El gobierno necesita un rumbo claro

El primero que mencionó la posibilidad de cambios en el gabinete fue el senador socialista Fulvio Rossi:“Si Eyzaguirre sale, no habrá reforma educacional”, dijo en una reciente entrevista. Era un extraño modo de defender al ministro de Educación, pues en los hechos dejaba en evidencia su precaria posición.

Eyzaguirre ha cometido numerosos errores, pero en su favor hay que decir que el incidente provocado por la declaración sobre la eventual gratuidad de solo 4 años en la educación superior, reveló que su conciencia de economista no estaba dormida. Era un modo indirecto de reconocer la imposibilidad de dar gratuidad a todos los estudiantes. En realidad, no es posible ni siquiera si se destinan a ese fin todos los recursos de la reforma tributaria, lo que sería escandaloso pues hay otras necesidades.

La Presidenta zanjó la discusión así: “Habrá gratuidad para la educación superior de todas y todos”. O sea, universalidad. Ello significa que el Estado se compromete a financiar los estudios superiores incluso de quienes no lo necesitan. Curiosamente, el programa habla de asegurar gratuidad al 70% de los estudiantes de aquí a 2018.

Como se sabe, el ministro de Hacienda suscribió –autorizado por la Presidenta, naturalmente-, un acuerdo tributario con los partidos opositores. No sabemos cómo quedará el proyecto luego de la redacción de las indicaciones y el nuevo paso por la Cámara, pero es evidente que el acuerdo mejoró las cosas en cuanto al impacto de la reforma en el ahorro y la inversión.

No es baladí que se haya alzado de 20% a 27% el impuesto a las empresas y que se hayan creado mejores condiciones para aumentar la recaudación fiscal.

Sin embargo, el ministro Arenas sufrió una especie de “cuadrillazo” en la reunión del comité político del lunes 14 en La Moneda debido a que no informó a todos los partidos de la Nueva Mayoría sobre ese acuerdo, que firmó en nombre del gobierno por supuesto, no de los partidos. Luego de eso, los ministros de La Moneda salieron a explicar que no iba a volver “la democracia de los consensos”. Insólito. Parecía que la mayor preocupación era que nadie pensara que este gobierno iba a actuar con la misma disposición dialogante en las otras reformas. ¿Y todo eso para contentar a quiénes?

La Presidenta ha constituido comisiones asesoras y grupos de expertos de carácter pluralista para definir la posición del gobierno en áreas como descentralización y desarrollo regional, sistema de pensiones, reforma de Isapres, política sobre el litio, endeudamiento de los estudiantes, etc.

¿Qué es eso sino buscar amplios consensos para definir políticas públicas de ancha base?¿Para qué levantar entonces un discurso contra los consensos, en circunstancias de que el gobierno los necesitará para tener éxito?

Los problemas del gobierno se originan en la campaña electoral de 2013, cuando vio la luz un programa orientado a establecer una diferencia “paradigmática” con los gobiernos concertacionistas. Había llegado el momento de que la Nueva Mayoría convirtiera los sueños de la calle en objetivos de gobierno, como dice el PPD. Tal lectura era gratificante para el PC, que estuvo en la oposición a los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet, pero era poco estético que la hicieran suya los partidos que fundaron la Concertación y que tuvieron ministros, subsecretarios, intendentes, embajadores y miles de funcionarios en esos gobiernos.

El relato de campaña acentuó la idea de que el programa perseguía una especie de remodelación global de la sociedad.Pero una cosa son los diseños y otra la realidad. Las dificultades de hoy se derivan precisamente de la colisión producida entre el texto programático y el Chile real. De partida, la sociedad se ha vuelto más compleja, el poder se ha diversificado, nuevos sectores defienden celosamente su autonomía y la mayoría se opone a que el Estado haga y deshaga.

En los tres primeros meses, el gobierno pagó el Bono marzo y el Bono de Invierno a las familias más vulnerables. Como ningún gobierno puede estar entregando bonos permanentemente, no queda sino explicarle a la población lo que el gobierno puede y no puede hacer en estos años. El camino hacia el desarrollo exige un esfuerzo colectivo destinado a elevar la producción y la productividad de manera sostenida. Junto a las políticas de protección social, hay que alentar el esfuerzo de superación de cada familia.

¿Llegó el momento de cambiar ministros? Ello depende exclusivamente del criterio de la Presidenta. En todo caso, si el gabinete pierde autoridad, ella también será afectada. Se requieren ministros competentes, pero lo decisivo es definir una carta de navegación realista, con metas acotadas para los 4 años, cuyos propósitos no se presten a equívocos.

El gobierno será evaluado por sus obras, no por el porcentaje de cumplimiento del programa. Por lo tanto, tendrá que mostrar logros concretos en 2018. Y las obras dependen de que haya una atmósfera de confianza en el país, de que se potencien las capacidades de la economía, de que amplios sectores se sientan llamados a colaborar.

Para lograr eso, no puede haber contemporización alguna con el populismo. Las reformas deben concretarse en leyes bien hechas, y ello exige articular los cambios y la estabilidad.

Las rectificaciones dependen de la Presidenta Bachelet. Solo ella puede asegurar que su gobierno no abarque más de lo que puede apretar. Solo ella puede generar un clima nacional que favorezca la racionalidad política y el diálogo democrático.

¿Qué les pedimos a los gobernantes? Que actúen con visión de Estado, que escuchen a los ciudadanos, pero a la vez que no vacilen en tomar decisiones. Les pedimos que conduzcan los asuntos nacionales con buen criterio y que defiendan el interés colectivo en todo momento.