La conciencia, ¿libertad u objeción?

Está muy presente hoy en los medios de prensa la cuestión de la conciencia como un aspecto que ha emergido desde la ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. 

Si la conciencia es el sentido moral propio de una persona que permite enjuiciar los actos - en especial los propios - sobre la base de la dignidad humana y de la autonomía personal (Declaración Universal de Derechos Humanos), se entiende que esto deriva del multiculturalismo y consecuente pluralismo propio de las sociedades democráticas contemporáneas.

Es posible afirmar desde luego que estas ideas se traducen en el juicio moral reflexivo y valor jurídico del respeto a la conciencia ajena, pues la aceptación de una sociedad pluralista consiste en el respeto de la moral de los otros.

En esta línea argumental, la libertad de conciencia es una variante de la libertad de pensamiento que comprende la libertad de creencias, abarca el derecho a pensar libremente, el derecho de cada uno a formar su propio juicio, sin interferencias del Estado ni de los demás seres humanos.

De allí se sigue la licitud de la objeción de conciencia, que es una concreta manifestación de la libertad de conciencia consistente en negarse a intervenir en un acto de cualquier índole que violente la autonomía moral.

Ahora bien, desde la ética racional que considera que el individuo debe responder en primer lugar al tribunal de su propia conciencia, la objeción de conciencia se define como un derecho subjetivo a resistir los mandatos de la autoridad cuando éstos contradicen los propios principios morales.

Por eso la objeción se introduce cuando entran en disputa la norma legal que obliga un hacer y la norma moral que se opone a esa actuación. Así, el objetor de conciencia, se decanta por el “no” a la ley, atendiendo a lo que considera un deber de conciencia.

¿Es esto extensible a una institución? que se define como “un algo” independiente de quienes le dan razón de ser, de su propia identidad y propósito que es dar atención médica, cuidados y curar enfermos. Esta función la hacen las personas entrenadas y que dedican su vida a ello, no son las paredes o la infraestructura, ni menos aún sus directivos. ¿De qué estamos hablando entonces?

 La intimidad de relación se da entre el médico y su paciente, allí obran dos conciencias y nada ni nadie debiera interponerse entre ellos.

En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo es claro que su práctica siempre es potestativa para la mujer, sin embargo si ella opta por abortar y así lo pide, no es deber de todo médico el acceder a su petición y efectuar el procedimiento requerido, pudiendo manifestar su negativa y objeción en forma explícita, oportuna y justificada.

De hecho al facultar a la gestante la práctica de un aborto, la ley determina que alguien debe efectuarlo, este es el médico, y si este último no admite practicarlo es la propia ley la que lo faculta a ello mediante el ejercicio de la objeción. Se deduce que la mujer embarazada no necesita dar razones para no proceder a la práctica del aborto, los médicos sí.

Los códigos deontológicos de la Orden médica señalan que el médico “tiene derecho a abstenerse de hacer prácticas contrarias a su conciencia ética aunque estén autorizadas por la ley”, teniendo “en ese caso la obligación de derivarlo a otro médico”, valer decir puede retirarse del caso siempre que haga saber oportunamente su objeción tanto al paciente como a su superior jerárquico y que responsablemente asegure la continuidad de la asistencia médica por otro profesional idóneo para alcanzar el fin indicado.  

El Colegio médico seguirá en esta línea de ejercicio de su libertad, pues esencialmente hay dentro del profesional médico una persona autónoma que tiene el derecho humano de actuar con convicción ante lo que le es solicitado.

Considerando que el profesionalismo médico también implica una relación con la sociedad, la práctica médica, por el bien de todos los enfermos o pacientes que solicitan de sus servicios, debe resguardarse conciliando los derechos de los médicos y los derechos de los pacientes. 

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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