Una distribución equilibrada del poder y de las responsabilidades entre mujeres y hombres, es una de las condiciones para lograr una sociedad igualitaria. Las leyes y decretos vigentes en diversas áreas sociales, son la base formal para la igualdad de género, por lo cual es necesario revisar y avanzar decididamente en una agenda legislativa coherente que se dirija a la paridad de género.
Se trata de que todos, independiente del sexo al que pertenezcan, tengan mejores y mayores posibilidades de formación y empleo, para que el crecimiento aumente, al igual que la equidad.
La política de paridad entre los sexos debe ser considerada, sobre todo, como una estrategia importante para lograr justicia, democracia e igualdad social. La división tradicional del trabajo, no sólo implica la existencia en el mercado laboral de unas condiciones injustas, sino también el hecho de que mujeres y hombres cumplan roles similares pero con una remuneración diferente por el hecho de ser de un sexo u otro, no midiendo competencias, lo que es absolutamente discriminatorio.
En la misma línea está la subvaloración de la responsabilidad práctica, que conlleva el trabajo no remunerado a realizar con los hijos y en el hogar. En la vida pública, el hombre lleva una ventaja, ya que desde siempre, está arraigado en el mundo laboral y por consiguiente al trabajo remunerado.
Lo que debe ser considerado como premisa para la participación activa de la mujer, es que puedan contar con una remuneración en el ámbito laboral, que esté de acuerdo a sus competencias técnicas, igualándolas con las de los hombres que cumplen igual cargo. Las políticas de educación, mercado de trabajo y políticas sociales, tienen que ser reformadas para facilitar la posibilidad de que la mujer asuma un trabajo remunerado en igualdad de condiciones con el hombre.
Se debe prestar atención a la presencia de la mujer en espacios en que se tomen decisiones importantes para la sociedad, en ese sentido el avance en la distribución paritaria de sexos entre los representantes de la política, es una condición para la igualdad.
Hombres y mujeres tienen mucho que ganar con esta paridad, se debe lograr un equilibrio en lo que se refiere a oportunidades, obligaciones y derechos en todos los campos de la vida para mujeres y hombres. La segregación del género sigue siendo sostenida, entre otras cosas por valoraciones conservadoras en cuanto a los roles establecidos en función del sexo y por ideas tradicionales sobre cómo mujeres y hombres están adaptados de forma distinta para tareas diferentes.
Se deben promover acciones y políticas para construir medidas para influir en las actitudes, campañas de información, difusión de conocimientos y creación de opinión para fomentar la igualdad.
La violencia contra la mujer es una expresión grave de la existencia del desequilibrio en la relación de poder entre la mujer y el hombre. En los últimos años se ha avanzado en legislación y programas sobre el acoso sexual en el mundo del trabajo, pero queda un abismo pendiente como lo ha planteado el mundo académico, ONGs y organizaciones ciudadanas.
Los malos tratos y los abusos sexuales contra la mujer son en gran parte una forma de ejercer poder, sin embargo lo más grave es que muchos delitos sexuales no llegan a ser denunciados. No obstante, esto ha venido cambiando en los últimos años, ya que se han producido un gran aumento de las denuncias, empero aún hay mucho trabajo por hacer, para educar a la sociedad, tanto a denunciar, como también a evitar las conductas violentas.
Chile deber actualizar la legislación referente a la violencia que se ejerce contra la mujer con urgencia y, en consecuencia, debe priorizar una política de igualdad de oportunidades como estrategia de igualdad social.
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