Desde hace años existe un profundo cuestionamiento ciudadano sobre los sueldos que perciben diputados y senadores en nuestro país, situación que alcanzó su punto más alto en la crisis social iniciada en octubre, con un poder legislativo de bajísima aprobación.
La llegada del Coronavirus a Chile, con sus respectivas consecuencias sociales y económicas, no hizo más que agudizar esta problemática. Este contexto determinó que por fin la esperada rebaja de las dietas parlamentarias fuera tramitada, pero aún sin establecerse el monto final que han de recibir.
Cada parlamentario chileno recibe un sueldo bruto de $9.349.851. A este monto se agrega una asignación mensual para gastos de funcionamiento de aproximadamente 20 millones para cada senador y de 11 millones para cada diputado. Respecto de estos montos, existen defensores y detractores.
Sin lugar a dudas, la postura más popular, avalada por la inmensa mayoría, es que los parlamentarios chilenos ganan demasiado dinero. La evidencia sobra para objetivar esta tesis: diputados y senadores ganan cerca de 33 sueldos mínimos. Comparados con la OCDE, también son de los mejores pagados, el sueldo promedio de los legisladores en los Estados miembros es 2,9 veces el PIB per cápita, mientras que en Chile es de 12 veces.
En la esquina de aquellos que consideran que bajar los sueldos de los parlamentarios no es algo recomendable, se esgrime habitualmente el argumento de que las personas con más años de estudio, preparación y experiencia, perderían el interés de ser legisladores debido al gran perjuicio económico que les implicaría.
En este contexto, qué duda cabe sobre la conveniencia de anular el factor remuneracional como un incentivo para quienes aspiran a ser parlamentarios. Asumir dichas funciones emanadas de la representación popular como un trabajo más, es un error.
Argumentar que se debe pagar lo mismo por hacer la misma pega, es trasladar la lógica del mercado al congreso sin matiz alguno. El sistema debería estar diseñado para impedir o dificultar la llegada de quienes sólo buscan su beneficio personal así como también permitir la participación de cualquier ciudadano, en forma independiente a su patrimonio o situación económica.
¿Existe una fórmula para lograr aquello? Sí. Es necesario implementar un mecanismo de remuneraciones que determine neutralidad financiera en la vida las personas que ejerzan el cargo de legisladores.
La propuesta es simple, que el sueldo corresponda al promedio de los ingresos mensuales de sus últimos 3 años registrados en el Servicio de Impuestos Internos. De esta forma, quien ganaba $500.000 antes de ser parlamentario o constituyente, seguirá ganando lo mismo. Quien ganaba $10.000.000, también seguirá ganando lo mismo. Quien nunca haya trabajado, recibirá el sueldo mínimo. Adicionalmente, se genera un castigo para aquellas personas que cometen elusión tributaria, por ejemplo, con el uso de sociedades.
Además se promueve que quienes formen parte de un proceso tan trascendente para el país, se hayan ganado la vida de alguna forma en los 3 años previos a su participación. Y por último, aunque no por eso menos importante, se generaría un gran ahorro de recursos públicos.
Adoptando esta propuesta, se evitaría que alguien postule al congreso en búsqueda de un beneficio económico personal y que alguien muy capacitado desista por tener mejores condiciones económicas en su empleo actual.
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