Hay males que duran cien años

La brecha de género es la diferencia entre mujeres y hombres que se refleja en los logros o actitudes sociales, políticos, intelectuales, culturales y económicos.

El Índice Global de Brecha de Género tiene como objetivo medir esta brecha en cuatro áreas clave: salud, educación, economía y política.

La brecha en economía es la diferencia entre hombres y mujeres en lo que respecta a los salarios, el número de líderes y la participación en el lugar de trabajo. En educación, abarca el acceso a sus niveles básicos y superiores, mientras que en salud se analiza la esperanza de vida. Finalmente, la brecha política examina la diferencia en la representación de hombres y mujeres en las organizaciones que toman decisiones.

El reporte 2017 muestra que, con la tasa de progreso actual, la brecha global de género tardará cien años en cerrarse, destacando para Chile que, si bien en educación nos hemos superado notablemente y, por tanto, contamos con mujeres con posibilidades de competir en diversos ámbitos, la brecha en lo laboral y en participación en cargos de poder constituye un desafío mayor.

La Asociación de Magistradas Chilenas, MACHI, constituida por abogadas que ejercen como jueces  de todas las competencias e instancias, como fiscales del Ministerio Público, como defensoras públicas o que trabajan directamente en el sistema de justicia, desarrolla dentro sus ejes de trabajo el de participación de mujeres en cargos de poder, el que se sintetiza en la expresión de “Paridad en la Justicia”, enfocado en aportar al debate con ideas y acciones para la superación de la brecha de género que se manifiesta en el acceso a altos cargos en el sistema global de justicia: Cortes de Apelaciones, Corte Suprema, Fiscalías Regionales, Fiscalía Nacional, Defensorías Regionales.

Este año da inicio a un período particularmente interesante, puesto que se avecina un número importante de vacantes en la Corte Suprema, lo que dará una oportunidad única de avanzar en paridad en la integración del órgano máximo del sistema de justicia.

A dichos efectos, se hará imprescindible considerar la variable de género en el sistema de nombramientos, como herramienta destinada a corregir la anomalía histórica que presenta su desbalanceada integración masculina.

En el Ministerio Público ocurrirá otro tanto con la renovación de algunas de sus Fiscalías Regionales, empezando por la Fiscalía Regional Centro Norte, cuya vacancia se ha precipitado con la renuncia del Fiscal Andrés Montes.

Es importante hacer notar que el Ministerio Público, a pesar de ser una institución de origen contemporáneo, ha reproducido la deficiencia de legitimidad democrática que implica preterir - al punto casi de omitir - a las mujeres en sus más altos cargos. Es así como, desde su creación, nunca ha sido nombrada una mujer como Fiscal Nacional y solo 5 mujeres han sido designadas para ocupar el cargo de Fiscales Regionales en 17 años.

Actualmente, de hecho, hay solo una Fiscal Regional que es mujer, frente a 17 Fiscales Regionales varones. En las Fiscalías Locales actualmente hay solo 20 mujeres ocupando la posición de Fiscal Jefe, frente a 86 varones en el mismo cargo. Y si bien el número de Fiscales mujeres es menor al de varones dicho número no se refleja proporcionalmente en las jefaturas, espacio en los que cae drásticamente el porcentaje de mujeres.

Es importante hacer notar que en el proceso de nombramiento de Ministros de Cortes de Apelaciones y de Corte Suprema, así como de Fiscal Nacional, interviene la Corte Suprema, y en el nombramiento de Fiscales Regionales las Cortes de Apelaciones.

La Asociación Nacional de Magistrados, en su histórica tarea de impulsar una modernización en la organización de la judicatura, promueve la separación de las funciones jurisdiccionales de las administrativas y de gobierno judicial, aspirando en este punto a que el sistema de nombramientos, a la par de la superación de importantes deficiencias de diseño, se radique en un órgano distinto, bajo lógicas que aseguren una competencia bajo estándares superiores a los actuales, capaces de dejar atrás, entre otros defectos endémicos, la tristemente famosa e indigna figura del besamanos.

Sin renunciar a este horizonte innovador, es imperativo que los plenos, tanto de la Corte Suprema como de las Cortes de Apelaciones, incorporen dentro de sus estándares la variable de género en las etapas en que participan, esto es, en la selección de los nombres para la confección de quinas y ternas.

Decimos que es imperativo y no discrecional, puesto que dichos órganos del Estado están sujetos a las exigencias contenidas en la normativa nacional e internacional que promueve la no discriminación en contra de la mujer, asegurando igualdad sustantiva o material y, por tanto, verificable en los resultados de los procesos institucionales.

Desde luego que todas las instituciones involucradas deberán hacer lo suyo y, en tal sentido, los plenos, como órganos actualmente encargados de elaborar las quinas y ternas deberán, en cada una de ellas incluir mujeres candidatas a Ministras o Fiscales Regionales.

Para que esto sea posible, las abogadas que ejercen como jueces y fiscales y que cumplan las exigencias legales deben animarse a postular, rompiendo el “techo de cristal” que culturalmente les hace inhibirse en ciertos casos.

No es un asunto “de las mujeres”, ni se trata simplemente de mejorar su posición - aspecto que por sí mismo sería en todo caso válido - como derecho de toda persona de buscar su realización plena. Es más que eso. En democracia los números cuentan. Es un asunto de justicia. 

Co-autora de la columna, Ymay Ortiz Pulgar, Fiscal adjunta del Ministerio Público, Directora de MACHI. 

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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