¿El empleado le rebajará el sueldo a su jefe?
Seis años debieron pasar. Seis años que ocurrió de todo. Argumentos desde ChileVamos del tipo “mantengamos los sueldos altos para así evitar la corrupción”. Incluso sufrió un rechazo en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
Después de seis años, el Senado finalmente aprobó el informe de la comisión mixta para la reforma constitucional que fija por ley el monto de la dieta parlamentaria y otras altas remuneraciones del Estado.
El proyecto de ley impulsado originalmente en 2014 por los diputados del Frente Amplio Giorgio Jackson, Gabriel Boric y Vlado Mirosevic manejaba como evidencia clave una realidad incuestionable: el sueldo de los senadores y diputados en Chile alcanza 31 veces el salario mínimo ($9.349.851 mensuales). La propuesta siempre fue concreta y enfática,rebajar esta dieta parlamentaria automáticamente en un 50%, aplicándose conjuntamente para las altas remuneraciones del Ejecutivo (Presidente de la República y sus ministros; Gobierno y administración interior del Estado).
Del espíritu original de este proyecto fueron quedando sólo retazos y pese al alto respaldo ciudadano para su aprobación en los términos originales, la nueva ley (que aún debe promulgarse) no garantiza que los sueldos se rebajen significativamente pues sólo indica que el Consejo de Alta Dirección Pública (Consejo ADP) lo reducirá transitoriamente por una vez, mientras se conforme una comisión con rango constitucional especialmente creada para este fin.
En lenguaje futbolístico, el Senado pateó (una vez más) la pelota al córner y lo hizo con una estrategia tan antigua como calculista. La Cámara Alta se lavó las manos y no asumió el guarismo, argumentando que aquello debía resolverlo una instancia técnica. La pelota está ahora en el Consejo ADP, institucionalidad creada en 2003 tras un acuerdo político-legislativo entre el gobierno del Presidente Lagos y la oposición de la época (que articuló Pablo Longueira) con el objetivo de aportar a la modernización y transparencia de la gestión pública mediante concursos públicos para seleccionar a los altos directivos públicos.
Para nadie es desconocido que este Consejo es un organismo eminentemente político en su estructura y composición, que conjuga un papel técnico ejecutado por el Servicio Civil para cumplir eficazmente su rol. Así lo establece la propia legislación que crea esta institucionalidad.
De los cinco consejeros que lo integran, cuatro son designados por el Presidente de la República ratificados por 4/7 del Senado. En el caso de quien preside el Consejo ADP, la ley indica que este rol lo ejerce el Director(a) Nacional del Servicio Civil, quien a su vez, es designado por el Presidente de la República en su calidad de cargo de confianza política.
¿Los consejeros ADP tienen la suficiente autonomía para rebajarle el 50% del sueldo a los mismos senadores que ratifican sus designaciones en la Cámara Alta?
¿El Presidente del Consejo ADP tiene la libertad para rebajarle el 50% del sueldo a su propio jefe?
El Consejo sabe que su expertise por antonomasia consiste en la gestión transparente del Sistema de Alta Dirección Pública en cuyo desempeño se ha destacado. También sabe que fijar las remuneraciones del Estado no está dentro de su mandato legal y tampoco es parte de sus atribuciones. Dada la estrecha relación política entre el Consejo ADP y el Senado hay suficientes incentivos para pensar que tendrá constantes presiones y más de algún conflicto interno para ejercer este rol.
Si la señal que pretende entregar el Senado es generar confianza y transparencia al mandatar a este Consejo para fijar la nueva dieta y remuneraciones, su actual composición no ayuda precisamente a este propósito. Como nos recuerda una investigación de CIPER, dos de los actuales consejeros, Cristina Orellana (DC) y Eduardo Riquelme (RN) estuvieron involucrados en el escándalo del financiamiento irregular de la política, dado que emitieron boletas a empresas del Grupo Angelini (Orellana) y PENTA (Riquelme) que luego rectificaron ante el SII cuando se investigaron aportes ilegales a campañas electorales.
El Senado no optó por una salida técnica de lo contrario hubiese solicitado esta responsabilidad a la Dirección de Presupuesto (DIPRES) con la respectiva ratificación de la Contraloría General de la República en su calidad de organismo autónomo. Cabe recordar que la DIPRES se especializa en materias de remuneraciones y finanzas públicas a través de la Subdirección de Racionalización y Función Pública mediante el estudio, análisis, diagnóstico y diseño de políticas de administración de personal e institucionalidad pública, valiéndose de especialistas financieros y técnicos que elaboran informes y propuestas.
En este escenario, la decisión del Senado confunde y genera tensión en una institucionalidad como la Alta Dirección Pública, que se ha debatido desde su creación por un alma técnica y política. Hoy deberá lidiar fuertemente con la segunda, que inevitablemente pesará en cualquier decisión técnica que adopte.
Las expectativas y responsabilidades que recaen sobre el Consejo ADP son altísimas, más aún sabiendo que el espíritu del proyecto original se ha ido alejando mediante la señales dadas por el Senado.
Cualquier monto menor al 50% en la rebaja de los salarios será una nueva señal de lejanía entre la clase política y la ciudadanía. Ahora dependemos del Consejo ADP si se siguen o no manteniendo los privilegios de la clase política.
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