La Democracia Cristiana tenía razón

Cuando se instalaron en Chile las ideas del social cristianismo y trataron de hacerse carne en el diario vivir de los chilenos se enfrentó a una sociedad cuyas murallas ideológicas parecían inexpugnables.

A fuerza de porfía y fidelidad a su evangelio político logró instalar en medio de los materialismos una visión de lo público y del amor al prójimo que llegó a convencer con sus ideas a grandes mayorías nacionales.

Las grandes obras y revoluciones que en materia social, agraria e industrial que desarrolló la Democracia Cristiana en 1960 son parte aún hoy de las estructuras del país, recordadas y valoradas.

El Papa Francisco en su Exhortación Apostólica “La Alegría del Evangelio” en su numeral 222 desarrolla el concepto que para hacer las cosa bien hay que superar la tensión entre la plenitud y el límite y nos dice en ese acápite que titula “El tiempo es superior al espacio” que la plenitud provoca la voluntad de poseerlo todo, y el límite es la pared que se nos pone delante y agrega en el numeral siguiente el 223 “este principio permite trabajar a largo plazo, sin obsesionarse con resultados inmediatos" y advierte con notable sapiencia que “uno de los pecados que a veces se advierten en la actividad socio política consiste en privilegiar los espacios de poder en lugar de los tiempos de los procesos”.

La Democracia Cristiana en los años 2006 y 2007 desarrolló un Congreso Ideológico y Programático,un ejercicio inédito por el número de personas que participaron y los temas que se trataron.

Estábamos en la mitad del primer gobierno de Bachelet. Si hoy repasamos brevemente los principales acuerdos socio políticos que se consignaron en dicho congreso se verá que han hecho carne en el programa del gobierno que regirá nuestros destinos a partir de marzo.

Cualquier opinante desapasionado podrá convenir con nosotros que la viga central de lo que se propone hacer es un proceso de cambios profundos, lo que estaba ya sembrado en el V Congreso de la Democracia Cristiana.

El programa de Bachelet para los años 2014 a 2018 contiene a lo menos cinco cuestiones esenciales que fueron propuestas como cambios o novedades hace seis años.

Veamos esos casos.

a) Pensiones. En esta materia dicho Congreso establece las bases de un sistema de seguridad nuevo que consisten en una AFP Estatal y en un sistema alternativo solidario y de reparto sin fines de lucro que competirá con el sistema de AFP.

Además, se acordó el financiamiento de un aporte patronal que en el caso de pequeñas empresas lo haría el Estado. Resumen, el Congreso en la Democracia Cristiana adoptó un acuerdo que hoy se materializa.

b) Educación. El Congreso DC estableció, que con fines de perfeccionar el uso de los fondos públicos en educación se excluyera de dichos aportes a las empresas comerciales con puros fines de lucro. Esta materia también hoy ha sido incorporada al programa. Lo anterior está establecido en el Congreso en el N° 253 de sus Actas cuando expresa “la educación privada, que recibe financiamiento estatal, debe ser administrada por personas jurídicas son fines de lucro, éste no debe estar presente en la educación subvencionada”.

d) Nueva estrategia de desarrollo. El Congreso hace seis años estableció que había que impulsar una nueva estrategia de desarrollo en el cual era necesario definir a Chile como un estado social, democrático y de derecho (N° 49). En este proceso de cambio en la estrategia de desarrollo, “las Mipymes deben tener prioridad y se acuerda que el Estado debe tener medios para participar en forma directa y eficiente para proveer bienes y servicios de interés social y que procede en este orden de ideas limitar la concentración económica en los casos que se ponga en riesgo la libre competencia y/o se podrá generar un poder político que atente contra la libre expresión de los derechos de las personas”. De esta forma la DC ha marcado su impronta en esta materia y ha inficionado la totalidad del programa económico social, en particular lo referente al desarrollo del empresariado de clase media que constituye una vía maestra según lo acordado en el Congreso.

c) Laboral.En esta materia el V Congreso acordó en los numerales 68 y siguientes que debe subordinarse el modelo económico a la satisfacción de las grandes mayorías y propugnó un modelo democrático de relaciones laborales, que reconociera al trabajo como centro de la economía y respecto de los derechos de los trabajadores a negociar colectivamente. Se dijo expresamente que “debe ampliarse negociar más allá de los marcos de la empresa, a nivel sectorial, por categorías de trabajadores, por ramas productivas o grupos de empresas."

d) Nueva constitución. El Congreso de la DC en cuanto al tema constitucional estableció en su numeral 126 que era preciso, abordar “un conjunto de cambios y reformas constitucionales que hacen indispensable una nueva Constitución, todo esto en la idea de procesos. El procedimiento dependerá del proceso y la DC asume esto como tarea urgente, y central”. En ese Congreso se discutió en la Comisión pertinente la idea de una Asamblea Constituyente.

Grupos de opinión interesados, haciendo una mala lectura del actual programa de Bachelet han querido ocultar esta enorme verdad y han etiquetado en forma poco responsable un quehacer político que es muy importante para Chile.

No existen en el programa, en materias socio económicas, influencias importantes ajenas al pensamiento de la Democracia Cristiana y nuestro partido está muy lejos de ser, en consecuencia, un vagón de cola en la Nueva Mayoría.

