¿Desinformación o mala intención?

Apenas conocido el triunfo electoral de la derecha liderada por Sebastián Piñera, algunos medios de comunicación, en particular de El Mercurio y La Tercera, creyeron oportuno abrir un debate desinformado sobre la vigencia en Chile del Convenio sobre los pueblos indígenas, adoptado por la OIT en junio de 1989 y ratificado por Chile en septiembre de 2008. 

El Convenio N°169 es el único tratado internacional que reconoce las aspiraciones de los pueblos indígenas y tribales para que se respeten sus instituciones y formas de vida. Reconoce el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en aquellos temas legislativos y administrativos que los afectan directamente, específicamente cuando se trata de recursos naturales que se encuentran en territorios que los pueblos indígenas han ocupado tradicionalmente. 

Los medios de comunicación mencionados se hicieron eco de los llamamientos de algunos representantes empresariales que creyeron oportuno anticipar un pedido a la recién electa administración para que denuncie el Convenio N° 169 al cumplirse, en septiembre de 2019, el décimo aniversario de su entrada en vigencia para Chile.

En el caso de El Mercurio, se trata de un error recurrente dado que, en un editorial publicado hace tres años, el día sábado 3 de enero de 2015, ya se sugería: “Dada la nociva experiencia del Convenio 169, parece conveniente acogerse a su artículo 39, que permite su denuncia a la expiración de un período de diez años a partir de su entrada en vigencia. 

¿Falta de información o mala intención? La ratificación del Convenio  por Chile fue registrada por el Director General de la OIT, nuestro compatriota Juan Somavía, el 15 de septiembre de 2008 y su entrada en vigencia para Chile se produjo el 15 de septiembre de 2009.

En el 2019, contrariamente a lo que dejan suponer las desinformaciones publicadas, junto con las declaraciones de algunos voceros empresariales, Chile no puede comunicarle a la OIT que denuncia el Convenio  169.

La comunicación ridiculizaría al país dado que el Director General de la OIT, el sindicalista británico Guy Ryder, no puede darle ningún efecto a una comunicación de la denuncia recibida en el 2019. 

El Convenio se abre a la denuncia cada diez años a contar desde su entrada en vigencia internacional, en septiembre de 1991. En otras palabras, la próxima ventana para denunciarlo se abre en septiembre de 2021 y se cierra en septiembre de 2022. 

También sería incurrir en un error sugerir que la denuncia de un convenio internacional del trabajo depende de la voluntad del señor Presidente de la República.

Si el Gobierno chileno desea denunciar un convenio, se encuentra obligado a consultar con los interlocutores sociales (los representantes de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores) como expresamente lo exige el Convenio N° 144 sobre la consulta tripartita, otro importante convenio internacional del trabajo ratificado y vigente para Chile. 

En este contexto, cabe recordar que durante su segundo gobierno, la Presidenta Bachelet, no hizo otra cosa que defender  los decretos supremos que había promulgado su predecesor: el N° 40 del ministerio del Medio Ambiente, vigente desde diciembre de 2013 que dicta un Reglamento para el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el N° 66 del ministerio de Desarrollo Social, vigente desde marzo de 2014, que dicta un reglamento sobre la consulta indígena. En realidad, el primer gobierno del Presidente Piñera se acomodó muy bien al Convenio N° 169, ratificado por la Presidenta Bachelet. 

Chile ha sido uno de los últimos países latinoamericanos con una población indígena importante que adhiere a dicho Convenio. Su aplicación ha desatado polémicas y situaciones tensas no sólo en Chile, sino también en otros países latinoamericanos. 

Al anunciar el Plan de Reconocimiento y Desarrollo de la Araucanía, el 23 de junio de 2017, la Presidenta Bachelet reconoció que habíamos “fallado como país”,“quiero solemne y humildemente pedir perdón al pueblo Mapuche por los errores y horrores que ha cometido o tolerado el Estado, en nuestra relación con ellos y sus comunidades”. 

Cualquier intento de denunciarlo 169 sería reconocer un nuevo fracaso como país.

El Convenio N° 169, como un instrumento de buena gobernanza, es un instrumento de diálogo con todos los pueblos indígenas chilenos y una herramienta fundamental para el desarrollo de un país inclusivo que muestra el camino para la reconciliación.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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