Aborto en tres causales, el derecho a decidir

El 17 de septiembre de 1991, a pocos meses de la vuelta a la democracia, junto a otros cuatro parlamentarios, ingresamos a tramitación la primera moción para reponer el aborto terapéutico, que existió en nuestro Código Sanitario por casi seis décadas y que fue eliminado en los últimos días de la dictadura.

Debieron transcurrir casi 26 años para que el Parlamento discutiera al respecto. Pese a un traspié en la Cámara de Diputados, el proyecto impulsado por la Presidenta Bachelet, que regula el aborto en tres causales está muy cerca de ser aprobado. La larga lucha por el derecho a decidir ha dado pasos históricos.

La discusión en el Senado fue muy intensa. En general, se aprecian dos visiones claramente opuestas. Una, prioriza la vida del que está por nacer. Concibe a la mujer como una espectadora pasiva, obligada a llevar el embarazo hasta el parto, sin importar el riesgo ni la afectación de derechos de que fue objeto.

Otras y otros, afirmamos que la mujer no es una mera portadora. Recalcamos que ella misma es un ser humano. Viva, libre y racional, sujeto de derechos y que es capaz, por tanto, de ponderar y evaluar qué hacer con este embarazo, de acuerdo a sus sentimientos y convicciones.

El proyecto no le impone a nadie la obligación de abortar. Sólo genera un derecho a decidir ante tres situaciones extremas. Primero, un embarazo que pone en riesgo la vida de la propia mujer. Segundo,  un feto que, según la evidencia científica, carece de viabilidad para vivir en forma independiente y, tercero, la situación terrible de un embrión que fue resultado de un delito tan atroz como la violación, donde la mujer nunca quiso concebir ese hijo.

Habrá mujeres que opten por seguir con la gestación. Una decisión valiente y valorable, pero en ningún caso exigible.

Otras, en cambio, elegirán interrumpir el embarazo. Una alternativa dolorosa y dramática, pero que atendidas las circunstancias, debemos - como sociedad - comprender y aceptar, en lugar de sancionar penalmente. 

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