27f: el rol de la Presidencia y lecciones que aprender

Si se busca hacer un análisis desde la gestión de emergencias sobre el rol cumplido por la máxima autoridad del país y su actuación la mañana del 27F, es necesario partir por establecer el lugar que le correspondía en el sistema. Hay una pregunta que siempre debe ser respondida: ¿dónde encajas?

En este contexto, el modelo chileno establece una estructura donde la toma de decisiones está basada en comités de carácter político, donde la autoridad de nivel técnico ocupa un rol secundario a nivel de Secretaría Ejecutiva.

Clarificado estos dos elementos de nuestra institucionalidad de emergencias, corresponde entonces preguntarse ¿dónde encaja la máxima autoridad del poder ejecutivo, el Presidente (a) de la República?

En materia del incidente, le compete estar a cargo de la vocería política, es decir, compartir con la ciudadanía la información entregada por los responsables de la gestión de la tragedia.

Por otra parte, y algo curiosamente olvidado es el rol permanente y no incidental propio del primer mandatario de la nación: gobernar de Arica a Magallanes, y como tal, resulta evidente, necesaria y correcta la reunión que se observa en el polémico video del 27F.

En este contexto, es de sentido común que la máxima autoridad comparta información con instituciones de su dependencia, y que por cierto son los responsables de la gestión del incidente. Por lo mismo, deben garantizar que los distintos actores conocen los hechos y que la autoridad posee los datos correctos, además de establecer prioridades de Estado y requerir antecedentes sobre funciones esenciales.

Por otra parte, es deber del subordinado informar, conocer los objetivos globales y las prioridades del Estado para transformarlos en objetivos tácticos y estrategias que permitan salvar vidas, estabilizar el incidente, proteger la propiedad y el medio ambiente.

Del polémico video del 27F es posible concluir que lo anterior se cumple. Además se ve que la autoridad de la nación instruye la necesidad de establecer las medidas necesarias para contar con información fiable y no “fragmentada”, determinar objetivos, necesidades y prioridades.

Entonces, utilizando ese registro como herramienta para aprender, ¿qué se puede hacer para mejorar un modelo de gestión que tiene más de 30 años en Chile, que rige hasta hoy y que sigue sin mayores cambios en el proyecto de ley que se discute en el Congreso? Las respuestas son claras:

1.- Las estructuras de comités son engorrosas y poco eficientes para procesos que requieren de acción ejecutiva, una aproximación técnica y sistemática. La actual estructura hace confusas y poco claras las líneas de autoridad y de responsabilidad.

2.- La estructura indicada es además de carácter político (integrada por Ministros) e institucional, contrario a la estructura estándar que se usa desde los años 70 en Gestión de Emergencias. Ésta debe ser funcional (prima la función por sobre personas, cargos y posiciones), modular y jerarquizada.

3.- La estructura y los procesos que componen el modelo actual no aseguran la debida recolección, procesamiento de información y construcción de inteligencia para la gestión del incidente.

4.- El modelo y sus componentes dificultan el establecimiento de comunicaciones integradas, un lenguaje y una estructura de gestión común entre las instituciones para el manejo de los incidentes. Se requiere un sistema integrado.

5.- El cargo de Jefe de Estado Mayor Conjunto, responsable de coordinar a las tres ramas de las fuerzas armadas, debería ser revisado. Es necesario clarificar si la carencia de información y de intervención del General a cargo fue producto de un problema en la estructura de la institución, o de la falta de competencias de quién asumió ese puesto. En el registro de video se observa nula respuesta a los requerimientos de la Mandataria.

6.- Se requiere establecer terminología común, especialmente a través de procedimientos de actuación estándar, en forma y fondo, técnicamente diseñados y no como una mera expresión escrita.

7.- Establecer estándares mínimos en materia de comunicaciones del sistema de emergencia, diferenciándolo claramente del comercial.

8.- Descentralizar y masificar informes técnicos básicos de alerta de tsunami. No tiene sentido que dicha información se concentre en un nivel central y desde ahí se establezcan las órdenes de evacuación. Ello resulta en un acto burocrático y riesgoso ante la pérdida de conectividad en las grandes catástrofes. Es esencial fortalecer las capacidades de los municipios costeros para gestionar directamente sus alertas y operaciones de evacuación.

También es clave entregarles recursos para otorgar entrenamiento a las comunidades que son la primera línea de respuesta.

Una mirada realista, técnica y constructiva debe llevarnos a asumir que el modelo de gestión tiene, a todas luces, deficiencias graves.

Permanecer en la discusión pequeña y mezquina, sólo retrasa la mejora de nuestro sistema.

Por lo mismo, es preocupante que a dos años y medio de una de las tragedias más impactantes que ha tenido nuestro país, sigamos con el mismo modelo, sumido en su propia crisis de imagen y credibilidad.