Constitución y salud: un camino equivocado

Juan Carlos Said

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La idea de consagrar constitucionalmente que las cotizaciones en salud puedan ir a un seguro público o privado, propuesta por el constituyente republicano Luis Silva, es simplemente una mala idea, un camino equivocado. Se trata de una propuesta que limita las opciones de soluciones al problema del financiamiento en salud y no resuelve nada.

Limita las soluciones, dado que deja fuera -por ejemplo- la posibilidad de un seguro universal en salud, que recoja todos los 7% y permita atención en una red público y privada. Es decir, tener un sistema de salud como el australiano, el canadiense o el danés estaría prohibido constitucionalmente.

Pero no sólo eso, deja también fuera a un sistema como el alemán. En ese sistema las cotizaciones van a un fondo único, que distribuye esos recursos a los distintos seguros sociales privados, que a su vez pagan las atenciones para los pacientes. No todos los alemanes pueden elegir un seguro privado con fines de lucro (tipo isapre). Para evitar que este último tipo de seguro sólo seleccione a los pacientes más sanos y de altos ingresos, sólo se puede optar a un seguro privado si se gana más de 66.000 euros al año. Además, existen restricciones de edad para volver al seguro social público una vez que se ha migrado al privado.

Más aún, no resuelve nada, dado que el problema de financiamiento sigue siendo legal. Aun cuando la Constitución consagrara que nuestro sistema de salud debe ser igual al inglés o al alemán, todos los cambios requieren grandes reformas legales. El problema sigue siendo político, agravado por la atomización extrema del Congreso y ahí debería estar el foco para avanzar en soluciones por la vía constitucional. Uno de los principales objetivos de los constituyentes debería ser promover un nuevo sistema político, que equilibre adecuadamente la necesidad de renovación con la necesidad de promover coaliciones que permitan estabilidad y grandes acuerdos.

Por otra parte, el que las cotizaciones, constitucionalmente, puedan ir a un seguro público o privado es una señal de alarma para la izquierda, que si bien transó en muchas cosas en el borrador de Constitución, se opuso sistemáticamente a fijar en ella destino de cotizaciones. Si lo que se desea es que la Constitución no se apruebe, establecer esto en ella será la forma más fácil de darle un claro motivo a un gran sector del país para rechazar.

No obstante, necesitamos cerrar el ciclo y tener una Constitución democrática. Con el rechazo, no gana la democracia, si no los populismos y populistas, que acechan con ofertas de soluciones fáciles a problemas sociales muy complejos.

Finalmente, no por nada 10 exministros, lista que incluye a Helia Molina y Osvaldo Artaza, pero también a Emilio Santelices y Jaime Mañalich, entre otros, sumados a diversas personas vinculadas a la salud -entre las que me incluyo- suscribimos en abril de este año una carta planteando que "la forma en que se financia, se organiza y se estructura la prestación pública y privada de servicios de atención, debe quedar sujeta a futuras legislaciones".

Necesitamos una Constitución que consagre en forma amplia un estado social y la salud como un derecho, y que lejos de "cerrar la cancha" a diversas opciones igualmente razonables de financiar un sistema de salud, permita a los legisladores de hoy y del futuro buscar el sistema que mejor se adapte a la voluntad de las personas y a las necesidades sanitarias del país.