Objetivo: derribar la Convención

Un edificio no apto para funcionar, salas pequeñas, pasillos estrechos. Una mesa directiva que asume con el 87% del presupuesto figurando como "gasto ejecutado" o "gasto comprometido", y sólo con el 13% del presupuesto disponible.

Un secretario ejecutivo, Francisco Encina, que renuncia a menos de una semana de instalada la Convención; una secretaria ejecutiva, Catalina Parot, que renuncia tras un mes y fracción en ejercicio. Al diablo sólo se le ha visto la cola, está sentado en la Subsecretaría General de la Presidencia: Máximo Pavez.

La Convención Constitucional, cuya instalación contó con el respaldo del 79% de los votos en el plebiscito de octubre de 2020, emergió rápidamente como una luz de esperanza en medio de una institucionalidad caduca, pero también como un fuego de amenaza para las minorías privilegiadas, nacionales y transnacionales que mantienen intereses en las AFP, en la gran minería privada y en las forestales de la macro zona sur.

Minorías privilegiadas históricamente sobre-representadas por la derecha, que al obtener esta vez solo 20% de los escaños, no ha dudado en hacer lo que hace siempre cuando van perdiendo: dinamitar la legitimidad de las instituciones.

El mecanismo: trivializar la discusión ante la opinión pública al punto del absurdo, para ir creando en esta la sensación de que la Convención es una institución más como tantas otras, que los convencionales son la misma vieja política, con otros rostros, otras edades, otros estratos sociales, pero con los mismo vicios.

Por ello lo que se ha mostrado de la Convención son los desencuentros con el Ejecutivo, que independiente de quién es el culpable, el resultado ante la opinión pública es que los "convencionales no trabajan".

Por lo mismo la convencional Marinovic -de un carácter conservador caricaturesco, solo comparable con Hermógenes Pérez de Arce- ataca de manera soez a la machi Linconao. Marinovic monta un espectáculo racista, de mal gusto, que se roba las cámaras como si fuera lo único que sucede en la Convención, para que nuevamente la conclusión de la gente sea que "los convencionales no trabajan".

De ahí que no extrañe que haya sido tan bullado el que se solicitase un aumento en las asignaciones para mejorar el trabajo territorial, pues aunque se trabaje, y se trabaje mucho, la noticia siempre es el escándalo, la descoordinación, la grosería.

Así lo ha demostrado un estudio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, liderado por el renombrado y comprometido periodista PhD Pedro Santander, que reveló la existencia de cerca de 8 mil cuentas falsas en Twitter dedicadas a la desinformación y a la propagación de noticias falsas y discursos de odio.

Estos mensajes de desinformación se articulaban en torno a dos ejes: el (supuesto) poco trabajo de la Convención y el racismo contra el pueblo nación mapuche, fundamentalmente en contra de la presidenta de la Convención, la lingüista PhD Loncón.

Asistimos a una época en que la guerra psicológica ya no se hace solo por el cine, los panfletos y la televisión, sino también por las redes sociales, que han irrumpido como una nueva y poderosa arma de control social del sentido común y las emociones.

La manipulación a través de las redes ha sido utilizada con éxito en el triunfo del Brexit en Inglaterra, en el triunfo de Trump en Estados Unidos y en el golpe de Estado en Bolivia contra el presidente Evo Morales, entre otros casos. Por ello no es descabellado pensar que la Convención Constitucional pueda ser su próximo blanco.

Hoy el uso malicioso de internet constituye una verdadera amenaza contra la democracia, la soberanía nacional y la seguridad interior del Estado. Debemos estar atentos, proactivos para defender este proceso que es de todos y todas, antes de que sucumba ante la mentira, la desinformación y el conveniente odio que solo beneficia a los mismos de siempre.

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