El Derecho y la derecha

En general se entiende como Derecho al conjunto de normas obligatorias que se da una determinada sociedad por una parte, y el conjunto de las sociedades por otra, a fin de regular su convivencia y desarrollo. Y por derecha se entiende, también en general, al sector social partidario del conservadurismo, de no avanzar en el cambio social y que privilegia la concentración de los recursos económicos en poder de una minoría con desmedro del papel del Estado.

Dicho lo cual, traemos a la memoria del lector el hecho de que la derecha chilena, tal como sus pares de otras naciones, ha sido históricamente contraria al Derecho, por tanto a la Constitución y a la Ley, cuando tales instrumentos ponen en cuestión sus privilegios. Cuando así sucede, recurren a los factores del poder real, es decir los institutos armados y los medios de comunicación e imponen sus intereses por sobre todo lo demás sin importar los costos.

En nuestro país la historia está marcada por sucesos trágicos como la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, la de Ranquil, San Gregorio, del Seguro Obrero y tantas y tantas más, todas del mismo origen y objetivo, opresión de los poderosos sectores conservadores contra quienes lucharon por sus derechos.

Sin duda el peor crimen fue el golpe de Estado contra el Presidente constitucional Salvador Allende de septiembre de 1973. La Derecha y sus instrumentos políticos y empresariales, aleccionados y financiados desde el exterior (ver documentos desclasificados de la CIA), empujó, lamentablemente con éxito, al poder judicial y a la Cámara de Diputados, ambas entidades que no tenían atribuciones constitucionales ni legales para ello, a declarar ilegal al legítimo gobierno de la Unidad Popular. Para impulsarlo tuvo también el apoyo de los gremios manejados por la misma derecha.

No parece necesario citar la cantidad y perversidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos para imponer un nuevo modelo social que redujo al rol de “subsidiario” al Estado, institución que no es sino la organización política de la sociedad, entregando el poder efectivo a los reducidos grupos económicos que bien conocemos.

La propia Constitución de 1980, redactada entre 4 paredes por unos 4 individuos, y que todavía nos rige, es expresión de la contradicción de que hablamos entre el Derecho y la Derecha.

Todo lo cual traemos al relato a propósito de la activa presencia de abogados y dirigentes políticos de la derecha en tribunales en busca de la extradición y juzgamiento de Galvarino Apablaza, compatriota que fuera también víctima de la dictadura y al que, por su condición de dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, opositor a Pinochet, se le atribuye una supuesta “autoría intelectual” en la muerte de Jaime Guzmán, ideólogo de la dictadura.

Saben perfectamente que no es verdad, pero ahí se les ve subiendo escaleras de tribunales como si alguna vez les hubiera interesado el respeto a la vida, el respeto a la dignidad humana, el respeto al Derecho, nacional e internacional.

Lo cual sucede para peor cuando, como acaba de suceder, la Corte Suprema actuó de oficio para mantener en reserva los datos de los ex integrantes de la CNI que fueron recontratados por el Ejército como empleados civiles y que aún están activos en la institución. Un manto para arroparlos.

La indignante resolución se dictó a continuación de otra de la tercera sala del mismo tribunal que rechazó una queja en contra de integrantes de sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que, con toda razón legal y ética, había ordenado al Ejército entregar dicha información.

La Corte Suprema, en fallo dividido, estimó que dar a conocer los nombres de los agentes represores de la dictadura “vulnera la honra de los afectados ". ¿Honra los agentes de la CNI? ¿ En qué país estamos?

La Suprema preocupada de la dignidad, de la seguridad, de la vida privada, del probable hostigamiento, acoso y menosprecio social de estos criminales. Es el mismo tribunal al que, en cambio en dictadura, jamás le preocupó la vida, la dignidad, la seguridad de decenas de miles y miles de chilenas y chilenos asesinados brutalmente, hechos desaparecer, o torturados o encarcelados o desterrados arbitrariamente.

Por supuesto, la derecha calladita y contenta con la resolución.

En contraste con resoluciones como la citada, pocos días antes el propio presidente de la Corte Suprema, don Hugo Dolmestch, se había referido a otro hecho que sin duda guarda también relación con el tema de las violaciones a los derechos humanos.

Se trataba en ese caso de la quema de documentos de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) entre 1980 y 1982, los que incluían las investigaciones de la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva- por parte del Ejército.

A través de una entrevista radial el alto magistrado aseguró que  judicialmente podría investigarse y acumularse dentro del contexto de los derechos humanos, porque podría ser un hecho que altere lo que hemos conocido hasta acá”. Añadió que tal situación "podría dar la posibilidad para que la gente piense que se han ocultado, vía esconder y vía recluir alguna piezas que podrían haber sido de interés".

Debemos en justicia recordar que fue el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, quien solicitó una investigación en 2015 luego de que el Ejército declarara ante la Cámara de Diputados que los documentos fueron incinerados y que no existe algún respaldo de ellos.

La quema de documentos comprometedores de la responsabilidad de los agentes de Pinochet tampoco es tema para la UDI, para RN, silencio total. Menos le interesa a su candidato presidencial, orador principal en defensa del dictador cuando estuvo preso en Londres y que además no es un personaje especialmente preocupado del cumplimiento de  las normas jurídicas.

Y entonces vuelvo al caso de Apablaza para señalar que, además, resulta muy sugestivo que el tema haya sido reactivado en momentos  de inminentes pronunciamientos electorales. Aunque, de ser así, creo que no servirá a  sus propósitos políticos porque, a la luz de nuestra realidad histórica, esto de que la derecha hable de respeto a la vida no resulta creíble.

Y si de normas jurídicas se trata, recordemos finalmente que - como ha subrayado nuestro colega abogado don Alberto Espinoza - en este caso se ha mantenido la persecución penal por un hecho que está absolutamente prescrito. No se trata de un delito de lesa humanidad, no es imprescriptible. Continuar el proceso contraría la Ley. No es el caso de los crímenes de la dictadura de la derecha, por su esencia y naturaleza imprescriptibles.

Por idénticas razones tampoco es explicable la intervención del Estado en un hecho particular y menos, mucho menos, cuestionar el refugio concedido a quien, como ya dijimos, fue en su tiempo prisionero y torturado por la dictadura de la derecha.

Desde Facebook:

Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado

Edición
Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
Columnas recientes
Columnistas