Corrupción en la política chilena

Tengo los años suficientes para asegurar que los políticos chilenos, parlamentarios, dirigentes, funcionarios públicos y otros hasta el gobierno de Salvador Allende incluido, eran tal vez los más honestos y probos de América Latina.

Solo recuerdo que en el gobierno de Alessandri Rodríguez hubo un hecho de corrupción por parte de uno de sus ministros, el Ruca Vergara el cual fue descubierto y sancionado públicamente como correspondía.

Posteriormente vino el Golpe Militar y derrocado Allende los golpistas investigaron profundamente la gestión de los ministros y funcionarios del gobierno de la Unidad Popular en la búsqueda de antecedentes que justificaran la exoneración, detención, tortura y asesinato de miles de sus partidarios.

En vano...no encontraron, hasta donde recuerdo, ni un solo antecedente de funcionario, parlamentario o dirigente partidario del gobierno popular con características delictivas o irregulares ni mucho menos aprovechamiento personal del ejercicio de su cargo.

Desde el 11 de Septiembre de 1973  se instala la Junta Militar ejerciendo en la práctica todos los poderes del Estado sin contrapeso dada la represión genocida brutal ejercida desde ese mismo día contra su propio pueblo.

La dictadura impuso a sangre y fuego el modelo político y económico neoliberal que desde ya significó el inicio de la mayor concentración de la riqueza en manos de los capitalistas nacionales y extranjeros conocida nunca en Chile hasta entonces, a costa naturalmente, de la perdida de empleos y la reducción de los salarios aumentando brutalmente la plusvalía a manos de los empresarios quienes además se apropiaron de las empresas del Estado sin pagarlas o a precios insignificantes.

Pero junto a estas características políticas y económicas propias del modelo impuesto por los golpistas civiles y militares apareció casi de inmediato otro fenómeno que es inherente al neoliberalismo: la corrupción a gran escala encabezada en este caso por carabineros y por todas las ramas de las Fuerzas Armadas.

El propio Pinochet con el robo de fondos fiscales reservados, las coimas millonarias derivadas de negocios de armas e incluso tráfico de drogas encabezó este denigrante flagelo aumentado por el ejercicio del poder total.

Ya en el siglo XlX el político e historiador británico  Lord Aston enunció este fenómeno muy acertadamente: “El Poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente".

Los que luchamos de un modo u otro contra la dictadura y que logramos desplazar al tirano del poder ejecutivo en las elecciones de 1989 que ganó Patricio Aylwin confiamos en un Programa de Gobierno que se comprometía a revisar  la privatización de las empresas del Estado ya sea para cobrar los dineros correspondientes o devolverlas, a restablecer los derechos básicos de los trabajadores y terminar con la corrupción a todo nivel.

Bueno, lo concreto es que nunca se revisaron las privatizaciones, la concentración de la riqueza se mantuvo y aumentó en manos de unos pocos grupos y los trabajadores jamás recuperaron el nivel de afiliación previo a la dictadura, ni menos los derechos laborales que les fueron cercenados absolutamente en favor del capital.

Cito esto porque desde que asumieron los gobiernos de la Concertación empezaron a asomar fenómenos de corrupción transversales dentro de la llamada clase política y también en el empresariado.

El débil o nulo control del ejecutivo, la Contraloría, el SII y el Parlamento sobre los cuantiosos recursos manejados por la FFAA y Carabineros posibilitó que la corrupción se mantuviera dentro de esas instituciones por muchos años.

Una legislación deficiente hizo posible la corrupción empresarial caracterizada por múltiples colusiones de empresas con el objeto de cobrar sobreprecios por sus productos y servicios a los consumidores y que al ser sorprendidos pagaban multas irrisorias comparadas con lo robado ilegalmente.

Y en lo referido a políticos, dirigentes, funcionarios y parlamentarios recuerdo que en el gobierno de Lagos se destaparon  fenómenos como el MOP Gate, el jarrón chino de su yerno en la CORFO y otros casos que tuvieron a este Presidente al borde de una destitución. Pero vino la UDI, Longueira concretamente a salvar a Lagos y evitar la acusación constitucional.                                               

Pero a la vista del alto nivel de impunidad que caracterizaba estos hechos delictivos, los empresarios chilenos decidieron que ya no bastaba financiar a los políticos de la derecha para obtener leyes todavía más favorables sino que era imprescindible corromper políticos de todo el espectro posible.

Y entonces se devela el caso PENTA  que implica emisión de boletas falsas para rebajar impuestos enormes y cohecho en la persona de Pablo Wagner subsecretario de Minería en ejercicio del gobierno de Piñera. Además de financiamiento ilegal de varios parlamentarios UDI, como Iván Moreira Ena von Baer y varios otros.

Poco después se conoce otro escándalo en que gracias al Departamento de Justicia de USA se pudo saber que la empresa chilena SOQUIMICH reconoció "pagos indebidos" a 5políticos chilenos entre 2008 y 2015 entre ellos Jaime Orpis, Pablo Longueira, Pablo Wagner, Fulvio Rossi y Cristian Wagner.Por cierto después aparecieron más involucrados.

Quiero recordar también que Pablo Longueira siendo ministro del Gobierno de Piñera recibió hasta donde se conoce cerca de 900 millones de pesos de poderosas empresas pesqueras que operan en los mares chilenos justo cuando se tramitaba la Ley de Pesca que favoreció enormemente a los dueños de dichas empresas.

Si estos delitos se hubiesen cometido en Estados Unidos o la mayoría de los países europeos o Japón los inculpados habrían pagado cuantiosas multas y penas de cárcel  y la prohibición de por vida para los funcionarios públicos de volver a ocupar cargos en el aparato del Estado.

En nuestro país muy por el contrario el Fiscal Nacional Sr. Abott nombrado por la Presidenta Bachelet removió a los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena del caso Penta que habían prometido llegar hasta el final con la investigación y estaban a punto de exponer a decenas de políticos involucrados.

En el caso Penta sucede algo análogo  ya que existen pagos ilegales a funcionarios del primer gobierno de Piñera como Pablo Wagner, Lawrence Golborne, parlamentarios como Jovino Novoa e Iván Moreira es decir delitos de cohecho graves aparte de evasión multimillonaria de impuestos.

En casi todos estos casos los fiscales ahora a cargo están proponiendo la suspensión condicional de los procesos a cambio del pago de una multa como es el caso concreto de Iván Moreira y lo cual será solicitado también por decenas de funcionarios y parlamentarios pagados ilegalmente por empresas corruptoras.

Por otra parte, el Servicio de Impuestos internos informó que suspenderá las querellas  en los casos que afectan a políticos por entregar boletas ideológicamente falsas.

Todo este proceso que involucra a la Fiscalía Nacional, al SII y al ejecutivo, me lleva a sospechar  que existe una colusión entre todos los órganos del Estado mencionados, las empresas corruptoras y los involucrados en dichos delitos para salvar transversalmente del juicio público y de las penas correspondientes a a quienes debieron haber pagado con cárcel e inhabilidades de por vida para la función pública y el cierre definitivo de empresas corruptoras.

Esto es una burla, una bofetada y una provocación para los millones de chilenos honestos que pagamos con el deterioro de nuestra calidad de vida dichos delitos.

Más grave aún, estos hechos son un estímulo a la corrupción, al abuso, a la colusión descontrolada de los poderosos impulsada por una impunidad casi total que nos acerca al mismo drama que padecen otros países muy corruptos en nuestro continente.  

 

                          

 

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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