La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, de la cual soy parte, ha despachado a la sala una moción tendiente a establecer una cuota de paridad de género para las candidaturas declaradas y ratificadas en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejales.
Si bien la situación de menor representación de las mujeres hace necesario avanzar en las cuotas para todas las elecciones plurinominales, tanto aspectos normativos como prácticos hacen desaconsejable implementar una cuota de paridad 50/50 para elecciones unipersonales, como son las de gobernadores y alcaldes.
En primer lugar, la disposición no favorece necesariamente que los partidos puedan presentar a las mujeres y hombres más competitivos.
Vistos en la obligación de cumplir con las cuotas, puede ocurrir que un pacto se vea en la necesidad de prescindir de candidatas o candidatos competitivos y bien evaluados por la ciudadanía. Ello no parece justo.
En lo práctico, genera un problema con todas las alcaldesas y alcaldes en ejercicio, si se aplica la regla de 50/50 para cargos unipersonales, como propone el proyecto, se podría dar al caso de terminar “bajando” a mujeres u hombres incumbentes.
Así, para cumplir con la cuota, se podría dar la situación de que los partidos tengan que excluir a ciertos ediles de competir, impidiendo a los votantes evaluar su continuidad.
Desde el punto de vista técnico, en la discusión no se abordó a fondo la complejidad de establecer un sistema de paridad para la presentación de candidaturas a cargos uninominales.
A ese respecto, la literatura comparada es clara en señalar que los sistemas de cuotas se aplican fundamentalmente para elecciones plurinominales. De hecho, en el debate de comisión, algunas expositoras plantearon dudas sobre los efectos prácticos y de implementación de esta normativa.
Al respecto, cabe hacer presente que en sistemas parlamentarios uninominales como en Reino Unido, existen prácticas de acción afirmativa que favorecen la presentación y la mayor consideración de candidaturas de mujeres en los procesos de selección, pero sin imponer una cuota para candidatas ratificadas y declaradas.
No menos importante, esta iniciativa puede entrar en colisión con otros elementos de nuestra institucionalidad electoral, como las primarias.
Si se aprueba una normativa que exija paridad en las candidaturas inscritas ante el Servicio Electoral, la utilidad de las primarias se vería seriamente afectada.
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