El Plebiscito

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, propuso el 1 de mayo “legislar para que se faculte al Presidente de la República a convocar a un plebiscito para definir el mecanismo en que se realizará la nueva carta fundamental”.

Es lo que han propuesto algunos parlamentarios como vía para elegir luego una asamblea constituyente de la que, supuestamente, saldría una mejor Constitución.

A esos parlamentarios, dicho sea de paso, no se les pasa por la mente la idea de poner sus cargos a disposición de ese eventual “poder constituyente”, y no les preocupa la posibilidad de que Chile tenga dos Parlamentos. Con gran desaprensión, los presidentes de las comisiones de Constitución del Senado (A. de Urresti) y de la Cámara (L. Soto) le pidieron hace poco a la Presidenta Bachelet que llame a ese plebiscito que supuestamente le haría bien a su gobierno y al país.

Cuando la presidenta de la CUT dice “legislar”, se deduce que apela a los poderes Ejecutivo y Legislativo. En este caso, se trataría de materializar otra reforma a la Constitución vigente, que se sumaría a las decenas de reformas aprobadas desde 1989. Incluso del discurso del 28 de abril se desprende que la Presidenta propondrá nuevas reformas constitucionales, como el límite a la reelección en los cargos de representación popular, la pérdida del cargo parlamentario y la autonomía del Servel.

Como sabemos, los plebiscitos consisten en responder SI o NO a una determinada consulta, y siempre será determinante quién la redacta. Pero también es posible imaginar una consulta con varias alternativas. Es claro que la elección de una asamblea constituyente sería una de ellas.

Otra podría ser el proceso de “diálogos, debates, consultas y cabildos” que propuso la Presidenta, aunque no precisó cómo se haría eso. Y otra que el Congreso y el gobierno definan un texto, que luego sea ratificado en un referéndum.

Supongamos que el Congreso y el gobierno alcanzan el improbable acuerdo de realizar el plebiscito este año, y que gana la opción de elegir una asamblea constituyente. Como esta no figura en la Constitución, el Legislativo y el Ejecutivo tendrían que consensuar un modo de concebirla en términos legales, lo que no sería sencillo. Habría que precisar, por ejemplo, cuántos integrantes tendría la AC y cómo serían elegidos, si a través de listas nacionales o con representantes de los distritos y circunscripciones electorales. ¿Cuándo serían elegidos? ¿Este año también, o el próximo junto a los alcaldes y concejales, o el 2017 junto al Presidente y los parlamentarios?

Antes de elegir la asamblea, en la que se supone que participarían todas las fuerzas políticas que tienen existencia legal, sería indispensable aclarar si los actuales senadores y diputados podrán ser también integrantes de ella, o si eso será incompatible.

Quizás los diputados de la “bancada por la asamblea constituyente” creen que podrían ocupar dos cargos a la vez. ¿Durante cuánto tiempo sesionaría? ¿Un semestre? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Más? Y una vez que concluya su tarea, ¿a qué órgano institucional le entregaría el nuevo texto? ¿Al Congreso? Y este, ¿podría rechazar ciertas disposiciones? ¿A la Presidenta? Y ella, ¿podría modificar el texto?

La AC podría, por ejemplo, acordar que haya un parlamento unicameral, o establecer un régimen parlamentario, o reemplazar el sistema unitario por el federal, o resolver que los jueces sean elegidos en votación popular, o fusionar las instituciones policiales, o fijar en 15 años la edad mínima para votar, etc.

¿Cómo se resolverían las diferencias entre la asamblea, el gobierno y el Congreso?¿Habría un período de presentaciones ante el Tribunal Constitucional?

¿Se pediría a la Corte Suprema que se pronuncie? Y mientras tanto, ¿cómo vería el mundo este enorme maremágnum?

Son muchas las preguntas que podrían formularse sobre los efectos que tendría el hecho de que el país se embarcara en un proceso intrincado y de resultado incierto. Por supuesto que es legítimo el debate constitucional, pero es indispensable proceder con rigor. Más allá de las consignas, lo responsable es considerar el contexto político, económico y social de hoy. En política, parece aconsejable no dar un paso sin pensar en cuáles serán los siguientes

Lo que se está proponiendo es una vía de polarización política que, además de ser dañina para nuestra convivencia, no le conviene en ningún caso al gobierno.

¿No han considerado los partidarios del plebiscito la posibilidad de que, independientemente de la pregunta que se haga, la consulta adquiera el carácter de un referéndum sobre el gobierno de la Presidenta Bachelet? Podría ser la oportunidad para que se unan todos los que desaprueban su gestión. Eso sí que es serio.