Escribo esta líneas en medio de una entusiasta multiplicidad de opiniones dedicadas a la necesidad de cambiar el actual sistema previsional en Chile; con justa y urgente razón dicho sea de paso. Una semana donde, parafraseando a la ministra de Educación, hay un hecho que pasó “colado” para la mayoría de los medios. Me refiero a lo ocurrido en el extremo sur de nuestro país y que afecta a una de las cuatro islas más grandes de Chile, Isla Riesco.
Hoy, en esa inmensidad, las lágrimas son azules, del color de nuestro océano, al que poco respetamos y el que de, tanto en tanto, reclama por lo que allí ocurre.
Esta semana, a la agenda pública no se sumó, con la intensidad que debiera, lo ocurrido en Magallanes, en una oficina donde pocos alcanzaban, sin acceso desde lejos, sin transmisiones en directo, casi a puertas cerradas. Allí, la comisión de autoridades del servicio de evaluación ambiental (SEA) votó la autorización del uso de explosivos , durante los próximos quince años, en la Isla Invierno, esa que produce carbón, el mismo que en casi todo el planeta hoy es desechado por altamente contaminante .
Carbón y tronaduras, la mezcla es aún peor, porque afecta directamente al ecosistema, a sus protagonistas, a la vida marina y terrestre que habita desde siglos en esa maravillosa isla.
Si la existencia de la mina, propiedad de Angelini y Von Appen, un dato no menor, ya es una atrocidad, considerando que se fomenta la extracción de carbón, lo que se contradice con todos los acuerdos que ha firmado Chile para reducir los efectos del cambio climático, la autorización ocurrida este semana agrava aún más la situación.
El hecho ocurre un día después que se le entregara a la Presidenta de la República el informe de la Comisión para la Reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Es de esperar que en ese informe, la participación ciudadana haya sido debidamente considerada y que se hayan sumado cambios a los procedimientos para aumentar la rigurosidad y poder cumplir con nuestros compromisos frente al mundo en materia medioambiental.
En este caso, el de Isla Riesco, los habitantes de la zona y las diversas ONGs, reclaman la exclusión de la participación ciudadana y la existencia de un anterior irregular proceso de análisis de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Se habla de una débil institucionalidad y de la ausencia de voluntad de apostar por un verdadero desarrollo sustentable.
La aprobación de las tronaduras coincide, además, con sendas denuncias e investigaciones por contaminación por parte de la minera, que ya fue sancionada en el 2014. La Superintendencia de Medioambiente ha reconocido que hay problemas y que no tiene todos los recursos necesarios para fiscalizar. Y, si no pueden hacerlo, ¿cómo lo hará ahora con las explosiones y con su efecto en el ecosistema?
La institucionalidad ambiental debe ser fortalecida y no es una declaración de buenas intenciones, sino un imperativo. Ello, para que realmente se cumpla con el rol conservar el patrimonio natural , ése que es reserva mundial, el que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para las futuras generaciones.
Las empresas Copec y Ultramar, a través de Minera Isla Riesco y Minera Invierno S.A. tienen proyectados en Isla Riesco, cinco minas de explotación del carbón a cielo abierto. Mina Invierno ya es una realidad. Sólo queda aunar esfuerzos para lograr cambios reales a la institucionalidad medioambiental, dotar de los recursos necesarios para asegurar una eficiente fiscalización y garantizar la participación ciudadana.
Transformar las sombras en amaranto, secar las lágrimas azules de quienes habitan allí, de los maravillosos animales que corren y se deslizan en la reserva nacional Alacalufe y de todos quienes creemos que la protección del planeta es un desafío comunitario y de relevancia.
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