Contumacia en Palacio Quemado

Una imagen de no creer, militares y agentes aduaneros bolivianos fueron detenidos por carabineros en territorio chileno, se investiga su participación en el robo de camiones, mientras permanecen detenidos.

Situación no sólo preocupante, sino insólita, considerando que el Gobierno paceño - lejos de mostrar diligencia en condenar lo que a todas luces es un delito de sus conciudadanos en territorio chileno - enaltece la acción del grupo que violenta nuestra frontera y además insulta a nuestras autoridades.  Actitud de Morales y su ministro de Defensa Nacional  justo en la víspera de otro hito en la demanda interpuesta por el gobierno  para lograr soberanía marítima.

Qué insensatez de parte de las autoridades bolivianas que vuelven a construir un hecho político desde lo que parece un show mediático, que ahora es policial, utilizando uniformados y civiles. Una estrategia en escalada.

Ahora buscan llevar el caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acusan secuestro e indican que es otra agresión de Chile, cuando lo único que está acreditado es que estas personas fueron detenidas en nuestro territorio ingresando de manera ilegal, agrediendo a chilenos para robar mercadería.

Ya estamos algo habituados a esta seguidilla de declaraciones pintorescas de nuestro vecino. Pero este caso tiene una particular complicación, ya que las consecuencias de las acciones de los agentes bolivianos son sancionadas en la ley chilena como delito. Esto ahora no sólo es un tema diplomático, sino que también judicial.

Es decir, si son encontrados culpables, estas personas no podrán abandonar Chile sin cumplir una condena mayor. Esto conlleva un aumento en la tensión diplomática con la Paz, pero lo que no puede ocurrir es que la insensatez incesante de Bolivia, nos lleve a incumplir lo que dice nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué podríamos hacer excepciones en el procesamiento penal de gente que cometió delitos tan graves al interior de nuestras fronteras?

Imposible. Primero, porque la ley lo impide, y segundo, porque la paciencia ya se agotó con Bolivia.

Ahora queda dejar que la justicia haga su trabajo sin presiones de ningún tipo. Es entendible que esto generará más roces con Evo Morales y que habrá nuevas declaraciones destempladas, pero la Fiscalía debe terminar su trabajo y los Tribunales deben fallar.

Solo luego que las instituciones hagan su tarea, podremos evaluar cómo se cumplen las eventuales condenas y si procede o no, tomar otras medidas como la expulsión. Por de pronto, hay que garantizar tranquilidad a las instituciones para que se realice un juicio imparcial, transparente y ajustado a derecho, pero sin que las declaraciones de dirigentes irresponsables del otro lado de la frontera, inhiban la labor de nuestro aparato judicial.

Lamentablemente Morales insiste en una estrategia que sobrepasa la demanda que interpuso para reivindicar su causa por mar boliviano. Y lo hace a un alto precio, avalando un hecho delictual en soberanía chilena, no conforme con ello,  pasa a llevar el  Estado de Derecho.

Es evidente su incongruencia, buscando conflicto con Chile para legitimar sus propósitos de seguir en el poder. Insisto, lamentable, porque no sólo daña la relación de dos pueblos y países vecinos, sino que daña y separa a la región y ese sueño bolivariano que pregona y del cual alimenta su propia causa a nivel internacional, lo que terminará aislando al pueblo boliviano y por muy poco a cambio.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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