La batalla por la recuperación de la enseñanza pública3

Las últimas intervenciones de Víctor Pérez, Rector de la Universidad de Chile, aclarando en diversos medios por qué él no ha podido suscribir la propuesta del Ministro de Educación, permiten comprender las ideas que presiden la actual movilización universitaria.

Éstas no tienen como fin únicamente la obtención de más recursos, transformándolo todo en una discusión sobre “pesos más, o pesos menos”, sino una verdadera reforma del sistema que termine de una vez por todas con el modelo pinochetista y libremercadista que ha imperado en los últimos 30 años en nuestra educación, y cuya abolición ningún gobierno hasta el momento fue capaz de abordar derechamente.

De acuerdo con el Rector de la U. de Chile, sigue habiendo elementos que se omiten en la propuesta del Mineduc, como la creación de una superintendencia de Educación Superior encargada de fiscalizar el sistema de universidades, una política integral de ayudas estudiantiles, que no hipoteque el futuro de los estudiantes, y la incorporación de aportes basales para las Universidades del Estado, “la única forma de poder asegurar que se desarrollen en calidad y en equidad".

A pesar de lo justo de estas demandas, lo más decisivo, sin embargo, son las ideas que han estado detrás de ellas, las que podrían ser mal entendidas si no se comprende que buscan reafirmar el espíritu hasta ahora perdido de la educación pública laica, entendida como un derecho y no como un negocio.

Se ha señalado que en comparación con otras naciones, “las universidades estatales chilenas reciben el más bajo aporte de parte del Estado, llevando a una creciente privatización de sus funciones y evidentes dificultades para cumplir con su misión”.

Esto tiene directamente que ver con la débil responsabilidad con que el Estado chileno ha asumido su rol educativo, olvidándose que la existencia de una educación pública laica es la garantía que él mismo tiene de que su idea matriz se consolide y perpetúe en la nación.

De ahí la fuerza que tiene el argumento de que la educación debe ser un derecho garantizado por la Constitución y no solo una opción entregada a iniciativas particulares.

Por eso, la reclamación de un aumento sustancial del Aporte Basal del Estado a sus universidades está plenamente justificada, no por un mero deseo de buscar soluciones parches para los déficits actuales que ellas muestran, sino por una cuestión de principio, porque son estas universidades las que difunden las ideas conformadoras del Estado y, por lo tanto, porque de ellas depende - y solo de ellas – que se mantengan estas ideas orgánicas, se difundan y se asienten sólidamente en nuestra sociedad.

La idea de que nuestra sociedad debe organizarse exclusivamente sobre la base del interés es simplemente inaceptable y nada tiene que ver con nuestra historia cultural, en la que lentamente se ha ido construyendo un consenso democrático basado en principios de igualdad y solidaridad.

Esta es la causa de la fuerza que han mostrado las grandes movilizaciones por la defensa de la educación pública, que las actuales autoridades solo han comprendido como manifestaciones por reivindicaciones económicas. De ahí las soluciones que proponen, que no responden a lo que verdaderamente está en juego en estos movimientos.

La comparación internacional evidencia que el aporte familiar al financiamiento de la educación superior en Chile (73% del total) es exagerado comparado a la media de los países de la OCDE (16%). Este hecho monstruoso muestra hasta qué punto ha llegado el desmantelamiento del concepto de educación pública, que empuja a las familias que no son ricas a una situación insostenible.Lo que antes fue estatal, ahora es privado. “Arréglatelas como puedas, nosotros te ayudaremos, pero poco”.

Pero el signo más evidente de la confusión actual entre lo público y lo privado son expresiones como las de “Universidades tradicionales” o “Universidades del Consejo de Rectores”, con las cuales se hace una amalgama de instituciones completamente diferentes, para las que se busca una solución común, como si sus misiones y sus principios orgánicos fuesen los mismos.

En realidad, existen tres tipos de universidades: estatales, privadas, y entre éstas, las con y sin aporte estatal. Si se hace la diferencia entre ellas, resulta que la fuerza de la responsabilidad del Estado, como es obvio, debiera estar fundamentalmente en las universidades verdaderamente públicas, que son las Estatales.

Pero la situación actual es tan escandalosa, que la Universidad de Chile, que por sus méritos, por su historia y por su compromiso con el Estado, debiera ser la más beneficiada por los dineros públicos, funciona actualmente con un aporte estatal equivalente a menos del 10% de su presupuesto.

La lucha entonces es fundamentalmente para cambiar el modelo, no solo para obtener más financiamiento y si el Ministro de Educación no entiende esto, podemos asegurar que la crisis se prolongará por mucho tiempo todavía. Pinochet, con su revolución conservadora, desmanteló la educación pública para instalar la predominancia de lo privado.

La pregunta es:

¿Podrán ser ahora los que lo apoyaron, los protagonistas de la contra-revolución en defensa de lo público?

¿Cómo han de entenderse dos partes que hablan de cosas diferentes?