No más víctimas

El proyecto enviado por la Presidenta Michelle Bachelet, que crea un SENAME 2.0, diferencia entre un  “Servicio de Protección Especial de Derechos de la Niñez” y un  “Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente”, dependiente el primero del ministerio de Desarrollo Social y el segundo del ministerio de Justicia.

Este diseño especializado, si se implementa, puede llegar a ser un  modelo replicable para abordar otras realidades de maltrato, abandono y exclusión, como las que se dieron a conocer tras el primer informe de SENAME, el  que se diluyó tras el reciente rechazo en la Cámara de Diputados de los antecedentes levantados por la comisión investigadora.

Lo que el nuevo proyecto  de protección de la infancia debe garantizar es que no vuelvan a ocurrir  hechos como la muerte de Lisette  en el Cread Galvarino, en 2016, o el trato cruel del que fue víctima un adolescente con discapacidad mental en el centro Alihuén de Buin, a cargo de una institución privada, a comienzos de este año. No más víctimas. Ese es el desafío.

No queremos niños y niñas encerrados y olvidados tras los muros institucionales ni abandonados en las calles. Ni Oliver Twist, ni Huckleberry Finn.

Tampoco sus cuidados y la responsabilidad sobre sus biografías y trayectorias pueden quedar bajo la tutela de técnicos y profesionales sin las competencias adecuadas, como el señor P. R. Deltoid, el extraño y negligente   trabajador social  a cargo del pequeño Alex, ambos personajes de la Naranja Mecánica del escritor británico Anthony Burgess.

Se requieren, en este nuevo diseño, agencias públicas y privadas confiables, transparentes y conformadas por  equipos profesionales competentes y comprometidos, con vocación de servicio público y sujetos a observación y fiscalización permanentes.

En ese sentido, valoramos la recientemente promulgada Ley Nº 21.013, que tipifica un nuevo delito de maltrato realizado por cuidadores de personas especialmente vulnerables, como los adultos mayores o las personas con discapacidad psíquica. Los hechos ocurridos en SENAME no pueden quedar impunes en el futuro.

El actual Servicio Nacional de Menores es un buen ejemplo  de lo que debe desinstalarse dentro de la política pública y el nuevo diseño propuesto marca la ruta de las instituciones que se requieren en un Estado de Derecho con pretensiones democráticas, diferenciando vulnerabilidades, caracterizando complejidades y promoviendo entornos protectores y generadores de oportunidades.

Lo fundamental es asumir como país que los servicios sociales no pueden ser licitados, administrados y evaluados con los mismos criterios de eficiencia y rentabilidad con los cuales se privatizan las autopistas o las telecomunicaciones. La dignidad de las personas no se tranza en los mercados.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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