En estos momentos, donde nuestra preocupación es lograr una mayor y mejor integración social, vemos cómo en los distintos barrios de nuestras ciudades ha comenzado a aparecer el fenómeno de la gentrificación.
Un hecho que se ha instalado hace algunos años en nuestro país, y que tiene como uno de sus principales efectos el aumento del precio de las propiedades habitacionales, y consecuentemente, el de las contribuciones que ellas pagan.
Esta revalorización territorial también tiene otros efectos, como es el costo asociado a la vida en estos espacios, lo que induce que las personas que han residido por años en estos barrios tradicionales, los abandonen.
Esto aqueja principalmente a los adultos mayores, que al no contar con ingresos acorde a sus requerimientos, deben dejar sus casas de toda la vida con efectos en sus redes de apoyo, tanto familiares como sociales y que son extremadamente importantes en esta etapa de la vida.
No olvidemos que este impuesto es un gravamen al patrimonio y no a la renta, de ahí su carácter contrario a la progresividad y equidad tributaria que tanto se reclama como principio frente a una nueva reforma impositiva.
La integración social no puede ser concebida como una política pública que sólo se preocupa de traer personas a ciertos barrios que ya tienen una infraestructura adecuada para alcanzar niveles de calidad de vida razonable, sino también evitar que se vayan quienes ya residen en ellos durante años.