Mentira, la gobernabilidad no está en juego

Las pasadas semanas nos dejaron una interminable cadena de dimes y diretes, declaraciones y trastos varios. Además de una serie de ataques de trinchera a trinchera de sectores que se atribuyen “per se” la voz de la ciudadanía, desestimando cuando no despreciando, la opinión de actores sociales que representan sentidas demandas del pueblo de Chile.

En una seguidilla de apariciones públicas conspicuos personajes ejercieron sus posibilidades comunicacionales cooptando titulares desde las rémoras de su poder.

Desde la perspectiva de los que desde el 2011 estamos ejerciendo la legítima presión ciudadana en pos de lo que consideramos nuestros derechos nos resulta inexplicable, por una parte entender por qué se insiste en generar titulares basados en declaraciones de quienes más allá de roles pasados y experticias “suma cum laude”, claramente hablan defendiendo los intereses de sectores que han llevado al país al actual estado de cosas.

La falta de legitimidad de los comité de expertos y comisiones varias, que supuestamente eran creados para beneficio de la ciudadanía, nos dejan con la sensación de materias pospuestas, de hacerle el quite a lo imperioso, de engaño institucionalizado sin que de sus conclusiones podamos esperar solución alguna a los problemas urgentes que sufre la ciudadanía en su diario vivir .

Desde la reflexión popular nos preguntamos en qué país viven estos señores y señoras que declaran con tanta liviandad, emiten opiniones engoladas que no hacen más que disfrazar el hecho de que efectivamente se han comprado un modelo de sociedad, que desde la dictadura hasta el presente sólo fue profundizando la desigualdad y negando al pueblo de Chile el derecho a decidir sobre su propio destino.

A lo que hemos asistido no tiene que ver con un gallito del movimiento estudiantil, o sus ex dirigentes hoy diputados electos de la República con la futura Presidenta de Chile.

Me parece a lo menos majadero insistir en la lógica de “la calle” versus la clase política tradicional, no sólo porque desde esa perspectiva buscan desacreditar la legitimidad de las demandas sociales, sino porque también se atribuyen la exclusividad de la interlocución política con cualquiera sea el gobierno de turno.

También resulta más una argucia que un argumento el manido eslogan de que cualquier demanda social sostenida signifique poner en riesgo la gobernabilidad de la República.

Cuando la ciudadanía interpela a la autoridad, manifiesta su descontento, hace ver una necesidad concreta, señala los cambios que estima necesarios y espera a lo menos que no se cierre el círculo del poder en una suerte de blindaje perfecto que aleje irremediablemente a las autoridades de lo que las mayorías ciudadanas quieren para sí mismas.

Desde el 2011 quedaron establecidas las demandas en el campo de la educación, la previsión, la salud, la vivienda, los derechos laborales, la relación con el medio ambiente, la distribución de la riqueza, otro país.Un país solidario, que entienda por derechos materias que en el Chile de hoy son tratadas con la lógica del mercado.

O al menos, tener la posibilidad de discutir, a través de una asamblea constituyente, cuál es la real vocación de un pueblo que luchó de manera denodada para recuperar una democracia que sólo sirvió para que algunos la convirtieran en la mesa de un banquete a la que pocos se sientan pero que financiamos entre todos.

Otra visión no responde a una ciudadanía que está preparada para un nuevo contrato social y la instalación plena de un nuevo paradigma y devendrá en otro intento de tapar el sol con un dedo provocando malestares sociales que sólo pueden ir en aumento.