Preguntas a firmantes "De cara al futuro"

En otra columna que publiqué en este mismo espacio hace algún tiempo, planteé que las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales eran una ocasión más que propicia para debatir y plebiscitar entre los chilenos las diferentes propuestas y posiciones que hoy se discuten en relación a las características e implicancias de la democracia chilena, las que abarcan cuestiones políticas, socio-económicas, culturales y tecnológico- ambientales.

En este sentido y tal como ya ha sido señalado por diferentes personas, el documento De Cara al Futuro es, de suyo, algo positivo y un aporte en esa dirección.

Inicié la lectura de este texto con especial entusiasmo, en la esperanza que, por fin, iba a encontrarme con pronunciamientos sobre algunos temas que, sin ser rimbombantes ni pertenecientes a la “raza” de los equilibrios macroeconómicos, rentabilidad, productividad y otros semejantes, son muy concretos y específicos y según la forma en que ellos se aborden y definan, los convierte en condiciones absolutamente determinantes de las características y modelo que tendrá la sociedad chilena de las próximas décadas.

Por lo demás, se trata de temas y ámbitos que en su mayoría la propia ciudadanía ha reiteradamente señalado en las encuestas como los “más sentidos” y los más urgentes de cambiar en la perspectiva de tener efectivamente un país más justo y equitativo. Sin exagerar, son temas axiales para la inmensa mayoría de los chilenos.

A medida que avancé en la lectura y estando de acuerdo en la mayoría de los contenidos y afirmaciones que allí se formulan (y digo mayoría porque algunas no las comparto, por ejemplo, el sostener que en este país se da “un equilibrio dinámico entre Estado, mercado y sociedad civil”), me pareció que varios de los planteamientos se quedaban en un nivel demasiado descriptivo y sin pronunciarse claramente sobre dichos temas axiales.

Por cierto, esta no me parece que sea una exigencia que no corresponda hacer a la publicación, ya que ella misma asume la pretensión de abordar todos los temas, o al menos los más cruciales.

Para decirlo de manera más concreta, comparto plenamente el legítimo orgullo que el documento explicita a propósito de los logros y cambios que los gobiernos de la Concertación han llevado a cabo en el país.

Sin embargo, la realidad actual, el dramático desequilibrio en la ecuación crecimiento equidad y los signos de los tiempos, ameritan una cirugía mayor, esto es, un gobierno que efectiva y decididamente y en aras de la justicia social, implemente una transformación sustantiva en determinados ámbitos de la sociedad chilena, terminando en serio con los abusos de quienes todos sabemos quienes son y donde están. No podemos seguir administrando ciertas situaciones y hacer una gestión casi por inercia.

Dado que los ya mencionados temas axiales no se explicitan en el documento y/o se mimetizan en aseveraciones generales, me permito formular algunas preguntas a sus autores o “a quien corresponda”.

Obviamente, no se trata de esperar respuestas acerca de los detalles y/o procedimientos específicos que implica el enfrentar estas cuestiones, sino de un pronunciamiento inequívoco al respecto, de manera tal que las directrices y alcances de la propuesta de futuro que se propone a los lectores, quede del todo clara y exenta de cualquier sinuosidad.

Creo que, mínimamente, habría que responder lo siguiente:

¿Se va a definir un tratamiento y modus operandi radicalmente diferente a las AFP?

¿Van a haber propuestas concretas para robustecer el movimiento sindical, las negociaciones colectivas y el respeto a los derechos laborales?

¿Se está de acuerdo con establecer mecanismos legales que regulen estrictamente el funcionamiento del mercado y que el Estado asuma definitivamente un rol benefactor (acorde a la reciente definición e implicancias que Naciones Unidas ha dado a este concepto) y un rol activo en materia ambiental?

¿Se va revisar y modificar decisivamente el funcionamiento de las Isapres?

¿Se mantendrá la educación municipalizada?

¿Se va a definir un salario ético de un mínimo de $250.000, sin sucumbir una vez más al chantaje de los grandes empresarios?

¿Se va a revisar y detener el programa de privatizaciones en ámbitos y/o empresas que son esenciales para la vida de los chilenos?

¿Qué procedimientos jurídicos institucionales se van a proponer para asegurar el encauzamiento y acogida de las demandas de la sociedad civil y de los grupos más postergados (plebiscito, referéndums, presupuestos participativos, etc.)?