Comisión Engel y la promesa del Defensor Ciudadano

Álvaro Castañón

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Fue hace poco más de un año que en el corazón del Palacio de La Moneda hicimos entrega del  informe del Consejo Asesor Presidencial Contra Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción a la Presidenta Bachelet y con ello a toda la nación. Luego de intensos  45 días, creo que todos quienes conformamos la llamada “Comisión Engel” quedamos satisfechos de haber realizado nuestros mejores esfuerzos con miras a aportar soluciones integrales a un sistema que ya poco puede disimular sus falencias.

Las 236 propuestas del informe -92% acordadas por unanimidad- son soluciones integrales que responden a una visión sistémica que logramos generar luego de debates y reflexiones sobre puntos comunes y necesarios. Pero pese al importante seguimiento que ha dado la opinión pública a la agenda de probidad, aún quedan materias claves que preocupan por sus retrasos o desinterés en abarcarlos.

Materias como la municipal, fortalecimiento de la transparencia y acceso a la información, compras públicas, gasto en defensa y concesiones, entre otras, no han anotado avances significativos.  Pero es dentro de esas “otras” que se anota una materia muy particular, que a veces pasa inadvertida pero que nos incumbe directamente a todos, aquella que desde el 2010 descansa inmóvil en el Senado.

Defensor del Pueblo, Defensor de la Gente, Ombudsman o Defensor Ciudadano son los múltiples nombres que se han puesto sobre la mesa para crear una institucionalidad en pro de los ciudadanos que desde el año 1991 no ha podido ver la luz.

El año pasado, en la  Comisión Engel fuimos nuevamente sobre este punto, considerando que uno de los pasos para detener el avance de la corrupción y las malas prácticas en lo público es generar desde una primera instancia una ventanilla única “en pos de garantizar y proteger los derechos de la ciudadanía respecto de actos, hechos, omisiones, vulneraciones y comportamientos de la administración del Estado, junto con determinar la existencia de abusos, arbitrariedades, irregularidades, violaciones de derechos, discriminaciones, negligencias o fallas sistemáticas, procurando por esta vía prevenir, corregir y eliminar dichas situaciones”.

Desde la entrega del informe del Consejo Asesor, el gobierno ha avanzado en esta propuesta un 0%, lo cual no nos puede dejar indiferentes. La contribución del Defensor Ciudadano a la agenda de probidad puede ser entendida por muchos como algo menor, pero es en realidad de importancia transversal, siendo uno de sus variados aportes atacar de raíz la –en nuestros días popular- percepción de corrupción.

Pocos podrían discutir que la mayoría de los chilenos y chilenas no conocen cómo funcionan las instituciones del Estado y menos aún,  un procedimiento administrativo. La realidad es que para muchas personas el mal funcionamiento de las instituciones conlleva reacciones como “con plata lo sacas más rápido” o “todos son corruptos”. Son percepciones o realidades, las que alimentan problemas mayores, que finalmente atentan contra la calidad de nuestra democracia.

Construir puentes que acerquen con nuevo enfoque a los ciudadanos y a las instituciones del  Estado es una necesidad que no puede esperar si queremos seguir avanzando.

Estos puentes deberán ser construidos por la política con cimientos sólidos y estructura flexible, que garantice que las expectativas de la gente no se quiebren y que los ciudadanos tengamos un buen y justo aliado en el Defensor Ciudadano. Quizás de esta forma volvamos a confiar desde lo básico, desde esa experiencia que cada uno se lleva a la casa después de hacer un trámite.