Cómo aumentar la disponibilidad de vacunas y proporcionar el acceso a las tecnologías para prevenir o tratar el Covid-19 es un desafío de la humanidad. Afortunadamente, ya han pasado los días en que no teníamos vacunas ni tratamientos a los que recurrir. Gracias al aporte de fondos sin precedentes por parte de algunos gobiernos y filántropos, alianzas estratégicas, compras anticipadas y otros mecanismos de financiamiento para centros de investigación, se han alcanzado avances sorprendentes. Sin embargo, esos frutos no han estado a disposición de todos, ya sea porque los países de altos ingresos han acaparado esas vacunas y tratamientos, o porque el acceso a los conocimientos para producirlos se ha restringido mediante los derechos de patentes, secretos comerciales y otros derivados de la propiedad industrial/intelectual.
Esto ha llevado a que exista a nivel mundial una evidente inequidad en el acceso a vacunas. Según el último informe del Panel Independiente de Expertos de la OMS, más del 67% de la población de todos los países de ingresos altos ha sido completamente vacunada contra el Covid-19, pero en los países de bajos ingresos, menos del 5% de las personas ha recibido -incluso- una dosis, y esa cifra ronda incluso más bajo en muchos otros.
Para atenuar las restricciones impuestas por la propiedad a la expansión de la producción y distribución de las tecnologías para el Covid-19, el año pasado se propuso por India y Sudáfrica una moratoria de las obligaciones sobre propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio, propuesta conocida como el Trips Waiver, y que cuenta con el apoyo de 62 países copatrocinadores, además de Estados Unidos en lo que se respecta a vacunas, pero que en la actualidad sufre una fuerte oposición por parte de la Unión Europea que ha demorado encontrar soluciones.
También el 2020, el presidente de Costa Rica planteó una iniciativa que busca hacer accesible el conocimiento para la producción de las tecnologías para el Covid-19 de manera voluntaria por parte de los titulares de la propiedad intelectual y del conocimiento, mediante lo que se denominó Covid-19 Technology Access Pool (C-TAP), mecanismo que depende de la buena voluntad de las farmacéuticas y centros de investigación que tienen las patentes y el know how.
Lamentablemente, esta última iniciativa fue rechazada por los titulares de las vacunas y tecnologías más exitosas, como Pfizer, Moderna y otras (a pesar de haber sido receptoras de cuantiosas sumas de financiamiento público). Por otra parte, los gobiernos, incluso aquellos que -como Chile- apoyaron la iniciativa en foros internacionales, no han colaborado en la difusión de la iniciativa ni establecido incentivos para su participación por parte de los centros de investigación y otros titulares del conocimiento.
En este contexto, la pregunta es ¿qué puede hacer Chile para mejorar esta situación?
En cuanto al C-TAP, si bien universidades de vocación de servicio público, como la Universidad de Chile, ya se han aproximado al equipo de la OMS/C-TAP, se hace indispensable que tanto el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en colaboración con el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), generen capacitaciones a las oficinas de transferencia tecnológica de Chile sobre las alternativas para participar, ya sea como receptor o aportante de tecnologías mediante el C-TAP. También, sería relevante propiciar una mesa de diálogo para identificar los incentivos que puedan fomentar la participación en esa iniciativa.
Por lo demás, si bien la solidaridad es un incentivo importante para los investigadores y oficinas de transferencia tecnológica que desean licenciar sus tecnologías para el Covid-19, por intermedio del C-TAP, también pueden dar a conocer sus innovaciones y generar estrategias para nuevos mercados, en la medida que el licenciamiento mediante el C-TAP no excluye la posibilidad de mantener el pago de royalties, siendo lo relevante el que sean licencias no exclusivas y transparentes.
Así las cosas, particularmente para un país del fin del mundo, participar en el C-TAP puede ser un impulso de grandes oportunidades para sus investigadores.
Con respecto a la moratoria de los derechos de ADPIC (TRIPS), dado que significará ampliar la disponibilidad de productores de estas tecnologías beneficiando en cantidad y precio a todos los chilenos, esperamos que Chile no obstruya y apoye la iniciativa, tal como ya lo ha hecho EE.UU.
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