Irresponsable estrategia de la derecha frente al proceso constituyente
Pareciera no haber dos opiniones en la mayoría del país acerca de que este es un gobierno fracasado. Esto, ya se vislumbra en el transcurso de su primer año de gestión, en que van surgiendo indicadores inequívocos de cómo las diferentes promesas de campaña del entonces candidato Piñera y su coalición política denominada Chile Vamos, se van cayendo estrepitosamente: crecimiento, empleo, distribución del ingreso más equitativo, seguridad ciudadana, mejor medio ambiente, sistema previsional reformado.
El movimiento social de octubre del 2019 y la presencia del Coronavirus, dejan al descubierto un gobierno aferrado a su ideología y caracterizado por una gestión llena de impericias, con desconocimiento de la realidad social, con acciones tardías e insuficientes y dotado de un dogmatismo e incapacidad para entender y adentrarse en lo sustancial de lo que vive la sociedad chilena.
El estallido ciudadano está vinculado a una falta de voluntad política para llevar a cabo las transformaciones que el modelo de desarrollo imperante demandaba, lo que fue generando un acumulativo proceso de injusticia social, exclusiones y abusos que derivaron en una severa tensión y posterior conflicto social.
Sin embargo, no se puede soslayar que este movimiento va precedido por una ola de protestas a partir de comienzos del nuevo siglo, a la vez que hunde sus raíces en una Constitución “a la medida” para proteger y conservar una democracia bajo la égida de la Seguridad Nacional y llena de trampas y cebos destinados a obstruir cualquier intento de cambio.
Es así como, tal cual lo expresan los propios partidos políticos transversalmente, el llamado “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, es una respuesta a la crisis que vive el país, expresada en importantes y masivas movilizaciones de la ciudadanía.
Con el correr de los meses y enfrentado al próximo plebiscito, las fuerzas gubernamentales y los partidos políticos que conforman Chile Vamos, comienzan a ver con especial temor los resultados del plebiscito, así como la posterior redacción de una nueva Constitución de manos de la ciudadanía, al ganar no solamente la opción Apruebo, sino que también el procedimiento de la Convención Constitucional.
La derecha comienza a leer con mayor claridad algo que la oposición no ha socializado suficientemente entre los electores, esto es, que estamos frente a un momento y oportunidad única después de largas décadas para desplazar y superar definitivamente el neo-liberalismo, junto a su andamiaje valórico-cultural que configura parte esencial de su núcleo ideológico, individualismo, mercantilización de la vida, neutralización del poder político, extractivismo, competencia, exclusión, consumismo.
Ante esta amenaza, se ha comenzado a desplegar una estrategia, tanto por parte de sectores del gobierno como de la coalición política oficialista, que apunta en dos direcciones.
La primera, consistente en una suerte de “modernismo gatopardista”, que se expresa en un discurso y actitud que declara su opción por el Apruebo, lo que va acompañado de propuestas y medidas de modificaciones importantes para el futuro del país en diferentes ámbitos, que les permita posar de progresistas y abiertos (open mind), pero en que el objetivo real es mantener el statu-quo sin transformaciones realmente estructurales.
Sobre la posibilidad de que muchos militantes de Chile Vamos o miembros del gobierno digan que van a votar por el Apruebo, de manera de mimetizar ante la opinión pública un eventual categórico triunfo de esta opción, parece algo sociológica y políticamente impresentable, al mismo tiempo que refleja un típico ejemplo de confundir lo que a uno le gustaría que las cosas fueran con lo que las cosas realmente son.
En relación con el giro político “progresista o socialdemócrata”, lo que se busca es conquistar un contingente importante de votantes para su principal y gran objetivo, elegir al menos un tercio de los miembros de la Convención Constitucional.
Es aquí donde emerge la sombra inquietante y la lógica perversa del ex sistema Binominal que, para estos efectos, implica que, una vez obtenido un tercio de los miembros de la Convención Constitucional, estos se encapsulen y actúen con una no disimulada intención de obstruir, vetar y/o transar aspectos esenciales de los nuevos contenidos constitucionales que el otro porcentaje de constituyentes quiere plasmar en dicho texto.
