Y los adultos mayores ¿cuándo?

Claudio Arriagada

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El martes recién pasado, en la Cámara de Diputados, realizamos una sesión especial solicitada por mí, por la bancada de la Democracia Cristiana y apoyada transversalmente por distintos diputados. El motivo era uno muy especial, analizar los problemas y abusos que aquejan a los adultos mayores con los créditos que les otorgan las Cajas de Compensación en el país.

Las tribunas del hemiciclo se coparon de adultos mayores. Reflejaba la enorme sensibilidad de la problemática y los desafíos que día a día se nos aproximan en nuestro trabajo parlamentario a través de las experiencias e inquietudes que nuestros adultos mayores nos relatan. Sin duda se trata de hacerse cargo de un asunto complejo.

Abordar las dificultades que vive este grupo tan vulnerable de la sociedad chilena, requiere de un esfuerzo mayor y de una mirada multidimensional para entender y asumir las diversas caras del fenómeno.

Y es que, la discriminación, las negligencias, los abuso, los bajos montos que reciben de sus pensiones, la pobreza, el acceso limitado a los servicios sociales y de salud, la ineficiente protección legal y la violencia contra los adultos mayores, representan en la actualidad algunas de las más graves violaciones a los Derechos Humanos como ha hecho notar la ONU.

La situación se ve agravada por el fenómeno de “invisibilidad” que sufre la población con más de 60, 70 u 80 años, personas que van quedando fuera de la dinámica económica y social, especialmente cuando viven en instituciones geriátricas.

Es por ello, que dar prioridad en la agenda legislativa y política a los más vulnerables, a los que más sufren se transforma en un imperativo para quienes sostenemos nuestras convicciones en el humanismo cristiano y buscamos dignificar la política, mejorando las condiciones no solo de los que más vociferan, sino de los que por diversas razones no tienen la capacidad de hacer eco de sus demandas en las calles.

Se trata de un problema que nos convoca a todos. ¿Quién podría oponerse a preservar los objetos más preciados de nuestra cultura?

Aquellos que darán cuenta a las nuevas generaciones de nuestra historia, de quiénes somos, de dónde venimos, de nuestros aciertos y desaciertos. ¿Quién podría, entonces, levantar la misma mano para negarse a proteger los derechos de los ancianos y ancianas? tesoros, que con su testimonio son protagonistas de la memoria que queremos preservar.

La respuesta, probablemente es categórica: nadie. Y sin embargo, como sociedad todavía mantenemos un manto de invisibilidad sobre los problemas que les afectan y sus condiciones de vida.

El envejecimiento de la población es un fenómeno que carece de precedentes y que según los expertos se profundizará en el tiempo. Durante el siglo XX, la proporción de personas mayores aumentó considerablemente y así seguirá en el siglo XXI. En 2007, el 10,7% de la población mundial tenía sesenta años o más. En 2025 se proyecta que ese porcentaje llegue al 15,1% y en 2050 alcance el 21,7%.

En nuestro país, al igual que en los países desarrollados, se está viviendo una etapa avanzada de transición al envejecimiento demográfico de su población. Actualmente una de cada diez personas pertenece al grupo Adulto Mayor y se espera que para el año 2025 esta proporción sea de uno por cada cinco.

En este contexto, hacerse cargo de este asunto, no solo es aunar voluntades por una causa noble, sino de prevenir un problema futuro irremediable para el país.

Sin duda, valoro las iniciativas planteadas por la Presidenta en su cuenta pública para mejorar las jubilaciones, la creación de centros de atención de adultos mayores y las diversas políticas y programas impulsados por el gobierno en la materia. 

Valoro también, respecto al endeudamiento producto de los créditos que otorgan las Cajas de compensación, los compromisos adoptados por la ministra del Trabajo durante la sesión especial, en orden a dar solución al endeudamiento de los pensionados básico solidarios que hayan solicitado créditos sociales con anterioridad a julio de 2012.

Todos los esfuerzos legislativos y políticos son necesarios pero muchas veces insuficientes. Cuando los operadores del sistema financiero aprovechan  la desinformación de este grupo etario y de su necesidad económica,  no falla solo el Estado, sino la comunidad.

El oportunismo en la captación de adultos mayores para la contratación no sólo de estos créditos, sino de seguros, tarjetas, como también las repactaciones bajo condiciones informadas de manera deficiente, son pan de cada día.

Se trata de dificultades que no se resuelvan únicamente con mayor densidad regulatoria sino que por sobre todo, con un mayor compromiso ético en la comprensión de las diversas condiciones que hacen que nuestros mayores se encuentren en una situación más desventajosa, frente a quien contrata manifestando su voluntad con un grado de libertad e información ideal.

De ahí, que no resulte satisfactoria, las respuesta habitual de estas instituciones, “usted firmó, nadie lo obligó”. La voluntad debe expresarse de manera libre e informada. Dicha asimetría es uno de los problemas más complejos de combatir, y requiere un compromiso de todos los actores.

Asumiendo parte de este problema, solicité a través de un proyecto de acuerdo, una adecuada campaña comunicacional sobre las condiciones y beneficios que les corresponden a los adultos mayores en esta materia, como también el envío de un mensaje presidencial para mejorar la regulación existente.

Pero como ya he dicho, no es suficiente, debemos sentar bases para un nuevo y mejor trato a la tercera edad, y generar una institucionalidad que esté a la altura del desafío. Únicamente de esta manera podremos dar pasos consistentes y firmes que devuelvan a todos los adultos mayores sin excepción el lugar que por derecho les corresponde, en el centro de nuestra vida comunitaria, mucho más visibles, felices y protegidos.