Palma Salamanca y la justicia chilena

Eduardo Carrasco

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Una de las cosas que más llama la atención en los alegatos que se hacen desde Chile en el caso de la detención de Palma Salamanca es la total falta de conciencia acerca de los verdaderos problemas éticos y jurídicos que este involucra.

Debido a las particularidades que ha tenido en Chile el proceso de redemocratización, se ha generado en todos los sectores la ilusión de que entre dictadura y democracia ha habido una continuidad, de tal modo que la justicia - por ejemplo - siempre habría funcionado con entera legitimidad y con total independencia.

Como si la transferencia desde la dictadura hacia la democracia se hubiera hecho paradójicamente respetando la arbitrariedad de la dictadura, como si esta última hubiese sido un sistema de plena legalidad, y el cambio, una transición sin alteraciones de una a otra. Lo que por cierto es completamente falso.

Entre dictadura y democracia no ha habido un punto de inflexión en el que la dictadura quede deslegitimada y la democracia fundada sobre nuevas bases. 

Es esta la razón por la cual se da por descontado, sin discusión alguna, que Palma Salamanca es un asesino juzgado y condenado por la justicia chilena y que, por lo tanto, no debería haber ninguna justificación para que los tribunales franceses concedan su extradición.

Pero es discutible si esta justicia que lo condenó estaba a su vez legitimada por la nueva situación y si la actual postura de la justicia se afirma  sobre bases verdaderamente respetables democráticamente.

Y en esta convicción hay varios problemas que en Chile nunca se han enfrentado y que hacen que vistas las cosas desde Francia aparezca este asunto mucho más complejo de lo que se piensa en nuestro país. 

En primer lugar, aparece el tema que la filosofía política ha discutido desde siempre, el de la legitimidad de la violencia en casos en que ésta se alza en contra de un régimen dictatorial.

Weber discutió esto con profundidad, entendiendo que el Estado tiene el monopolio del uso de la violencia en la medida en que sus bases sean legítimas, cosa que queda en entredicho cuando surge una dictadura que comienza a hacer uso de la violencia pisoteando el derecho de los ciudadanos. De donde es defendible la tesis de la rebelión en contra de un terrorismo de Estado y la justificación de una justicia que un individuo toma con sus propias manos cuando la justicia que debería defenderlo está manipulada por un dictador.

En Chile se ha querido borrar la dictadura y en todas estas discusiones se hace como si no hubiera existido. Eso hace que se omita el análisis de las motivaciones que tuvieron los actos de Palma Salamanca y de otros individuos que tomaron el camino de la rebelión.

Estos, entre otras cosas, justificaron sus actos denunciando las debilidades e inoperancias de la propia justicia. Pero también se olvidó que así como hoy día organismos internacionales cuestionan la ley antiterrorista utilizada en contra de los mapuche, también puede ser legítimo cuestionar la ley antiterrorista con la que se condenó a Palma Salamanca a comienzos de los noventa. 

Cabe preguntar entonces, por ejemplo, ¿Jaime Guzmán, como Pinochet, o como muchos otros personeros de la época, debería haber sido juzgado por la justicia chilena por su participación en la dictadura militar?

Y si no lo fue, ¿no es por las debilidades de la propia justicia? En cuyo caso también cabe la pregunta, ¿tendría alguna legitimidad un acto en contra suya?

No estoy justificando la violencia y menos un crimen. Simplemente estoy tratando de mostrar cómo se ve este problema desde Francia, que por supuesto, en este caso no tiene nada que esconder bajo la alfombra.

¿Eran legítimas las motivaciones de Palma Salamanca en el momento en que cometió sus actos? ¿Eran legítimas las condenas que posteriormente se dictaron en su contra? Son otras dos cuestiones que los chilenos estamos obligados a encarar y responder, cualquiera que sea lo que concluyamos. Lamentablemente eso no se ha hecho hasta ahora y pongo en serias dudas que en el futuro se hagan. 

Como la justicia chilena funciona sin que haya habido una refundación de su legitimidad es muy probable que la justicia francesa, que no tiene estos inconvenientes, asuma con seriedad la posibilidad de concederle a Palma Salamanca el asilo político o que se niegue a concederle a Chile su extradición. 

Lamentablemente, estamos lejos todavía de haber logrado una auténtica superación de las lacras que nos dejó la dictadura.

La principal es la debilidad de las instituciones que fueron cómplices de ella y que han intentado borrar el pasado y seguir funcionando como si nada hubiera ocurrido.

Pero lo que pasó fue terrible, no sólo porque se cometieron crímenes espantosos que todavía siguen sin ser juzgados, sino porque lo nuevo fue impotente para crear nuevas condiciones de convivencia basadas en un común acuerdo que les dé la legitimidad indispensable para que todos nos podamos reconocer en ellas.

Solo entonces las decisiones de la justicia chilena serán respetadas y reconocidas sin sospechas por los demás países democráticos.