La educación pública en nuestro país se ha caracterizado por una progresiva pérdida de matrícula, evidenciando una baja de más de medio millón de estudiantes entre el año 2001 y el 2016, fenómeno que obedece en buena medida a la postergación que han sufrido estos establecimientos por parte del Estado.
Chile y sus gobiernos abandonaron la responsabilidad de educar a sus hijos e hijas, aplicando el criterio de subsidiaridad que fortaleció los proyectos educativos particulares por sobre la razón pública.
No obstante, a contrapelo de este fenómeno general, el Colegio Municipal Galvarino, que imparte educación básica y media además de una jornada vespertina, entre los años 2012 y 2018 aumentó su matrícula en más de un 250%, pasando de 200 a más de 500 estudiantes en la actualidad, con más de 100 en lista de espera y hay que decirlo, el Estado y todas sus reparticiones no han estado a la altura.
El Colegio Municipal Galvarino, ha hecho honor a su nombre que nos recuerda al héroe mapuche que combatió contra las huestes conquistadoras de García Hurtado de Mendoza, y sus estudiantes y profesores se han mantenido en clases a pesar del déficit estructural del establecimiento.
A pesar del exponencial aumento de alumnos, su infraestructura ha crecido en un 0%, lo que se suma a la nula capacidad de aislamiento térmico y de calefacción, que tiene a estudiantes y docentes asistiendo a clases con una temperatura de hasta 0° Celsius en las mañanas y en las noches.
El Colegio Municipal Galvarino es una clara muestra del desdén estatal por la educación. Habrá que recordar que el decreto 548 del ministerio de Educación, promulgado el 9 de noviembre de 1988, establece en su numeral 7 literales a y b, que las temperaturas mínimas de funcionamiento en las salas de clase para la educación parvularia, básica y media son de 15° C y 12° C respectivamente.
El Colegio Galvarino está funcionando por debajo de los estándares legales y como establecimiento público, el responsable es el Estado, el que en este caso está vulnerando el derecho de los niños y niñas a aprender y educarse en un ambiente que facilite los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Es por ello, que he solicitado junto a las autoridades del colegio, apoderados y estudiantes una reunión para este jueves 14 de junio con el ministro de Educación Gerardo Varela Alfonso, la cual se concretará a las 16.00 horas.
El Estado no puede seguir eludiendo su responsabilidad y ante la situación de este colegio es preciso que actúe con premura, pues los problemas de frío y hacinamiento son de tal gravedad que solo pueden solucionarse con la reposición del establecimiento que debe realizarse con fondos de emergencia, es decir construyendo un nuevo edificio que esté a la altura de su matrícula y su entorno climático.
Los estudiantes han sido los grandes defensores de la educación pública, nos recuerdan permanentemente el deber ético y moral de construir un sistema digno en el que entren todos y todas.
La rebelión de los pingüinos comenzó en el liceo acuático de Lota por las inundaciones y si el Estado no responde, no tendrá que extrañarnos que el próximo alzamiento comience en el Colegio Iglú de San Pedro de la Paz.
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