Dogmatismo e ineficiencia
No es de extrañar que el gobierno no haya sido capaz de dimensionar la magnitud del malestar social por la aplicación de su modelo económico, los abusos y las privatizaciones.
Todos hemos escuchado los argumentos con que explican y justifican las políticas de mercado en salud, educación, pensiones, trabajo, impuestos, transporte, agua, electricidad, TAG, etc.
Es una posición ideológica que conforma una cosmovisión dogmática de quienes gobiernan. Paradojalmente, son justamente esos sectores los que siempre han acusado de una mirada “política e ideológica” a quienes tienen otra propuesta para enfrentar las legítimas demandas de la población.
Es cierto que el Presidente Piñera ganó la elección con un programa. Pero a estas alturas la población ha comprendido que no se han cumplido las promesas y ya no respalda la actual situación.
Se exige al gobierno soluciones de fondo para traer paz social. Eso significa un cambio de lógica del modelo y del papel del Estado. Es la hora de construir.
Hay un área que está más allá de las propuestas económicas. La protección de los ciudadanos.
Se le entrega al Estado el uso legítimo de la fuerza para que nos proteja y podamos tener una vida común civilizada y en paz. La ciudadanía se pregunta legítimamente
¿Dónde estaban los representantes del Estado cuando vándalos organizados quemaron las estaciones del Metro? ¿Dónde estaban cuando saquearon e incendiaron supermercados y otros diversos establecimientos?
¿Dónde estaba la inteligencia para prevenir?
Queda la impresión de que están más preocupados de las marchas pacíficas que de los delitos flagrantes.
Queda la impresión de que en vez de entrar a los territorios donde los narcos dominan, prefieren controlar los espacios públicos de la expresión democrática.
El gobierno tiene la obligación legal de exigir a la fuerza pública eficiencia y eficacia en el combate de los violentistas. Es muy triste que se haya suspendido la APEC YLA COP 25. Chile pierde.
La violencia es rechazada por la inmensa mayoría de los chilenos, que no entiende la autocomplacencia de quienes debieran ser capaces de detenerla, apresando selectivamente a los delincuentes.
No es posible que quienes tienen la potestad del uso de la fuerza lo hagan sin respetar los derechos humanos, en especial los Derechos del Niño. Esto lo han denunciado miles de personas e instituciones tan serias como el Colegio Médico, el Instituto de Derechos Humanos, Amnistía internacional, y nosotros lo estamos viendo en la televisión.
Aquí no puede haber ni por un minuto el beneplácito de nadie.
Es positivo que Karla Rubilar, la ministra vocera, haya dicho que “si hay algún militar o carabinero que haya violado los DD.HH. nos interesa que se investigue y sancione”.
Sería muy grave que se incubara una cierta ideología de rechazo a las pacíficas manifestaciones ciudadanas. El no acatar las directrices establecidas en democracia son una señal en ese sentido.
Mientras siga ocurriendo todo lo anterior en lo económico, lo político y en la seguridad, no se visualizará la luz al final del túnel.
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