El Estado debe intervenir Carabineros

La actual polémica que atraviesa Carabineros, a raíz de las sospechas fundadas de que se habrían adulterado e inventado las pruebas presentadas en la “Operación Huracán”, con el fin de perjudicar a comuneros mapuche, pone en evidencia una vez más la profunda crisis orgánica que atraviesa la institución, toda vez que la sumatoria de irregularidades son prueba contundente de que no se trata de hechos aislados y que han provocado que Carabineros quede inhabilitado para seguir en las investigaciones de la problemática mapuche en la recuperación de sus tierras.

Por lo anterior, es que creo importante ampliar el foco del análisis para poder pensar la situación de Carabineros en virtud de su diseño y función institucional, más allá de la extrema gravedad de los casos conocidos, para así poder entender porqué la solución a la crisis se debe encontrar en el re-diseño profundo de los cuerpos policiales desde la sociedad civil y no en un conjunto de fallidas auditorías como se ha hecho hasta el momento.

La operación Huracán, que mediante pruebas aparentemente falsas mantuvo injustamente detenidos a ocho comuneros mapuche ligados a la CAM (Coordinadora Arauco Malleco), es un escándalo de proporciones pero que está lejos de ser único en su tipo.

Se suman a este, entre otros, la investigación por fraude que tiene a 120 carabineros imputados por un monto que hasta el momento asciende a $26.700 millones, y a polémicas anteriores como el allanamiento a un jardín infantil en territorio mapuche, utilizando gases lacrimógenos contra “terroristas” de entre 3 y 6 años de edad, o las sistemáticas detenciones ilegales y uso excesivo de la fuerza que enfrentan los estudiantes en cada protesta, todas situaciones denunciadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Y es que resulta ser que la policía en Chile cumple dos funciones. La primera es la que agradecemos y aplaudimos todos: custodiar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, mediante la prevención y el combate del crimen.

La segunda es una función que no es evidente pero que toda la teoría política (seria) respalda, y es una función política de resguardo de los intereses de los sectores poderosos del país, que son los que en última instancia han generado el marco legal dentro del que opera Carabineros (el fundamental es la constitución dictatorial de 1980).

Solo así se explica que la policía uniformada actúe como guardia privada de las forestales en las regiones del Bío-Bío y la Araucanía, mientras las balas locas aterrorizan a los vecinos de La Legua.

La recurrencia de los casos de corrupción policial que han salido a la luz pública los últimos años demuestra que no son hechos aislados, sino que son parte del funcionamiento habitual de la institución.

No existen montajes contra los gerentes de La Polar o la CMPC, ni apremios ilegítimos contra los gerentes de las farmacias coludidas. Pareciera ser que la corrupción instalada es fruto de una íntima relación entre los cuerpos policiales y los sectores dominantes de nuestra sociedad y es por eso que las víctimas siempre son las mismas.

La crisis de Carabineros es una crisis estructural, de la institución en particular y de la República en su conjunto, que afecta injustamente a los miles de efectivos policiales honrados que no dudarían un segundo en dar su vida por la gente.

Es por ello, que la solución no estriba en la mera lógica del derecho penal de buscar las responsabilidades individuales - lo que sin duda debe hacerse -, pues la problemática no es de un conjunto de carabineros en particular, sino del cómo opera la institución en tanto institución, es decir cómo opera la policía de Carabineros como organización y en relación con el resto de las instituciones de la sociedad civil y del Estado.

La situación del cuerpo armado es de gravedad extrema, es por ello que el Estado debe intervenir la institución y si ello requiere Reforma Constitucional, hay que hacerlo.

Se darían de esta forma garantías de que dicha intervención no es ideológica, pues aquí no depende del Gobierno de turno, se necesita de cirugía mayor.

La solución a los problemas institucionales esta vez no pasa por la misma institución, pues no es un problema dentro de la institución sino de su relación con la sociedad y el Estado y tienen que ver con cómo Chile ha pensado a sus policías.

Es necesario un debate político y ciudadano amplio, pues en tanto persista la militarización de las fuerzas de orden civil, la centralización excesiva de las decisiones, una división de escalafones marcadamente clasista y una autonomía excesiva del control de la sociedad civil, los problemas persistirán.

Al mismo tiempo, creemos que se hace más necesario que nunca insistir en nuestro Proyecto de Ley que busca que sea el Congreso el que aprueba las nominaciones de los Altos Mandos de las FFAA y Carabineros, el que esperamos discutir en la sala durante la primera semana de marzo, pues de esta forma será la ciudadanía a través del Senado, la que pueda corroborar que los generales son aptos para sus cargos.

Finalmente, será papel de la fiscalía y del poder judicial determinar a los culpables del montaje de la “Operación Huracán” y del fraude financiero.

Será papel del próximo gobierno continuar una revisión profunda de la institución que debe partir por cierto antes que termine el actual, (ya que Michelle Bachelet debe gobernar hasta su último día), pero será el rol del Estado en su conjunto, con las mejores asesorías nacionales e internacionales, repensar el cómo y el para qué de Carabineros, pues una República democrática requiere que sus instituciones sean democráticas, también las policiales.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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