Secretaría de Condominios: un nuevo capítulo en la historia de la copropiedad chilena
Durante décadas, el régimen de copropiedad en Chile, que regula la vida en los condominios, ha estado bajo un marco legal que busca cubrir todas las necesidades de quienes habitan en esta particular forma de dominio. Si bien cumple su función, carecía de un actor estatal centralizado y dedicado exclusivamente a revisar, implementar e interpretar sus particularidades. La promulgación de la Ley 21.442 en 2022, la nueva Ley de Copropiedad, marcó un antes y un después. Con ella, nació un órgano sin precedentes en nuestra historia normativa en torno al régimen de copropiedad, la Secretaría Ejecutiva de Condominios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
Por primera vez, el país cuenta con una institución diseñada específicamente para abordar las complejidades y desafíos inherentes a la vida en comunidad bajo este régimen. Aunque leyes como la 6.071 de venta por piso y la 19.537 de la copropiedad inmobiliaria sentaron las bases legales, la implementación, supervisión y desarrollo de políticas para la copropiedad quedaban dispersos en diversas instancias gubernamentales, sin una voz unificada ni especializada. La creación de la secretaría responde a la necesidad de coordinar los diversos órganos y actores que confluyen en las copropiedades del país.
La creación de la secretaría no es un mero detalle administrativo. Responde a la creciente preeminencia del régimen de copropiedad en el panorama urbano chileno, en el que el 30 % de las viviendas ubicadas en el radio urbano están bajo este régimen de propiedad, un número que seguirá en aumento por diversos factores en la planificación y construcción de nuestras ciudades. Por esta razón, una porción significativa de la población reside en condominios, lo que implica una necesidad imperiosa de contar con una entidad que comprenda sus dinámicas particulares, desde la administración y la convivencia hasta la resolución de conflictos y la aplicación de la normativa.
Este nuevo órgano asume un rol crucial al centralizar la interpretación y aplicación de la nueva ley y su reglamento. La creación y mantenimiento de registros nacionales obligatorios de administradores de condominios no solo transparenta y refuerza las funciones del sector, sino que también facilita la fiscalización y el acceso a la información para los copropietarios, contribuyendo a una adecuada relación entre los órganos de la administración de los condominios.
Además, tiene el mandato de proponer políticas habitacionales para el mejoramiento y mantenimiento de los condominios, un aspecto desafiante. Para esta Secretaría, generar una política adecuada a lo largo y ancho del país requiere contemplar y adaptar las diversas necesidades existentes en el territorio, así como la situación regional. Esta tarea debe ser coordinada tanto a nivel central del Minvu como con la mirada regional, que aporta elementos fundamentales para la descentralización de la política. La creación de programas y lineamientos que atiendan las necesidades particulares de estas comunidades fomentará la organización, la participación y las responsabilidades que esta forma de habitar requiere para su óptimo funcionamiento, lo que redundará en la mejora de la calidad de vida de las personas.
La capacidad de recibir consultas y reclamos, así como de establecer un sistema de sanciones para administradores que incumplan sus funciones, representa un avance significativo en la protección de los derechos de los copropietarios. Por fin, existe una instancia formal a la cual recurrir y un mecanismo para asegurar el cumplimiento de las normativas.
En definitiva, la Secretaría Ejecutiva de Condominios del Minvu no es solo una nueva oficina gubernamental, sino una afirmación de la madurez y la importancia del régimen de copropiedad en Chile. Es la materialización de la necesidad de un actor estatal dedicado a comprender, regular y apoyar a las miles de comunidades que conforman el tejido urbano del país. Este órgano marca un nuevo capítulo en la historia de la copropiedad, con la promesa de una gestión más eficiente, transparente y orientada a las necesidades de sus habitantes.
Por primera vez, la copropiedad tiene una voz fuerte y especializada en el corazón del Estado, para así pensar las ciudades del futuro y cómo las políticas públicas, intervenciones y normas de la actualidad proyectan el futuro que buscamos, abordando las diversas complejidades y necesidades que se presentan día a día, y las que vendrán.
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