Modernización del Estado, prioridades dudosas
La crisis del Sename, del Registro Civil, Gendarmería y otras reparticiones públicas, han abierto el debate de una asignatura pendiente: la modernización del Estado y cuáles son las prioridades en esta política pública. ¿Por qué prioridades? Porque hay muchas necesidades en el Estado, muchas reparticiones que requieren más recursos y mejoras y eficiencia en la utilización de los mismos, por lo que es necesario una ruta que se focalice en aquéllas de mayor preeminencia, para volcar ahí, con más intensidad, las energías modernizadoras.
Como propone Mark Moore, de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en Harvard, las instituciones del Estado y sus gestores deben crear valor público (solucionar problemas, satisfacer necesidades y habilitar el ejercicio de los derechos, fundamentalmente). La idea es lograr que con los recursos asignados se produzca el mayor valor público que sea posible.En uno de sus libros muestra varios ejemplos, como la gestión de la basura y reducción de la contaminación, los centros de menores en los Estados Unidos o el desarrollo y planificación urbana.
Moore se rebela ante la idea que las instituciones estatales sólo hacen lo que les define el poder político. Al contrario, propone que nazcan medidas creativas e, incluso, audaces dentro de una estrategia (“political management”), pasando desde un enfoque burocrático hacia uno más asociado al emprendimiento. Pero en Chile ya parece claro que nos aqueja una crisis de buenos gestores públicos, y al Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) y la lógica de las “confianzas” aún tienen caminos por recorrer para seleccionar a los verdaderamente mejores. A los que pueden llegar a generar un mayor aporte para el país a través de la innovación.
Por otra parte, cuando se discute sobre la crisis del Sename, y el apremio de tener una institucionalidad robusta para proteger a los niños, finalmente se resume en que se necesitan más recursos económicos. Cuando vemos el problema de la Salud, sobre todo en los hospitales públicos, muchos atestados de gente en los servicios de urgencia, o las largas listas de espera, las deudas que no se pagan, se termina también en la variable económica. Lo mismo en tantas áreas prioritarias como educación o vivienda. Sin los recursos económicos adecuados es difícil avanzar. La piedra de tope se repite una y otra vez, y por ello la buena gestión es tan vital.
Por eso es que llama la atención el gasto que significaría el nuevo SERNAC que está patrocinando el Gobierno y que actualmente se está discutiendo en el Senado. Y llama la atención y surge la duda sobre qué es lo prioritario para una administración.
En base a información disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional, "Síntesis de la incidencia financiera de los proyectos de ley (...) mayo-julio de 2015", se refieren a este proyecto: "…el mayor gasto fiscal del Proyecto de Ley es de $1.784 millones para el primer año, $15.195 millones para el segundo, $20.883 millones para el tercero y $24.594 millones a partir del cuarto año”.
Por otra parte, el proyecto de ley del nuevo SERNAC establece, en el artículo sexto transitorio, que "el mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley durante su primer año de vigencia, se financiará con cargo al presupuesto del Servicio Nacional del Consumidor, y en lo que faltare, con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público, de la Ley de Presupuestos del Sector Público".
O sea, simplificando, este nuevo organismo sería 24 mil millones más caro anualmente que el actual, siendo que, según algunos expertos, los reclamos en el SERNAC a nivel nacional han caído en un 11,7% desde 2012.
Luego, es importante saber y determinar si acaso no estaremos pagando un camión con acoplado para ir a comprar el pan, o no. No está claro que opere con eficiencia la priorización del gasto en la modernización del Estado. Existen necesidades bastante más urgentes y 24 mil millones al año pueden llegar a solucionar más de algún problema que hoy inquieta a la ciudadanía.
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