Las ideas que hemos señalado que están en el Programa son producto de una larga maduración de más de un lustro en el país y como dice el Papa Francisco hay que darle tiempo a los procesos y en verdad es necesario reconocer que el tiempo es superior al espacio en estos casos y que resulta gratificante ver que como en cinco años se han asumido en propiedad para una nueva etapa.

Dicho lo anterior debemos reconocer que estamos ante un proceso que se inicia en que todos puedan participar y deben hacerlo, pero hay que cuidar mucho con dejarse llevar por lo imposible porque ello puede causar daño y hacer fracasar un proyecto histórico.

En el tiempo presente nos encontramos en un momento que podría denominarse “Constituyente”, vale decir, una especie de convocatoria a toda la ciudadanía para que participe activamente en la elaboración de una nueva Constitución para Chile, la cual debe ser el resultado de un amplio debate nacional y popular sobre las instituciones fundamentales que debe tener nuestra República, debate que debe realizarse en forma participativa, sin exclusiones.

Concluido tal proceso participativo debieran los partidos políticos y organizaciones sociales y ciudadanas, según sus propias perspectivas y saberes redactar el texto constitucional que proponen u ofrecen al país.

Hecho tal trabajo, y con el respaldo de textos constitucionales ya elaborados, convocar a una Asamblea Constituyente sobre la base de elegir representantes dentro del marco de un sistema proporcional.

Debemos dejar constancia que existe sobre esta materia otra proposición, en el sentido que el actual Congreso a través de una comisión bicameral debiera elaborar un nuevo texto constitucional. No nos parece correcto ese camino por cuanto no está precedido de una participación activa del pueblo soberano.

El Parlamento tiene efectivamente un poder para reformar la Constitución, como constituyente derivado, pero no tiene competencia para elaborar una nueva Constitución, ya que únicamente el constituyente original, esto es, el pueblo soberano tiene tales facultades que son inalienables e imprescriptibles.

El texto constitucional de 1980 ha tenido una gran cantidad de reformas, pero ellas, por ausencia de toda participación del pueblo soberano no han logrado que este último considere que esa es “su Constitución”.

Solo una Constitución elaborada en la forma que sugerimos, vale decir, con una activa participación de la ciudadanía y una consagración en una Asamblea Constituyente podrá llevar a que el pueblo soberano considere que el texto constitucional así construido, es “su Constitución”.

Se requieren efectuar cambios sustanciales a nuestra institucionalidad, en sus bases institucionales, en la consagración de derechos fundamentales debidamente asegurados, en el establecimiento de un régimen político que exprese un equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Se requiere un Poder Legislativo moderno, y eficiente, el actual sistema bicameral no está de acuerdo con la rapidez que requieren los tiempos actuales para legislar.

Hay que introducir reformas sustanciales al Poder Judicial, estableciendo un Consejo Nacional de la Justicia que asuma tareas económicas, administrativas y funcionarias que tiene actualmente la Corte Suprema, es menester establecer una Corte Suprema Nacional integrada por siete Ministros y tres Cortes Supremas Regionales que se establezcan en tres macro regiones, descentralizando a ese poder del Estado.

Es indispensable definir el rol del Tribunal Constitucional y reemplazar el sistema actual de control concentrado de la constitucionalidad de las leyes por un control difuso en el sentido que todos los tribunales de la República, cualquiera que sea su naturaleza o denominación al interpretar la ley necesariamente deben incluir como norma fundamental en su proceso interpretativo a los preceptos de la Constitución Política de la República, ya que éstos constituyen la cúspide de nuestro sistema normativo.

Debe establecerse un sistema que reconozca a todos los pueblos originarios dentro de un marco de un Estado pluricultural y plurinacional.

Debe abordarse el tema de nuestra configuración geográfica y poblacional, solucionando los problemas limítrofes artificiales que se han estado suscitando, haciendo todos los esfuerzos necesarios para ir a un proceso de integración real y efectiva, abriendo la institucionalidad chilena hacia esa posibilidad. El proceso de regionalización debe adquirir una profundidad expresada en el texto constitucional.

La nueva Constitución que se elabore no debiera ser un texto tan extenso como el actual, debiera contener sólo las instituciones fundamentales, reconociendo e incorporando directamente todos los pactos internacionales celebrados tales como los relacionados con los derechos políticos y civiles, con los derechos económicos sociales y culturales.

Este es el momento “constituyente en el cual nos hallamos”, los cuerpos intermedios de la sociedad, entre los cuales se encuentran los partidos políticos y otras organizaciones de la sociedad civil deben participar de la elaboración de una nueva constitución, considerándose desde luego convocados a dicha tarea, recogiendo todos los aportes positivos de nuestra historia constitucional.

Algunos destacados dirigentes han sostenido que debiera partirse sólo de una hoja en blanco, prescindiendo así de toda nuestra historia constitucional y de las instituciones que se han construido en el curso del tiempo.

Nosotros somos de opinión que se deben recoger todos los aportes positivos de nuestra historia, partir de una hoja en blanco, es declarar al país en estado de coma, lo que evidentemente constituye un despropósito y ciertamente un desprecio por toda la historia de nuestro país.

Desde esta perspectiva, constructiva y modernizadora, se desarrolló el debate en el Congreso Partidario mencionado cuando casi nadie hablaba de Asamblea Constituyente.

Co autor del texto es el abogado Hernán Bosselin.