Reforzar la respetabilidad del Congreso

Es de esperar que la mayoría que controla hoy la Cámara de Diputados haya sacado alguna lección del apresurado despacho de la reforma tributaria. Si no es así, quiere decir que son graves y muy extendidas las confusiones sobre el rol del Parlamento. En los hechos, esa mayoría debilitó la autoridad de la Cámara al renunciar al análisis a fondo de un proyecto de enorme trascendencia para la marcha de la economía. Al parecer, en el Senado las cosas serán distintas.

Lo que el país espera de los parlamentarios es que legislen con visión de Estado, para lo cual es obligatorio que visualicen las implicancias de lo que votan.¿Quieren los diputados y senadores de la Nueva Mayoría ayudar al éxito de la Presidenta Bachelet?

Pues bien, entonces tienen que esmerarse en cumplir su tarea específica, que es legislar con buen criterio. Andaría muy extraviado su concepto de la lealtad política si se reduce a la aceptación acrítica de los proyectos del Ejecutivo. La obligación del Congreso es aprobar leyes bien hechas, que favorezcan el progreso del país.

Es vital que los debates en el Congreso tengan buenos fundamentos, lo que supone que los parlamentarios no banalicen su función enarbolando lienzos con consignas, repartiendo panfletos o difundiendo videos de propaganda. Tienen que hacerse respetar por los ciudadanos.

No sirve que lancen dos o tres frases golpeadoras ante las cámaras de TV, o peor aún, dos o tres procacidades contra quienes piensan distinto. Tienen que estudiar seriamente el contenido de los proyectos y votar en conciencia. Además, deberían saber que mucha gente considera que ellos ganan demasiado dinero y tiene razonables dudas de que lo merezcan.

El país necesita que el gobierno de la Presidenta Bachelet lleve a cabo una gestión fructífera, que refuerce el avance hacia una sociedad a la vez próspera y solidaria, que cruce el umbral del desarrollo en esta década.

Ello depende de varios factores, pero el más relevante es sin duda la gobernabilidad, vale decir, el conjunto de condiciones políticas que deben asegurar el funcionamiento del Estado de derecho, el pleno ejercicio de las libertades y la resolución democrática de los conflictos propios de una sociedad abierta.

Es indispensable resguardar la división de poderes y garantizar que todas las instituciones cumplan cabalmente con su papel. El Congreso no puede renunciar al suyo.

Al respecto, es muy alta la responsabilidad de Isabel Allende, presidenta del Senado, y de Aldo Cornejo, presidente de la Cámara, en cuanto a velar por la independencia y la respetabilidad del Congreso. Fue una mala idea que ellos se integraran al comité político que se reúne cada semana en La Moneda. La razón es simple: la senadora Allende y el diputado Cornejo representan a otro poder del Estado.

Chile progresará en la medida en que las reformas propuestas por el gobierno generen grandes acuerdos. No se trata únicamente de contar con votos suficientes en la Cámara y el Senado, sino de apostar por sólidas políticas de Estado. Se trata de impulsar estrategias de progreso duradero, de manera que el país no sea arrastrado por la dinámica perniciosa de que lo hecho por un gobierno es anulado por el siguiente.

El Congreso debe ser el gran foro de los debates nacionales, a los cuales sean convocados diversos sectores a entregar su opinión con el fin de aportar mayores elementos de juicio a los parlamentarios. Esto exige superar las visiones sectarias y propiciar la convergencia de criterios en función del interés nacional.

La actual mayoría parlamentaria debe ejercer su poder, pero tiene que evitar la tentación de la soberbia. Al fin y al cabo, las mayorías son cambiantes, al igual que las mareas. Es preferible, por lo tanto, que ningún sector crea que encarna la verdad total.

Vienen complejos debates sobre la educación, el aborto terapéutico, el sistema electoral, la agenda energética, la legislación laboral, el sistema de pensiones, etc.Todo ello exigirá altura de miras, defensa del interés colectivo, razones en vez de consignas. El Congreso tiene que contribuir a elevar la calidad de la política.