El Gobierno y el Parlamento están preocupados por la suerte de las isapres y de la salud que cubre al 25% de los chilenos. Ciertamente, es difícil que surja de la ley corta una solución definitiva al problema que tienen estas aseguradoras de mantenerse la deuda de 1.500 millones de dólares, que parece hacer inviable su existencia, incluso con la aplicación de la legislación que se discute.
Pero la verdad es que la salud de 75% de los chilenos depende de Fonasa, con un sistema público que requiere una profunda reforma estructural, mejorando la gobernanza, la gestión directiva, el financiamiento, una verdadera alta dirección de sus hospitales, un fortalecimiento de la autoridad sanitaria, un plan de inversiones en servicios de salud o una entidad con capacidad gerencial, donde el centro esté en los usuarios.
Nadie duda de la necesidad de una complementariedad público-privada, pero la gran reforma de salud está pendiente. Será tarea ineludible del futuro gobierno el convocar a esa tarea.
Se deberían considerar los aportes que han hecho muchos expertos, las universidades Andrés Bello y De Chile, por ejemplo; los interesantes aportes de los doctores Marcos Vergara, Manuel Inostroza y muchos otros. Es una tarea pendiente.
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