Virales de abogados chilenos
En este breve periodo de 2019 nos hemos encontrado con el registro de dos situaciones que grafican la prepotencia del gremio de abogados y abogadas.
Vergonzosa es la manera en que Pérez Cruz y Rosselot utilizan sus privilegios, el de ser abogados y participar de la élite del poder y la riqueza en Chile, para humillar y atropellar a quienes tuvieron el infortunio de tropezarse con ellos.
Quedamos mal quienes pertenecemos a ese gremio. Parece injusto meter a todos en el mismo saco, aunque hay razones de sobra para pintar esa caricatura.
Nuestro gremio se ha especializado en complejizar el lenguaje y la realidad, de tal forma que somos imprescindibles aún para quienes han cursado estudios universitarios. La carrera te prepara para hablar un lenguaje jurídico que el resto de los seres humanos no habla, convirtiendo a la justicia en un asunto que debe ser mediado, en lugar de ser un asunto de sentido común y de acceso efectivo.
Sumado a lo anterior, el acceso de calidad al servicio jurídico es privativo de quienes pueden pagar las altas tarifas que se cobran.
El resto, como ocurre con los derechos sociales en Chile, debe conformarse con el servicio que proveen gratuitamente los y las practicantes de la CAJ, que hacen lo que pueden con las pocas herramientas que tienen al salir de la universidad y los pocos recursos con los que cuenta esa institución.
En este escenario, recuerdo una pregunta que se le hizo a una compañera abogada feminista hace unas semanas, ¿por qué tienes tanta fe en el derecho si desde el feminismo se le hacen tantas críticas?
La respuesta, quizás, tiene un dejo de ingenuidad. Las abogadas feministas creemos que el derecho puede servir a las transformaciones sociales y políticas si se construye y utiliza desde otro enfoque.
Creemos que el derecho puede cristalizar las demandas sociales y no sólo la voluntad de la elite, que puede asegurar condiciones de igualdad sustantiva y no los privilegios, que puede ayudar a resolver los conflictos sociales en lugar de perpetuarlos y que puede contribuir a distribuir el poder en lugar de concentrarlo.
Este es el desafío que tenemos. Democratizar el derecho simplificando el lenguaje jurídico, cambiando la forma en que se enseña la disciplina, acercando los conocimientos jurídicos a la ciudadanía, repensando los procedimientos judiciales para que la justicia sea popular, oportuna, concreta, accesible y no discriminatoria.
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