Contenidos estos últimos que, por lo demás seguramente formarán parte de los condicionantes básicos para las transformaciones imprescindibles en el país.
Los casos recientes más paradigmáticos de esta estrategia, sin duda corresponden a los políticos largamente conocidos Joaquín Lavín y Pablo Longueira.
El caso del primero y su capacidad infinita de mimetización, ya ha sido comentada e hilarizada suficientemente en diversos medios y análisis.
En relación con Pablo Longueira, pareciera que se hubiera tomado una pócima “de última generación” que lo hizo dormitar largamente y ahora emerge hablando con un lenguaje y categorías definitivamente trasnochadas y provisto de una altanería sorprendente y me imagino irritante para gran parte de la derecha.
“Comunica” que quiere ser presidente de la UDI, “comunica” que quiere ser constituyente y, al borde del paroxismo auto referente, expresa: “he sido el político más honesto de Chile”(¿no será un poquito mucho?
La segunda línea estratégica está dirigida a deslegitimar, ningunear o derechamente no realizar el plebiscito. Se argumenta por parte de representantes de la derecha que, en el caso de haber una baja participación, el proceso carecería de representatividad y su validez se pondría en cuestión.
Es curioso que ellos hayan ya olvidado que en la elección del actual presidente Piñera votó solo el 46% del padrón electoral y nunca escuché de parte de ellos decir que dicha elección fuera ilegítima.
Para su tranquilidad, habrá que decirles que toda la información disponible de encuestas y mediciones, apuntan a una concurrencia por sobre el 50%.
Agreguemos que, el creer que la ciudadanía no va a concurrir a las urnas el 25 de octubre, es otro indicador de cómo ciertos grupos no han entendido aún el alcance y las implicancias de la gestación de este histórico evento.
Complementa la segunda estrategia de la derecha política, el asumir una especial preocupación por lo poco conveniente que será llevar a cabo el plebiscito en medio de una pandemia, lo que lleva la no disimulada intención de abogar por su suspensión.
Nuevamente las contradicciones de esta posición son evidentes, no solo por provenir de quienes sistemáticamente pusieron la economía por sobre la salud de las personas, sino también porque es precisamente su gobierno el que ha tenido la responsabilidad de haber enfrentado la pandemia, debiendo esperarse que, después de siete meses, el país estuviese en otra situación al respecto. Además, hay experiencia internacional probada y exitosa que permiten tomar medidas para la realización segura de estos actos en medio del Coronavirus.
Pero, sin duda que el error más severo de la estrategia derechista, lindando con la irresponsabilidad democrática, consiste en su incapacidad para comprender e internalizar la profundidad y el sentido del proceso constituyente.
La génesis de éste da cuenta de la evidente incapacidad que fue mostrando nuestra sociedad para dar respuesta a las necesidades más sentidas por la gente, lo que fue acompañado por el quiebre de las identidades políticas, particularmente de las organizaciones partidarias.
Es precisamente como consecuencia de esta realidad que se abrió un espacio para que el movimiento de octubre asumiera el rol de “vocero” ciudadano y a través de discursos, símbolos, emblemas y consignas, haya presionado sobre las elites de poder para la satisfacción de numerosas y diversas demandas.
El proceso constituyente cuenta así con una legitimidad democrático-popular, a partir de una de las expresiones más notables de la voluntad soberana después de muchas décadas. Es el salto cualitativo desde el poder monitoreado por el mercado y la racionalidad instrumental hacia el poder ejercido por los propios ciudadanos autoconvocados.
Estamos en presencia de mecanismos y contenidos forjados por la mayoría de los chilenos que, a modo de una afiatada sintonía, quieren construir nuevas confianzas recíprocas, pero con la audacia y coraje necesarios para transformar un país injusto.
Intentar despojar y/o frustrar esta conquista inmensamente mayoritaria, es irresponsable e implica una afrenta a nuestro futuro democrático.
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