En defensa de la educación
La acusación constitucional contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa presentada por un grupo de diputados de oposición es de las más absurdas e injustas de que se tenga memoria en la historia legislativa y del debate político de los últimos 30 años. Responsabilizar al ministro Figueroa por cumplir responsablemente su mandato legal de permitir y facilitar, en forma gradual y segura, el regreso a clases presenciales a millones de escolares a lo largo del país equivale a darle un espolonazo al sistema educacional chileno. Es como sancionar a un conductor de tren por mantenerse en la línea férrea para evitar un accidente.
En lugar de priorizar el derecho de nuestros hijos de volver a clases presenciales, algunos sectores políticos sólo buscan obtener, a través de esta acusación, un resultado político pueril y de corto plazo frente a las enormes necesidades que tienen los alumnos como consecuencia de la pandemia. Para un grupo minoritario de parlamentarios la acción constitucional es un simple recurso electoral, que justifica ser ejercido para infligir al gobierno una derrota política, sin medir las consecuencias o impacto en nuestros alumnos. Desde esta perspectiva, estamos a tiempo de evitar que la acusación constitucional se convierta en un golpe al corazón del derecho a la educación, del cual los alumnos serán sus primeras víctimas. Simplemente no entienden que una derrota del gobierno es una derrota de todos nuestros hijos.
Aun cuándo hay suficiente evidencia científica avalando que las salas de clases no constituyen un ambiente de riesgo para los alumnos, algunos políticos prefieren omitirla o ignorarla. Nuestros hijos no sólo necesitan volver a clases, sino que nos lo reclaman a diario. Ya no se trata sólo de un problema de aprendizaje cognitivo -que acrecentará las brechas y desigualdades ya existentes-, sino que también de un problema de formación y desarrollo integral de los alumnos.
Al desconocer o ignorar la evidencia internacional, así como el respaldo de organismos internacionales y nacionales, tales como Unesco, Unicef, UNICEF, FAO y la Sociedad Chilena de Pediatría, entre otros, los parlamentarios que impulsan esta acusación constitucional la convierten indirectamente en un cuestionamiento en contra de tales entidades, todas las que, sobre bases científicas y dejando de lado posiciones ideológicas, han recomendado el retorno presencial a clases. En este sentido, el ministro Figueroa sólo se ha limitado a seguir los lineamientos y sugerencias de estos organismos.
¿En verdad nos queremos transformar en el primer país del mundo en acusar y eventualmente destituir a un ministro de Educación por impulsar el retorno a clases? Es de esperar que la gran mayoría de los parlamentarios comprenda lo que está en juego con esta acusación.
Una gran mayoría de chilenos quiere seguir viendo al ministro Figueroa desplegando todos sus esfuerzos -en tiempo y energía- para permitir un regreso presencial, seguro y gradual a clases. Causa molestia y frustración que todo ese empeño deba desviarlo, aunque sea parcialmente, para defenderse de una acusación injusta. Frente a un desafío tan importante, como es la educación de nuestros hijos, nos gustaría ver a todos los parlamentarios apoyando al ministro Figueroa, en lugar de cuestionarlo. Rechazar esta acusación constitucional es defender la educación.
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