dice tener mucho en común con personas que delinquen, y 39% se siente acogido por sus pares que cometen delitos. Si los jóvenes al cometer delitos siguen teniendo un sistema de referencia que los ampara, los defiende y los valida corresponde preguntarse si la condena penal es una sanción o una reafirmación de identidad.

Puesto en otros términos más simples, si bien es cierto que una persona de 12 años puede entender que robar, agredir o matar puede ser mal visto, la incidencia de los grupos de referencia termina siendo el determinante principal. Por ello, cuando condenamos únicamente al niño que comete un delito y no intervenimos por completo el entorno donde se desarrolla, convertimos el problema en algo individual y no logramos detener este tipo de acciones. La introducción de medidas penales en etapas tempranas puede conducir a la estigmatización del niño, dificultando la reinserción en la sociedad y aumentando la probabilidad de conductas delictivas futuras.

Entonces, ¿cómo intervenimos? A través de la ampliación de programas como el Plan Integral de Bienestar de niños, niñas y adolescentes, desplegado en barrios priorizados por el Plan Calles Sin Violencia; Programa Lazos, interviniendo en la deserción y el ausentismo escolar y promoviendo la presencia de niños en espacios comunitarios donde todos formemos parte de su inclusión. Nadie por si solo puede asegurar el bienestar de un niño o que estos no se integren a este tipo de ambientes: las familias necesitan el apoyo de sus comunidades y las comunidades, a su vez, el apoyo del Estado.

En tercer lugar, y lo que deja en evidencia la ligereza con la que se hacen estas propuestas, una iniciativa de estas características pasa a llevar legislación vigente y que ha sido resultado de años de trabajo. La Ley 21.430, sobre derechos y garantías de la niñez y adolescencia, en su artículo 51 se refiere a los niños, niñas y adolescentes infractores de ley asegurando el derecho a recibir protección especializada por polivictimización, a recuperarse física y psicológicamente y a la plena integración social y educativa. En otras palabras, la ley reconoce que al infringir la ley lo hacen también a propósito de toda una estructura que los hace susceptibles a incurrir en delitos.

La Ley de Garantías, por cierto, no es el único marco al que Chile está adscrito y que regula la materia. Respecto a estándares internacionales, el Comité para los Derechos del Niño de la ONU recomienda que la imputabilidad penal debe recién considerarse entre los 14 y 16 años y recomienda no disminuir esa edad. Del mismo modo, las Reglas de Beijing (promulgadas en 1985) se refieren a los procesos penales adolescentes y exhortan a los países a establecer sistemas que favorezcan la integración. A ese desafío, además de la prevención, debemos convocarnos.

Finalmente, cabe preguntarse quién gana instalando estos temas en el debate público, especialmente cuando nos enfrentamos a un año electoral. Hablar de penas endurecidas para niños y llamar a actuar "sin complejos" sin duda puede entregar muchos réditos políticos, pero desconoce el debate de fondo y no facilita la superación del ecosistema del delito. Extraer a un niño del circuito delictual sin duda es un logro, pero si no desbaratamos la influencia de redes delictivas en las comunidades, probablemente llegará otro niño que ocupe su lugar. Para ello es fundamental que todos nos hagamos conscientes del lugar que habitamos en la sociedad y que nos ubica necesariamente como garantes y promotores de derechos.

El llamado es claro: podemos generar políticas públicas sensatas y efectivas, que atiendan el núcleo del problema. Evitemos el camino fácil y no tiremos la toalla con los niños y niñas que se encuentran en este tránsito, al contrario, promovamos medidas de reinserción y protección, en lugar de la penalización. Seamos la tribu que necesitan para un camino más esperanzador. En esta decisión de hoy nos jugamos el presente y también la sociedad que queremos construir.