Colegio Iglú en San Pedro de la Paz, desidia estatal

La educación pública en nuestro país se ha caracterizado por una progresiva pérdida de matrícula, evidenciando una baja de más de medio millón de estudiantes entre el año 2001 y el 2016, fenómeno que obedece en buena medida a la postergación que han sufrido estos establecimientos por parte del Estado.

Chile y sus gobiernos abandonaron la responsabilidad de educar a sus hijos e hijas, aplicando el criterio de subsidiaridad que fortaleció los proyectos educativos particulares por sobre la razón pública.

No obstante, a contrapelo de este fenómeno general, el Colegio Municipal Galvarino, que imparte educación básica y media además de una jornada vespertina, entre los años 2012 y 2018 aumentó su matrícula en más de un 250%, pasando de 200 a más de 500 estudiantes en la actualidad, con más de 100 en lista de espera y hay que decirlo, el Estado y todas sus reparticiones no han estado a la altura.

El Colegio Municipal Galvarino, ha hecho honor a su nombre que nos recuerda al héroe mapuche que combatió contra las huestes conquistadoras de García Hurtado de Mendoza, y sus estudiantes y profesores se han mantenido en clases a pesar del déficit estructural del establecimiento.

A pesar del exponencial aumento de alumnos, su infraestructura ha crecido en un 0%, lo que se suma a la nula capacidad de aislamiento térmico y de calefacción, que tiene a estudiantes y docentes asistiendo a clases con una temperatura de hasta 0° Celsius en las mañanas y en las noches.

El Colegio Municipal Galvarino es una clara muestra del desdén estatal por la educación. Habrá que recordar que el decreto 548 del ministerio de Educación, promulgado el 9 de noviembre de 1988, establece en su numeral 7 literales a y b, que las temperaturas mínimas de funcionamiento en las salas de clase para la educación parvularia, básica y media son de 15° C y 12° C respectivamente.

El Colegio Galvarino está funcionando por debajo de los estándares legales y como establecimiento público, el responsable es el Estado, el que en este caso está vulnerando el derecho de los niños y niñas a aprender y educarse en un ambiente que facilite los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Es por ello, que he solicitado junto a las autoridades del colegio, apoderados y estudiantes una reunión para este jueves 14 de junio con el ministro de Educación Gerardo Varela Alfonso, la cual se concretará a las 16.00 horas.

El Estado no puede seguir eludiendo su responsabilidad y ante la situación de este colegio es preciso que actúe con premura, pues los problemas de frío y hacinamiento son de tal gravedad que solo pueden solucionarse con la reposición del establecimiento que debe realizarse con fondos de emergencia, es decir construyendo un nuevo edificio que esté a la altura de su matrícula y su entorno climático.

Los estudiantes han sido los grandes defensores de la educación pública, nos recuerdan permanentemente el deber ético y moral de construir un sistema digno en el que entren todos  y todas.

La rebelión de los pingüinos comenzó en el liceo acuático de Lota por las inundaciones y si el Estado no responde, no tendrá que extrañarnos que el próximo alzamiento comience en el Colegio Iglú de San Pedro de la Paz.  

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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