Previa de un despojo constituyente
El poder soberano radica en el pueblo, y ad portas de un plebiscito constitucional, es el momento crucial para analizar la legitimidad de origen que tiene este borrador de texto constitucional y revisar las condiciones y mecanismos de distribución de poder que se generaron para su elaboración.
En un país acostumbrado a constituciones autoritarias, este nuevo escenario obliga a revisar una historia llena de engaños y expectativas no cumplidas. En definitiva, el sueño siempre ha excedido la realidad.
El actual sistema político chileno se sustenta bajo una legitimidad de origen remontada al período comprendido entre el 5 de octubre de 1988 (plebiscito nacional) y el 11 de marzo de 1990 (inicio del mandato de Patricio Aylwin). A mucha diferencia de los que creen que esto se cimienta plenamente en el año 1980.
Luego del triunfo del No, la Concertación y los partidos partidarios de la dictadura acordaron realizar una reforma constitucional con el objetivo de una "transición consensual a la democracia", dándole la legitimidad de origen que le faltaba a la Constitución pinochetista de 1980. Ambos sectores llamaron a aprobar este plebiscito constitucional del 30 de julio de 1989, logrando 91,25%, con lo que se legitimó la continuidad del proyecto político neoliberal iniciado en dictadura.
El contenido de estos acuerdos es conocido: sistema binominal, leyes orgánicas constitucionales, quórums altos para reformas constitucionales de 2/3, e incluso un conjunto de leyes orgánicas que fueron publicadas el último día del régimen militar. En ese momento "constituyente" se renunció a la convocatoria de plebiscitos, reactivada en el famoso noviembre de 2019: el "Acuerdo por la Paz", producto del aumento de la violencia y movilizaciones en las calles, que tenían al Poder Ejecutivo y a un Presidente por las cuerdas.
El ahora borrador del texto constitucional en cuestión se realizó bajo un mecanismo y metodología definida por los partidos políticos, en ausencia total de participación ciudadana, bajo lo expuesto en la Ley 21.200 dictada del 24 de diciembre de 2019, que justamente se basa en el "Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución" hecha entre partidos políticos que carecían de representatividad real, realizado en paralelo a las múltiples mutilaciones oculares ocurridas en las calles e ignorando completamente los cabildos comunales y autoconvocados que ya habían tomado vuelo propio, coaptando e interrumpiendo un proceso natural republicano que data por décadas en nuestro país, y que se dio en este caso en medio de vientos donde no se vio flamear ninguna bandera partidista.
La ley 21.200 estableció varios puntos que han regido este proceso que finaliza este 4 de septiembre. Uno de ellos es el DFL N°2 2017 del MinSegpres, donde los medios de prensa o radioemisoras pudieron adecuar oportunamente las tarifas para su propagada debiendo informar de ello al Servel. Grandes ganadores de toda esta campaña son empresas de televisión abierta y grandes grupos de radioemisoras, incluyendo algún que otro medio de comunicación con logo independiente pero que finalmente han resultado ser afín al gobierno de Boric o a partidos de oposición.
Por otro lado, el Congreso fijó un total de $14.336.950.000 como tope total de los aportes individuales a los partidos políticos para la elección de constituyentes, pero sólo $2.700.000 a organizaciones civiles, es decir ¡a río revuelto, ganancia de partidos políticos! Como corolario el mundo independiente fue invitado sólo de manera simbólica, bajo desigualdad de recursos y todo al amparo del Servel que no es otra cosa que una institución formada por partidos políticos.
Otro texto que merece ser considerado es el DFL Nº 4 del año 2017, donde destaca que los partidos políticos deben expresar el pluralismo político y concurrir a la formación y expresión de la voluntad popular, contribuyendo a la integración de la representación nacional y siendo mediadores entre las personas y el Estado. Esto claramente es lo contrario a lo sucedido en ese proceso que se inició el 18-O, ausente de todas las banderas políticas partidarias.
En conclusión, el proceso constitucional se llevó a cabo a la suerte de los partidos políticos de escasa representatividad, bajo la misma estructura de financiamiento actual utilizada en elecciones para el Congreso, entre la cual se incluye los aportes trimestrales a los partidos, donde 80% del monto se distribuyó a prorrata de los votos obtenidos.
Un punto particular es que los funcionarios públicos y trabajadores del Estado pudieron hacer uso de un permiso sin goce de sueldo mientras sirvieron a la Convención, dejando fuera al mundo privado que es la mayoría del país.
En otros términos, lo preocupante es el proceso se llevó a cabo bajo esta misma estructura política, de financiamiento y formación de partidos políticos deslegitimada y "artificialmente" sobrerrepresentada (véase Refichajes ilegítimos del año 2017, columna publicada por Ciper), que culminó en un estallido social muy profundo y que cambió totalmente la lógica de entender el poder en Chile, ignorando e interrumpiendo los cientos de cabildos realizados desde largos años, muchos de ellos durante los meses posteriores al estallido, donde existen proyectos e ideas construidas desde las bases ciudadanas, pero que fueron tristemente ignoradas.
El país se encontró en una hermosa y única oportunidad para que el poder originario logre reflejar sus intereses en una nueva carta magna, pero el resultado fue mantener el mismo esquema desde 1989 y no es difícil presagiar que esto sólo generará un nuevo descontento a futuro. El despojo del poder soberano histórico y crónico en Chile una vez más se hace presente. La historia de Chile lo avala, lo más reciente fue el año 1989 y a buen juicio crítico este próximo lunes no habrá nada que celebrar para el ciudadano de pie.
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