Seguridad nacional: Necesitamos tratamiento de shock

Patricio Young

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Qué duda cabe que estamos enfrentados a un crucial momento de nuestra historia frente a la crisis de inseguridad que vivimos.

Cuando hablamos de una acción de Shock estamos refiriéndonos a que el paciente país debe entrar ya a la UCI para atacar el problema, después se podrán hacer las acciones y tratamientos que aseguren la recuperación permanente y definitiva de la salud social.

Sabemos también que éste es un problema sistémico que tiene sus derivadas diacrónicas; en la pobreza, la desigualdad social, el consumismo, los anhelos aspiracionales desmedidos, entre otros. Y sincrónicas; en la responsabilidad de diversas instituciones; Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros, PDI, Poder Judicial, Parlamento, Fiscalía, Policías Marítima, Aduanas, Impuestos Internos, Municipalidades, Los Barrios, las Familias. En definitiva, todos estamos involucrados no solo en el sufrimiento del problema, sino también en ayudar a su solución. Aunque de todas éstas, sin duda las de mayor responsabilidad son el Gobierno, las fuerzas de Seguridad Pública, el poder judicial, el Ministerio Público y el Parlamento.

Para realizar una acción de Shock se torna imperioso la generación de signos evidentes de la disposición del Estado, junto a un trabajo mancomunado de todos los involucrados buscando que no se presenten grietas por donde entre la delincuencia. Para ello se requiere que todos los actores estén en actitud de batalla y no se limiten solo a mirar la realidad desde las alturas.

El Gobierno tiene el deber y la obligación de tomar todas las medidas que lleven en el más corto plazo a revertir la situación. Recuerden que estamos en la UCI. Si para ello debe recurrir a las Fuerzas Armadas, como ya lo ha hecho en el extremo norte y en la zona sur, con algún éxito, debe dejar su "ideologismo" de lado y sacarlos a prestar algún apoyo dentro de lo que la ley permite.

Primero es una muestra clara y concreto que estamos en guerra contra la delincuencia. Eso quedará absolutamente en evidencia. Segundo, será una instancia disuasora, que, si logran prevenir algunos asaltos, robos y asesinados ya cumplió su fin. Cada día que el Gobierno se demora y cada vida que se va, los debiera invitar a preguntarse por su responsabilidad al no tomar todas las decisiones que hoy se requieren.

Por otra parte, en el trabajo mancomunado de todas las instancias involucradas, el rol del Poder Judicial es fundamental. No puede dedicarse a mirar desde sus escaños, cubierto por un chal en invierno, para dirimir juicios solamente cuando tiene una responsabilidad sobre todo lo que funciona y no funciona en este poder del Estado. La Corte de Apelaciones debió revertir la descriteriada decisión del juez, cuando ya se había traspasado información, pero todo el país se pregunta: ¿Qué pasó con ese magistrado? ¿Cómo fue sancionado? Por otra parte, si saben que existe tanta reincidencia con delincuentes que han sido detenido decenas de veces y siguen delinquiendo porque la ley lo permite, es responsable también de hacer presente al Poder Ejecutivo y Legislativo del problema y urgir una modificación de la ley, pero no puede limitarse a decir, "es que no podemos hacer nada".

El Poder Judicial, Impuestos Internos, Aduanas y todos los organismos involucrados deben tener una actitud proactiva de cara al país, porque son los que aplican la ley y muchas veces los legisladores no pueden ver las rendijas o forados que quedan de las mismas y que se constatan solo en su aplicación y ejercicio. Sin una mirada de corresponsabilidad será imposible lograr un efectivo control de este flagelo.

Por último, debemos poner en estado de guerra a toda la población. Ello significa que, en la medida de sus posibilidades sin arriesgar su integridad física, estén aportando información. Es para ello necesario, por una parte, difundir más y mejor los medios existentes para hacer las respectivas denuncias. Por otro, hay que asegurar que sean tomadas en cuenta y no caigan en el vacío. Para ello es preciso que esa instancia tenga una supervisión superior de otros organismos del estado y no del mismo que lo ejecuta.