Constitución y salud, evitemos la letra muerta

Eugenio Zalaquett

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Más de la mitad de los países tienen algún grado de derecho a la salud consagrado en sus Constituciones. El año 2013 se realizó un estudio que examinó la protección constitucional de este derecho en todos los estados de Naciones Unidas (Heymann et al.) y encontró resultados mixtos, a pesar de que sus miembros han reconocido el derecho a la salud en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948.

El estudio encontró que el 38% de los países garantizaban el derecho a los servicios de atención médica, mientras que el 14% aspiraban a proteger este derecho.

En Chile, se ha convertido en una de las principales preocupaciones, alcanzando un sitial preferente junto a pensiones y educación. En el contexto de la crisis social, esto se ha entremezclado con la discusión constitucional.

La Constitución establece en su artículo 19, “el derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo”.

Sin embargo, la experiencia nos ha enseñado que lo escrito no siempre tiene un correlato con la realidad. Las buenas intenciones pueden no llegar a concretarse si no existen aseguradores y prestadores que les den vida. El no detenernos a reflexionar sobre los cambios que han de requerir éstos, podría ser una omisión que vuelva estéril cualquier intento por resguardar el derecho a la salud.

Los prestadores son quienes realizan acciones concretas de salud, como por ejemplo hospitales y consultorios en el ámbito público o centros médicos en el ámbito privado.

Si no tenemos una red de prestadores de calidad, cantidad y distribución suficientes, será imposible dar adecuada cobertura a la población. Modificar la eficiencia y cantidad de prestadores es una tarea titánica.

Por ello, resulta atractivo transformar el otro componente de la ecuación, los aseguradores. En Chile, este rol se divide entre Fonasa e Isapres.

Esta fórmula ha mostrado fallas que han promovido la desigualdad: las Isapres concentran a los jóvenes, sanos y de mayores ingresos, el denominado “descreme”.

Fonasa, por su parte, más que estar abocado a resguardar las garantías de sus afiliados, se ha transformado en una caja pagadora del sistema público y del sistema privado en su modalidad de Libre Elección.

La propuesta del gobierno para crear un Plan de Salud Universal, es un paso en la dirección correcta. Incluye medicina preventiva, manejo de enfermedades crónicas y otros, incorporando tiempos máximos para patologías no AUGE y la posibilidad de utilizar prestadores privados además de los públicos.

Sin embargo, es necesario avanzar más. En otras latitudes han escogido una alternativa que resulta atractiva para nuestro contexto, el Seguro Universal.

La transformación de Fonasa en un seguro nacional, que reciba las cotizaciones obligatorias de todos los chilenos y que ofrezca una cobertura estándar en una red prestadores públicos y privados.

Así, se acabaría el “descreme”, generando mayor equidad y un piso sanitario para la población, sin importar preexistencias, edad u otra distinción.

Esto promovería la competencia al incorporar prestadores capaces de ofrecer prestaciones al mismo costo del sistema público, con mejor capacidad de negociación y beneficiándose de la economía de escala.

Así, las Isapres pasarían a ser seguros complementarios que permitirían acceder a sus redes de prestadores, para quienes tienen más ingresos y así lo deseen.

Corregir nuestro sistema de aseguradores y prestadores es el único camino posible para que cualquier propuesta constitucional respecto del derecho a la salud sea viable y no se transforme en letra muerta. Se lo debemos a todos aquellos que no han recibido una atención de salud digna y oportuna.