Chile debe llamar a consulta al embajador en Israel

En marzo recién pasado, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet mediante su ministro de Relaciones Exteriores, llamó a consulta al embajador de nuestro país en Venezuela, sin confirmar una fecha de regreso a sus funciones al país bolivariano. Todo esto a raíz de la profunda crisis política que atraviesa el gobierno del Presidente Maduro, que en la imprecisa lectura de nuestro propio gobierno, implicaría un quiebre unilateral por parte del ejecutivo del orden democrático en ese país.

El pasado lunes, el gobierno de Benjamín Netanyahu prohibió la entrada a Israel a Anuar Majluf, ciudadano chileno y Presidente de la Federación Palestina de Chile, en un claro acto de hostilidad hacia quienes han manifestado solidaridad y colaboración con el pueblo palestino, cuyo territorio ha sido usurpado colonialmente por el Estado de Israel. La Presidenta, y su ministro Heraldo Muñoz, han guardado un silencio absoluto, tal como si dicho acto no constituyera un atentado contra la dignidad de un compatriota y no fuese un acto de discriminación ideológica, ante la legítima y necesaria disidencia respecto a los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra la población palestina.

Acá, el problema no es tanto legal como moral, ya que a pesar de que las leyes internas del Estado de Israel permiten impedir el paso por su territorio a quienes solidarizan con el Estado Palestino, libre, independiente y soberano, reconocido por Chile desde el 2011 con Sebastián Piñera, deuda indiscutible de la Concertación, esta prohibición atenta contra la libertad política de todos aquellos, dentro de los que me incluyo, que nos planteamos contra la política internacional israelita, no contra su pueblo, sino contra su gobierno, no contra la nación judía, sino contra las élites opresivas en el poder que desprecian la vida de niños, niñas, mujeres y ancianos de la nación palestina.  

Esta prohibición, que a todas luces atenta contra la libertad de las personas, también de los chilenos y chilenas, es francamente inaceptable y condenable. Sobre todo porque nuestro país, con mucho orgullo podemos decirlo, alberga a una de las comunidades palestinas más grandes del mundo.

Lo que cabría esperar de un Estado, que se dice defensor de los derechos humanos y de la democracia, como el chileno, es que ocupe todas las herramientas que la diplomacia y el derecho internacional le confieren para denunciar y oponerse a las leyes injustas, que institucionalizan el abuso y la opresión de una nación sobre otra.

La Presidenta Bachelet debería como mínimo, llamar a consulta al embajador chileno en Israel, sobre todo después de que en marzo de este mismo año, en paralelo a lo sucedido en Venezuela, la subsecretaria de la ONU y secretaria ejecutiva de la CESPAO señalara que: “Israel ha establecido un régimen de apartheid que somete al pueblo palestino en su conjunto” (Diario Universidad de Chile, 2017)[1]

El derecho, y también el derecho internacional, siempre es político. Y en este caso Chile ha preferido la vereda del imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo, que en sus actos niega el derecho que con su boca ensalza.

 [1] http://radio.uchile.cl/2017/03/17/sionismo-y-apartheid-dos-palabras-para-un-mismo-significado/

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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